POT de Bogotá, ¿avance o retroceso?

El primero es el modelo de ocupación. Al respecto, la delimitación del perímetro urbano desconoce las sentencias del Consejo de Estado sobre la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. Treinta y seis (36) barrios legalizados e incorporados a suelo urbano en las últimas cinco décadas se proponen clasificar como suelo rural, decisión que afectaría la prestación de servicios públicos y las tipologías de la infraestructura urbana como las vías y transporte.

También se desconoce la sentencia sobre el Saneamiento del Río Bogotá al imponer un modelo de análisis y mitigación de riesgo predio por predio y no un único modelo para el río, como corresponde con su realidad hidráulica y ecosistémica. Por otra parte, no se tienen en cuenta las obras e inversiones ya ejecutadas para mitigar el riesgo de inundación, lo cual llevaría a que 450.000 familias verían afectadas la posibilidad de comercializar sus bienes inmuebles o de acceder a créditos.

Además, propone reducir el suelo urbano en un 21,6 %, lo cual impediría que 500.000 familias puedan vivir en Bogotá y se vean obligadas a buscar vivienda afuera. La migración aumentaría los tiempos de desplazamiento, afectaría la calidad del aire y desmejoraría la calidad de vida, sobre todo de los ciudadanos de menores ingresos.

Y el impacto más alto de ese modelo de ocupación sería el ambiental. Si se tiene en cuenta las tipologías históricas de ocupación del suelo de Bogotá y la sabana, la densidad de los desarrollos nuevos en los municipios es de alrededor de 25 habitantes por hectárea mientras que dentro del perímetro del Distrito Capital son algo más de 200. Se estaría decidiendo que, en vez de ocupar 7.000 hectáreas nuevas de suelo, se ocupen 52.000. Las 45.000 adicionales equivalen a una Bogotá y media.

El segundo gran tema es la gestión del suelo. Para ProBogotá Región existiría un desequilibrio entre el suelo de expansión y el suelo propuesto para el tratamiento de renovación urbana, lo que generaría que se habilite menos suelo del necesario respecto al crecimiento de la población estimado por el DANE para los 12 años de vigencia del POT. De 1′067.525 viviendas, solo propone habilitar 589.000.

El tercero es la movilidad sostenible. Para ProBogotá Región la movilidad es un factor determinante para el acceso a la educación, la salud y el empleo. Reiteramos la necesidad de respetar la planeación de largo plazo y conservar las reservas viales para la ALO Norte y la Avenida Ciudad de Cali en el tramo entre la calle 80 y el municipio de Chía. La primera, prevista para recorrer la ciudad de sur a norte por el occidente y permitir que los productores de alimentos y bienes al norte de Bogotá, accedan al mercado más grande del país.

Sobre la reducción de carriles de uso mixto en vías de gran afluencia, insistimos en que afectaría los servicios de seguridad, bomberos, ambulancias, logística o escolares, actividades que no se pueden realizar en bicicleta o caminando.

En materia de servicios públicos, como cuarto tema, la propuesta plantea que el uso de las canaletas subterráneas sea cobrado a las empresas prestadoras. Esta medida sería ilegal por consistir en un aumento en la tarifa que se cobra a los usuarios adoptada por el Concejo Distrital, que no está facultado por la Constitución para hacerlo.

Para mejorar la calidad y la cobertura del internet y la telefonía móvil, recomendamos eliminar las restricciones para la localización de antenas e incluir las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa dentro de las zonas priorizadas para el acceso.

Por último, respecto al empleo y la industria, adoptar una única dimensión de las manzanas crearía una inflexibilidad innecesaria que podría limitar el atractivo de Bogotá como sede, por ejemplo, de la industria de la tecnología o la audiovisual.

El plan de ordenamiento territorial es el instrumento para promover el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, hacer efectivos los derechos constitucionales al transporte, a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público; una oportunidad para avanzar.