Potencia mundial de la vida, para los toros

Álvaro Uribe y Gustavo Petro son feroces adversarios, pero comparten la adoración por los bovinos. El primero como hacendado; el segundo, como enemigo de la tauromaquia. Con la ley que prohíbe las corridas de toros, Petro se anota uno de los grandes triunfos de su carrera política, luego de haber clausurado la plaza La Santamaría como alcalde de Bogotá.

Petro cumplió su promesa electoral. Colombia es potencia mundial de la vida, para los toros.

Mientras protege un hato de cuadrúpedos, el presidente se empeña en poner en riesgo la vida de millones de cristianos con sus caóticas e improvisadas decisiones sobre el sistema de salud. Lo sucedido el 28 de mayo de 2024 marca un hito. EPS Sura, entidad muy apreciada por sus usuarios, anunció que quiere retirarse del negocio. La realidad es inocultable. El Gobierno quebró la EPS al no girarle lo que necesita. Es una política deliberada: estrangular las finanzas de las EPS. Petro no quiere participación del capital privado en la salud. Muchas veces lo ha dicho: la salud no es un negocio.

Era de esperarse que los administradores de Sura tuvieran que tomar una decisión definitiva porque no podían seguir acumulando pérdidas y, además, porque no se vislumbraba solución alguna. La reforma a la salud no fue aprobada en el Senado, pero de haberse aprobado, las EPS desaparecían y se convertían en gestoras de salud y tendrían que asumir responsabilidades por las cuales recibirían una remuneración irrisoria que de nuevo las llevaría a un resultado económico altamente negativo.

Por más fortaleza institucional y buena voluntad que pudieran tener los directivos de EPS Sura para sostener el servicio a sus afiliados, lo cierto es que los resultados económicos son apremiantes. Como las EPS forman parte de una cadena, la estrechez de liquidez se traduce en retrasos en los pagos a sus proveedores y prestadores, y estos terminan contagiados con la misma enfermedad y no pueden pagar oportunamente a los médicos y especialistas. El caso de EPS Sura es idéntico al de cualquier EPS, intervenida o no, de manera que esta situación de iliquidez generalizada se convirtió en una pandemia económica que afectará el servicio a los pacientes y a mediano y largo plazo implica un deterioro de la salud pública, área en la cual Colombia había alcanzado grandes avances.

El Gobierno predica la prevención para disminuir la incidencia de las enfermedades y el costo en salud, pero ocurrirá todo lo contrario. Aumentará el costo en salud para el Estado y también aumentará el gasto de bolsillo. Cuando un paciente no encuentra un adecuado servicio en el sistema de salud, recurre a la medicina privada pagando de su propio bolsillo. No muchos colombianos podrán hacerlo porque no muchos, además de cotizar al sistema, tienen capacidad para pagar una medicina privada. Basta saber que los afiliados a las empresas de medicina prepagada no pasan de 1.500.000 personas y que quienes tienen un plan complementario en una EPS no superan los 900.000 individuos.

Las pérdidas por la transición a la medicina estatal que promueve Petro no las asume el Gobierno. Vamos a tener clínicas y otras IPS privadas en la quiebra, si es que ya no lo están, y profesionales de la salud que perderán sus ingresos. Un ejemplo: Famisanar fue intervenida por este Gobierno. Sigue operando y está tratando de cumplir con los pagos a proveedores y prestadores, pero como lo reconoció públicamente la actual interventora, no hay dinero para pagar las deudas anteriores a la intervención, que suman aproximadamente 1,2 billones de pesos. Se puede apostar que el Gobierno no le va a girar esa suma a Famisanar intervenida para que pague la deuda. Otro ejemplo: una vez intervenida la Nueva EPS fue nombrado interventor Aldo Cadena. El Gobierno insiste en que la UPC, el dinero del cual viven las EPS, es suficiente y que las EPS se estaban enriqueciendo. No pasaron tres meses y el doctor Cadena públicamente afirmó que había que revisar la UPC porque era insuficiente. Dos semanas después lo retiraron del cargo.

Las EPS no pueden cumplir con sus obligaciones si el Estado no les paga. Dice el Gobierno que son recursos públicos. No es así. En EPS como Sura son dineros que pagan los particulares afiliados, no es una dádiva oficial.