Petrocracia, agenda FMI-Biden con métodos de Trump

Carlos Restrepo Piedrahíta, al evaluar los desarrollos constitucionales de América Latina y Colombia, resalta el “influjo de la tradición monárquica” en las “comarcas iberoamericanas” y sobre “la mentalidad de los más sobresalientes líderes”. Pone de ejemplo la figura del presidente vitalicio implantada por Bolívar en la Constitución de Bolivia y agrega que en el siglo XX el intervencionismo de Estado reforzó al “presidente imperial” en lugar del “mandatario constitucional”.

La Constitución del 91 limitó los poderes, pero conservó el presidencialismo. El jefe del Estado incide en los nombramientos del fiscal y el procurador; define los periodos de excepción con tiempos fijos y detenta la potestad exclusiva en la iniciativa fiscal y en el manejo discrecional de las relaciones internacionales. Según Catherine Faivre (U. de Savoie, Francia), “se caracteriza por una hipertrofia de los poderes del presidente” en “un régimen especial con tentación del parlamentarismo”.

Esa mezcla permite inclinarse a un lado u otro de acuerdo con el talante del gobernante. El país vivió El embrujo autoritario de Álvaro Uribe, acotado por Carlos Gaviria, cuando “los gobernantes incurren en desafueros, en transgresiones claras al Estado de derecho y la gente no se da por enterada” (EFE, 23/3/07). A Santos lo sedujo la “tentación parlamentarista” y con el derrame de “mermelada” instauró con los “Ñoños” y otros combos similares las leyes de la paz y los TLC.

En seis meses de mandato, Petro notifica cómo operará. El 22 de enero, cuando la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) develó incumplimientos de promesas educativas de campaña, la descalificó por “el sector” político donde “se ubica” (22/01/23).

Convocó a sus seguidores para la misma fecha cuando se anunciaron marchas contra sus planes, los que son concordantes con los de Biden, como afirmó desde 2021 (El Tiempo, 21/1/21), supervisados por la Ocde, el FMI y el Banco Mundial –inclusive el de salud, trasmitido también a empresas de Estados Unidos en el plano de la Confianza Inversionista (@FernandezJuanOf 17/1/23) y consultado a embajadas extranjeras (@Minsalud, 21/1/23). Disputa las calles y esquilma el derecho constitucional a la protesta pública y pacífica, y de paso se presiona el “pupitrazo” en el Congreso para los proyectos oficiales.

Retomó las competencias delegadas a las comisiones reguladoras de servicios públicos. ¿Descartará la sobretasa del 3 por ciento a la generación de energía, que carga a los usuarios 823.000 millones de pesos desde 2023 a 2026, aprobada en la reforma tributaria? Se ignora si, según lo faculta la ley, acudirá a las regalías para financiar inversiones que alivien el oneroso régimen tarifario en el Caribe; si mantendrá las jugosas rentabilidades a las empresas, bajo el criterio de suficiencia financiera que conserva el decreto por el que reasume funciones, o si el alto Índice de Precios al Productor (IPP) será factor para ajustar los costos de la generación. La suerte de usuarios, tarifas y electrificadoras quedó a merced de su poderío.

Estimula el desprestigio a los medios de comunicación y el matoneo contra quienes discrepan. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que “cerca de 34 veces” se ha referido (y a veces zaherido) a “nueve medios de comunicación”, “ha replicado mensajes” “de forma desobligante o burlona” contra periodistas y “genera un ambiente negativo contra la libertad de expresión” (Vanguardia, 3/2/23).

Dentro de tan pugnaz estilo desacreditó la encuesta presencial de Invamer de evaluación del sistema de salud hecha a 2.704 personas de 104 municipios y financiada por la Andi, con el mañoso argumento de que dicha firma es de parientes de “quien inventó las EPS”, fallecido hace 20 años. La desechó en vez de extraer aspectos que le ayuden a mejorar sus propuestas o al menos a promover una deliberación civilizada.

El episodio del metro de Bogotá marcó una impronta de la Petrocracia. Haber amenazado con desfinanciar obras para la ciudad si no se implantaba el subterráneo, atropella la concurrencia democrática con los gobiernos territoriales. De remate, las facultades extraordinarias, pedidas al Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo para decretar sobre más de una decena de temas, fueron presentadas en forma tan general que motivaría abusos del presidencialismo.

Como cualquier Trump, este “presidente imperial” del que hablara Restrepo, coarta el debate mediante métodos arbitrarios; apela al reto plebiscitario de concitar el fervor público exclusivo de sus 11 millones de votantes; agrava la división social y trastoca la institución presidencial, que “simboliza la unidad nacional” y garantiza “derechos y libertades de todos”, según el artículo 188 de la Constitución, de 50 millones de colombianos.