Cinco razones éticas para oponerse a la consulta anticorrupción

Supongo que por esa circunstancia nuestra época no tendrá por apelativo un flamante bautizo de la historia, tal y como aconteció con el XVIII, denominado el ‘Siglo de las Luces‘, sino que podría estar destinada a ser bautizada con un epíteto que subrayará su condición de gestora mayor de este vástago que ahora se nos muestra indomable.

En el terreno doméstico se nos ofrece como receta para paliar este mal, la llamada consulta anticorrupción. Producto de esta convocatoria se abrirán atípicamente las urnas este domingo. El "canto de sirenas", es si se quiere, altamente sugestivo; extinguir la repudiable corrupción, de tajo, y con solo emitir un voto. Nada más loable que respaldar la lucha anticorrupción, no obstante, aclaremos que se nos ha convocado a la emboscada de una utopía.

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Sometida tal consulta a la hipótesis de poder utilizar aquí la tecnología mundialista del VAR, se pone en evidencia su inutilidad manifiesta, como ya muchas otras personas decentes lo han expuesto desde diversas orillas.

En primer lugar, la consulta anticorrupción es inane. Desde la perspectiva constitucional, sus resultados no son automáticos, toda vez que en caso de que la mentada consulta sobrepase el umbral de votos y que cada pregunta obtenga los favorables, estas solo se convertirán en leyes mediando la intervención del Congreso. Craso error el de los promotores de esa iniciativa que escogieron tal vía constitucional, y no la del referendo, cuya determinación hubiere resultado indefectiblemente obligatoria.

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La consulta anticorrupción es también innecesaria, ya que con abierta impericia de sus promotores, nos proponen aprobar asuntos que en su inmensa mayoría tienen reconocimiento legal. Hagamos un somero inventario. Utilizar pliegos tipo en licitaciones, que es la pregunta número tres de la consulta, es una obligación que tiene cobijo en la Ley 1882 de 2018. La aspiración de hacer obligatoria la declaración de bienes al ingreso y dejación de funciones públicas, identificada como la pregunta seis de la consulta, se encuentra prevista en la Ley 190 de 1995. Y un último ejemplo para no extendernos vanamente sobre este tópico. El propósito de la consulta de sancionar con terminación los contratos públicos de las personas que hayan incurrido en actos de corrupción, y que es la pregunta número dos, se encuentra consagrada en la Ley 1474 de 2011. Prácticamente el único aspecto de ella que no se encuentra en el ordenamiento legal, es el que persigue reducir los sueldos de los congresistas. No obstante, como bien lo han dicho académicos muy respetados, el mismo resulta inviable, ya que es la misma Constitución la que prevé que “la asignación salarial de los congresistas se reajustará cada año” y desafortunadamente vía consulta popular no se puede reformar un texto constitucional.

A pesar de vernos avocados ante una consulta no vinculante y repetitiva, su costo superará los trescientos mil millones de pesos. Esos recursos bien hubieran podido destinarse, en gracia de discusión, y para ser más efectiva la lucha contra el latrocinio, en la vinculación de nuevos fiscales o procuradores anticorrupción. Por ello, no dudamos en advertir que la consulta anticorrupción es abiertamente onerosa, y peor todavía, se encuentra a expensas de ocasionar un gigantesco despilfarro.

La consulta anticorrupción es además parcial. No se introducen instrumentos novedosos a los ya existentes para contrarrestar repudiables episodios como el del cartel de la toga o el del clan de los Nule, por citar dos lamentables episodios de gran recordación. Incluso bajo la presunción que los mandatos que contiene fueran consagrados a partir de su aprobación, también se dejaron inexplicablemente por fuera herramientas contra la corrupción privada.

Por último, la consulta anticorrupción es caudillista. Es un hecho notorio que bajo su convocatoria se pretende edificar una declarada aspiración electoral a la alcaldía de Bogotá. Eso explica que la promoción de esta consulta haya sido abiertamente unipersonal y presidida por una especie de "agente mesiánica" que juega a ser nuestra Evita Perón. No obstante se dirá por algunos que muchas veces la historia ha visto que detrás de una émula de Juana de Arco, en realidad se escondía una Juana la Loca.

(*) Columnista invitado

Escuche en los podcast de Semana a todos los congresistas que participaron en el reguetón de Daniel Samper contando su experiencia. Hablan Claudia López, Antanas Mockus, Luis Fernando Velasco, Jorge Robledo y Angélica Lozano con Cristina Castro y Rodrigo Urrego. 

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