Plan de Desarrollo 2023-2026: bajo crecimiento, poca equidad

Eduardo Sarmiento, tras décadas de trabajo teórico en la crítica al neoliberalismo, avanzando hacia modelos propios y en medio de las turbulencias de los últimos 15 años, llegó a una síntesis para el desarrollo de los países: crecimiento con equidad (2020).

Explica que el primero no se reparte automáticamente, como se predicó por años, pero también que si se relega y la política pública se centra solo en la distribución, si no se genera ahorro, las consecuencias son caóticas, como pasó en el vecindario. Con ese marco, a partir de las metas y estrategias propuestas, puede evaluarse el Plan de Desarrollo, “Colombia: potencia mundial de la vida”, del Gobierno Petro, elaborado bajo la batuta de Jorge Iván González.

Una premisa básica, expuesta por Sarmiento, es que el crecimiento de la economía está dado por el alza de la productividad más el aumento en el empleo. Como el Plan estima una elevación del PIB promedio para ese periodo de un lánguido 2,8 por ciento y una reducción insuficiente del desempleo del 2,2 –al pasar del 11 por ciento al 8,8–, la varita mágica es el alza de la productividad de los factores de producción (PTF), del 0,1 por ciento en 2023 al 0,6 en 2026. Un porcentaje muy superior al promedio de -0,3 de 2016 a 2019, antes de la pandemia, (Dane).

Proyección extraordinaria, pero es dudoso que se alcance sin antes haber cambiado la política de libre comercio, ni proteger los sectores industriales potenciales ganadores y sin subvencionar los costos laborales, tres requisitos indispensables, según Sarmiento, para fomentar el ahorro nacional y subir en la escala tecnológica (2012-2014).

¿Qué actividades empujarían tan excepcional remontada? ¿Se sacrifica el empleo masivo, mencionado 80 veces en el proyecto y que en países como Colombia es variable fundamental, por esa hipotética eficiencia productiva, en agro, industria y servicios o en la “economía popular”? ¿Con qué tasa de ahorro se obtendría la inversión proyectada del 24,6 por ciento del PIB? ¿A cuánto alcanzaría si, por ejemplo, entre 2014 y 2017 una inversión del 27 vino de ahorro interno del 17 por ciento del PIB? (Minhacienda, Betancur y otros, 2018 y Banco Mundial, DATA).

¿Son cuentas de la lechera las relativas a productividad e inversión, cuyas fuentes de ahorro no aparecen precisadas, excepto las públicas en las que el presupuesto general de la nación, en buena porción financiado con deuda, pone 1 de cada 2 pesos? Los objetivos sociales, aunque mejoran, no hacen cambio extraordinario, siguen el acumulado en el tiempo. El coeficiente de Gini bajaría del 0,523 de 2021 (último dato Dane) a 0,473 en 2026, lo que nos sacaría del vergonzoso séptimo puesto mundial en desigualdad a quedar entre los 20 peores, pero todavía más mal que Burkina Faso o Nicaragua.

La reducción de la población en pobreza monetaria sería de cerca de 6 puntos porcentuales, casi similar a la que hubo de 2012 a 2015. La pobreza multidimensional caería del 16 por ciento a entre 11,5 y 9, lo que a lo sumo igualaría la merma ocurrida entre 2012 y 2015. La incidencia de la pobreza extrema descenderá casi 7 puntos porcentuales, la padecería el 5 por ciento de los habitantes y sería la principal conquista. La explosión controlada del volcán social será restringida: “Algo es algo, peor es nada”, se dirá.

La primera apuesta del Plan es la reforma rural integral (RRI). Se pasará de 17.506 hectáreas entregadas por el Fondo de Tierras (nov. 2022) a 2.982.494 en 2026, unas incorporadas por los mecanismos del acuerdo de paz y otras compradas a latifundistas, para “mayor papel del gobierno… en el desarrollo rural” (FMI, 2023).

Se sintoniza con la propuesta académica de González, reiterada en varios de sus trabajos: la “convergencia regional” con el “mercado interno”, entendida como “obras de infraestructura vial, acueductos y modernización de escuelas” y energía. Asimismo, define la seguridad alimentaria, un apartado destacable del Plan, como “que el consumo básico de las grandes ciudades del país estuviera garantizado por las zonas rurales cercanas” (Acce, posconflicto, 2015).

La RRI, con sus aditamentos, se combina con el incremento del catastro multipropósito, que, de cubrir al 9,4 por ciento de los predios, llegaría al 70 de ellos. De ahí que los beneficiarios del programa agrario recibirán junto con la parcela la factura del impuesto predial, del que González cree que es bajo, especialmente el rural (Acce, 2015).

La producción agrícola estará sujeta a las normas de los TLC con la inicua competencia que conllevan, y la “reindustrialización”, orientada al mercado externo y para atraer capital extranjero, aumentaría las exportaciones a duras penas tanto como las importaciones: 5 por ciento anual. Todo confluirá en 2026 en bajo crecimiento y poca equidad.