Potencia mundial en infamia

El capricho de la “paz total” es un fiasco y la negociación con el ELN es una payasada. En otra de las clásicas “engatusadas”, Gustavo Petro prometió en campaña que, luego de tres meses de su posesión como presidente, lograría un acuerdo con este grupo ilegal.

Luego de un año y dos meses, y como se ha vuelto costumbre con el Gobierno del “cambio”, los colombianos siguen esperando, mientras contemplan con alarma, y hasta resignación, hechos comoel secuestro, cometido por ese grupo, de los padres del querido futbolista Lucho Díaz, en el departamento de La Guajira. A la mamá la liberaron y al papá del astro se lo habrían llevado para la narcodictadura de Nicolás Maduro. Mientras se escribe esta columna, se especula sobre un show que estarían montando entre los Gobiernos de Petro y de Maduro para la liberación del secuestrado. No sería raro. En este momento, el narco dictador necesita desviar la atención de la afrenta en contra de las elecciones libres en su país, luego de prohibir que María Corina Machado le quite, vía elecciones libres y con oposición, la presidencia.

Esta semana, Petro hizo malabares para sacudirse de la derrota de las elecciones regionales. Las razones por las que sus candidatos fueron rechazados en las urnas sobrepasan la realidad alterna en la que habita el mandatario. Los colombianos no creen en la peligrosa apuesta de la “paz total”, al menos en los términos en que la plantea el Gobierno de la “potencia mundial de vida”. Es que mientras el ELN secuestró al papá de Lucho Díaz en medio de un supuesto cese al fuego, el Gobierno alistaba el decreto por medio del cual establece el procedimiento para suspender las órdenes de captura y las nuevas órdenes de extradición de los miembros del ELN. ¿Y la Constitución y la ley? Pues arrastradas y humilladas ante la mirada impune de los delincuentes que amenazan la estabilidad, la seguridad y la permanencia del Estado de derecho.

Solo por citar un ejemplo, el secuestro, uno de los delitos de lesa humanidad que más les duelen a los colombianos, pasó de 142 casos, entre enero y septiembre de 2022, a 241 en el mismo periodo de 2023. Una evidencia más de que la alcahuetería de Petro con los delincuentes, terroristas y narcos ha convertido algunas zonas del país en un imperio de crimen, inseguridad y violencia. Petro se rehúsa a usar los instrumentos de la ley y el Estado para perseguir y capturar delincuentes. ¿Está su lealtad por la obsoleta “lucha armada” por encima de la defensa de la Constitución que juró defender?

Decían que Colombia con Petro no sería una Venezuela, pero el avance del Gobierno del “cambio” evidencia lo contrario. Venezuela se convirtió en el refugio de los terroristas de las Farc, el ELN, el Hezbolá y cuanto hampón hay en el continente. Pues Petro, con sus políticas, le sigue el camino a la narcodictadura del acabado hermano país.

Este Gobierno ha hecho todo lo posible por sacar de la cárcel a los peores delincuentes con tal de ejecutar su venganza en contra de la institucionalidad. Mancuso, el sangriento paramilitar, hace fila para ser “gestor de paz”, al lado de alias Gafas, el carcelero de Ingrid Betancourt y tantos otros secuestrados por las Farc. ¿Cómo explicarles a los colombianos que trabajan, estudian, pagan impuestos y cumplen la ley estos desmedidos y hasta injustos beneplácitos con los autores de los peores crímenes contra la sociedad?

La paz no es impunidad. La paz no es alcahuetería con los delincuentes. La paz no es perdón sin reparación y mucho menos con repetición. ¿Cuántas veces hay que perdonar, por ejemplo, a Iván Márquez, quien fue jefe de negociación de las Farc y después abandonó el proceso para volver a delinquir? ¿Cómo quedarán la institucionalidad y el respeto por la ley y las instituciones del Estado luego de este exabrupto?

Las voces que piden que el Gobierno se levante de la mesa de negociación y retome la confrontación militar con el ELN obviamente no serán escuchadas. De hecho, la rendición del Estado colombiano y del Estado social de derecho ya es una realidad. El Ejército ha sido desmantelado; los soldados, maniatados y la inteligencia fue entregada a los exterroristas del M-19.

El Gobierno de Petro le ha dado garantías al ELN para que la negociación se lleve a cabo. Decir lo contrario sería necio, pero es evidente que a ese grupo guerrillero no le interesa la paz, ni dejar de delinquir porque sabe que este es un Gobierno flojo y débil, más aún después de las elecciones y por eso seguirán haciendo lo que les dé la gana. Y lo peor de todo es que, como muchos colombianos, el ELN también perdió el respeto por el presidente Gustavo Petro. Y mientras tanto, esa “Colombia profunda” que el “cambio” tanto quería transformar, se ahoga en la sangre de los líderes sociales, ambientales y ciudadanos que todos los días mueren con el cómplice silencio de todos los “progres” que creyeron la falsa promesa de una “potencia mundial de vida”.