Por qué será difícil detener la deforestación

En la reunión de Glasgow sobre el cambio climático (COP26), el presidente Duque prometió que a partir de 2030 no habrá más deforestación en la selva amazónica colombiana. Ya en 2014 el Gobierno de Juan Manuel Santos había prometido que en 2020 la deforestación se reduciría a la mitad. Cosa que no se cumplió: en 2020 se deforestaron 171.685 hectáreas, 25 por ciento más que en 2014 y 48 por ciento más que en 2013.

¿Por qué es tan difícil cumplir estas promesas que trascienden la orientación ideológica de los partidos y de los Gobiernos? En forma simple, porque el Gobierno queda siempre atrapado en una inconsistencia: ¿cómo negarles posibilidades de empleo y de desarrollo a los habitantes de las zonas deforestadas, a pesar de que ese ‘desarrollo’ es el aliciente para que haya más deforestación?

En los últimos meses, he escuchado a mucha gente relacionada con la Amazonia que cree que el problema se solucionaría si hubiera mejores oportunidades de aprovechar las tierras deforestadas, hoy dedicadas principalmente a la ganadería extensiva. Por ejemplo, se habla del cacao, del chontaduro, de ciertos tipos de caucho y de algunos otros productos que aprovechan mejor las tierras, protegen la biodiversidad y el medioambiente, y generan más empleo que una vaca por hectárea. Claro, para que estos productos tengan posibilidades rentables de producción y comercialización, tienen que construirse carreteras y tiene que haber poblamientos cercanos a los sitios de producción. Y esos poblamientos requieren escuelas, puestos de policía, electricidad y tantas cosas más… Tantas cosas más que son justamente las que valorizan las tierras deforestadas.

Una tierra en bosques y sin comunicaciones no vale prácticamente nada, sencillamente porque no tiene dueño que la cuide y haga valer los servicios ambientales que genera (que hasta ahora tienen muy poco mercado). Una vez se tumban y queman los árboles, la tierra empieza a ser ‘productiva’, sea con cultivos (incluyendo coca), sea con unas pocas vacas. Para el pequeño campesino o colonizador este es apenas un negocio de subsistencia, pero para el gran deforestador puede ser un gran negocio.

Todo es cuestión de tiempo y un poquito de maña para justificar la posesión pacífica y ‘productiva’ de la tierra hasta lograr el reconocimiento de ‘confianza legítima’ de las autoridades locales y, con otro poquito de maña, construir un récord de transacciones y, quizás, títulos de propiedad en toda regla. ¿Para qué? Para vender las tierras muy valorizadas a grandes inversionistas y compañías de producción y comercialización internacional de carne, aceite de palma, soya, madera de eucalipto y muchos otros productos.

Los grandes deforestadores requieren de grandes extensiones para que el negocio sea atractivo. Eso lo consiguen combinando las tierras que ellos mismos han ordenado deforestar con las tierras vecinas de colonos y pequeños deforestadores, que terminan convirtiéndose en trabajadores de los hatos ganaderos y, a la postre, de las producciones agroindustriales.

El negocio deforestador arranca siempre en forma ilegal porque las tierras pertenecen a la Nación o a las comunidades indígenas. En ocasiones, también es ilegal por la forma como se consigue demostrar la ‘confianza legítima’. Es un negocio riesgoso y de largo plazo, que no es atractivo para cualquier inversionista, pero muchas veces sí para los evasores de impuestos o lavadores de dineros de negocios ilícitos.

Es difícil frenar esta mecánica endemoniada de destrucción de los bosques. De poco sirve castigar a los pequeños colonos o deforestadores. Menos sirve aún la erradicación o la fumigación de la coca, que induce más deforestación. Y, sobre todo, es contraproducente buscar nuevas alternativas de producción. Habría que remunerar en forma atractiva el mantenimiento y protección del bosque natural. Habría que reubicar en otras zonas rurales o urbanas a quienes hayan migrado a tierras deforestadas recientemente. Habría que empoderar a las comunidades nativas y darles propiedad y medios de defensa para mantener y proteger el bosque. Habría que expropiar y devolver a esas comunidades las tierras deforestadas ilegalmente en los últimos 10 o 15 años. Habría que imponer controles e impuestos expropiatorios a las exportaciones de ganado y productos agrícolas de las tierras deforestadas. Habría que prohibir la venta de tierras deforestadas a las grandes transnacionales e inversionistas.

No es fácil conseguir apoyo político para este tipo de medidas. Solo podrá hacerlo un Gobierno comprometido con el medioambiente y con el bienestar de las futuras generaciones. De otra forma, continuará la deforestación y también las promesas de que será detenida, no ya en 2030, sino en 2040. (Por transparencia, debo decir que estoy asesorando una investigación del Growth Lab de Harvard sobre desarrollo sostenible de la Amazonia y que mis opiniones no comprometen a los demás miembros de ese equipo).