¿Por qué matan a los líderes sociales?

Ni por líos de faldas, como lo insinuó alguna vez el ministro de Defensa, ni por haber votado por candidatos de izquierda en las últimas elecciones, como pretenden hacerlo ver algunos miembros de la nueva oposición en Colombia que, de manera oportunista, quieren politizar la violencia en el país.

A los líderes sociales los vienen matando desde hace tiempo, de manera cruda y silenciosa, por razones que tienen que ver menos con su ideología y más con la criminalidad organizada, que primero los amenaza y después los extermina si se atraviesan en su disputa por el control del negocio de las drogas o de la minería ilegal en algunas zonas en las que no existe ni Dios ni ley. No es una casualidad entonces que los mayores perpetradores de estos homicidios sean, según la Fiscalía General, miembros de grupos ilegales en sitios de alta influencia del narcotráfico.

De 88 casos cometidos entre 2016 y 2018, que el ente investigador dice tener esclarecidos ya, el 26 por ciento son perpetrados por particulares –asociados de manera ocasional con algunas estructuras– y otro 20 por ciento es ejecutado directamente por miembros de organizaciones criminales ‘tipo C’ (dedicadas al tráfico local de estupefacientes), el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.

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¡Ni “el ascenso del fascismo” ni el “regreso del paramilitarismo”!, como predican algunos en Twitter. Lo que se esconde detrás de la mayoría de estos horribles hechos es la cruenta lucha por los territorios en los que existen economías ilegales. Esa es la verdad.

A los miembros de las Juntas de Acción Comunal, indígenas, afrodescendientes, campesinos y líderes de restitución de tierras, los están matando porque defienden el agua, porque no están de acuerdo con los sembradíos ilegales, porque están participando de los planes de erradicación o porque simplemente no quieren que los niños y jóvenes de sus municipios y veredas terminen dedicados al delito como modo de vida.

Nadie les está preguntando si son de Duque o de Petro antes de dispararles porque lo que importa en realidad es que se han convertido en un estorbo para el avance de la criminalidad asociada al narcotráfico o al negocio del oro, especialmente en departamentos como el Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander.

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Por eso, la causa de la protección de estos ciudadanos debería ser de todos los colombianos sin distingo político alguno. No puede ser que los grupos de izquierda reclamen ser los portadores únicos de la bandera de los derechos humanos y acusen con insoportable superioridad moral a todos los que no militan en sus filas de ser cómplices desde ‘el establecimiento’ de estos crímenes. No puede ser que hablen de mafias locales alentadas por un presidente que ni siquiera se ha posesionado, en vez de rechazar con la misma vehemencia el hecho de que el ELN esté detrás de varios de estos casos según se ha podido documentar.

Es verdad que el nuevo gobierno –que está ubicado del otro lado del espectro ideológico– debe generar acciones concretas y enviar mensajes contundentes para demostrar que este es un tema que en serio le importa. Por eso, toma más relevancia que nunca la reunión que han solicitado para esta semana algunos miembros del equipo de empalme del presidente Duque como Camilo Gómez y Rafael Guarín con el vicepresidente Óscar Naranjo, el ministro del Interior y el ministro de Defensa.

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Lo cierto es que la institucionalidad debe cerrar filas para proteger a los líderes sociales y el nuevo gobierno debería apoyarse en los esfuerzos que han hecho la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que, aunque puede que no estén del todo de acuerdo con las cifras de los asesinatos en los últimos dos años, vienen haciendo lo suyo a pesar de las críticas muchas veces injustas de los colectivos sociales.

#NoNosMaten dicen en las redes sociales. No los dejen solos, les pedimos a los dirigentes de aquí y de allá.