Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

¿Cuál es el truco? Amasar recursos pero no ejecutar, y mezclar sin recato el gasto con la liquidez cedida por el Banrepública a la banca para mentir con la supuesta inversión del 11 por ciento del PIB en la pandemia. La meta fue promover otra reforma tributaria, fundada en una comisión extranjera creada con la Ocde, que escarba en la canasta familiar las pérdidas al fisco por las exclusiones en el IVA (El Tiempo, 13/4/20).

A febrero de 2021, los soportes extras en programas sociales e Ingreso Solidario, para 7,3 millones de hogares beneficiados y durante 270 días, totalizan 8,68 billones de pesos, equivalentes a 1,2 millones de pesos por hogar, míseros 4.500 pesos al día. El programa de auxilio a empresas, Paef, ha conferido en nueve meses magros 4,8 millones de pesos mensuales en promedio a 150.000 de ellas, que son el 10 por ciento del empresariado nacional, y, de 5,8 billones de pesos repartidos, las grandes acaparan 30 por ciento. El respaldo a la salud suma 6,1 billones de pesos, así: giro a las IPS por cartera, pasivos públicos, disponibilidad de ucis, créditos Findeter y bonificaciones, 1,7 billones de pesos; vacunas y su aplicación, 3,1 billones de pesos; y traspasos de 1,3 billones de pesos a las EPS por no POS y pandemia. El total general ejecutado en todos los apoyos, con dificultad, supera 20 billones de pesos.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.