Petro, popular entre los delincuentes

Si bien el presidente de la República y su gobierno no atraviesan por los mejores momentos en materia de favorabilidad en el país, según los resultados de las encuestas acerca de su gestión, donde sí crece su fanaticada es en el mundo criminal.

¡Y cómo no!, si nunca antes habíamos tenido un gobierno tan preocupado por generar condiciones de impunidad y beneficios para todo tipo de delincuentes.

Sin duda alguna, vivimos en el mejor momento para ser delincuente en Colombia.

Es cierto que el presidente se eligió con las banderas de la ‘paz total’, donde indicaba buscar la forma para que los grupos armados dejaran las armas y se reintegraran a la sociedad. Pero también es cierto que negó durante su campaña dar beneficios a narcotraficantes.

El famoso escándalo del Pacto de la Picota fue desmentido categóricamente.

Nadie podría afirmar que el gobierno actual durante su campaña hizo acuerdos con narcos, exparas o miembros de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, para que, en el caso de ser electos, se les dieran las más generosas condiciones, buscando su desmovilización, excarcelación o dejar de ser perseguidos por la justicia.

Sin embargo, lo que sí podemos evidenciar es la obsesión de Gustavo Petro por lograr cómo beneficiar a quienes pertenecen al mundo criminal. Desde terroristas hasta narcotraficantes, desde exparas a parapolíticos, desde delincuentes, que asesinaron policías, quemaron CAI, vandalizaron el transporte público y la propiedad privada hasta las pandillas que delinquen en Buenaventura y Medellín.

Es evidente el esfuerzo constante del Gobierno por tratar de modificar nuestra legislación para favorecer a los criminales del Clan del Golfo, a los terroristas del ELN y disidencias de las Farc:

1. Acuerdos de cese al fuego para evitar su persecución.

2. Levantamiento de órdenes de captura, excarcelaciones y nombramientos como gestores de paz.

3. Pagar para dejar de asesinar.

4. Proyectos como el de “humanización”, para sacar delincuentes de las cárceles.

5. La fallida Ley de sometimiento a la justicia.

6. Y la nefasta ley de ‘paz total’ o mejor, impunidad total.

Cuánto habría anhelado Pablo Escobar o el extinto Cartel de Cali o del Norte del Valle tener este presidente, sin duda alguna habría sido popular también allí.

El abuso de la figura de gestor de paz, por parte del presidente, se ha constituido en un mecanismo de impunidad para que delincuentes salgan de sus celdas, no sean perseguidos por la fuerza pública y evadan la justicia. Casi un poder de indulto presidencial.

No importa que, gozando de estos beneficios, sigan asesinando, secuestrando, extorsionando y traqueteando, desplazando poblaciones o tomándose cascos urbanos en el Cauca y Norte de Santander o sigan atemorizando al norte de Antioquia o preparando atentados en Bogotá.

Mientras las disidencias asesinan policías, al presidente le preocupa que el lenguaje frente a estos terroristas no sea ofensivo. Mientras el ELN planea asesinar al fiscal general y a miembros de la oposición, al Gobierno la palabra de tan honestos personajes le basta para no brindar las garantías de seguridad y protección para quienes nos oponemos a su gobierno y la claudicación del estado de derecho.

Y como si esto no fuera suficiente, ahora el creativo presidente y su gobierno del cambio nos traen la ley de reconciliación, en donde caben todos los delincuentes y los narcos que no iban a beneficiarse de su gobierno. ¿ Pero cuál es la reconciliación? ¿El perdón a quienes han llenado nuestras calles de droga mientras se enriquecen a costillas de envenenar a nuestros jóvenes?

¿El perdón a quienes gozan de fiestas y lujos mientras asesinan policías y soldados, líderes sociales y funcionarios públicos? ¿Y es que el perdón significa que no paguen por sus crímenes?

Señor presidente, bien haría en dejar de justificar y beneficiar a los delincuentes, y preocuparse por la justicia para sus víctimas. Si bien mantiene y hasta aumenta su popularidad en ese mundo criminal, mucho daño le hace al país, que cada día ve cómo en el gobierno “del cambio” delinquir paga.

Los colombianos que somos buena papa y no somos un pueblo rencoroso, más bien muy generoso, no confundimos el perdón con la ausencia de consecuencia.

La reconciliación es sencilla, que paguen por sus delitos, y luego serán bienvenidos en la sociedad.

El resto solo es carreta para premiarlos por sus atrocidades. Como colombianos no lo podemos permitir. Marchando, protestando, recogiendo firmas, demandando ante las cortes y exigiendo al Congreso, vamos a evitar esta aprobación.

Colombia no puede pasar de ser un país que combate y extradita narcotraficantes, a una “república bananera” que los premia.

¡Presidente, ser popular entre los delincuentes no paga!