OPINIÓN
En sus justas proporciones
Hace días venía dando vueltas en mi cabeza una cifra que hizo carrera en las pasadas elecciones: 50 billones de pesos; el estimado de lo que le cuesta cada año la corrupción estatal a Colombia.
Me parecía una cuenta desmedida, dadas las dimensiones del Estado colombiano y los presupuestos públicos, y que merecía un análisis más profundo. Esta semana, vagando por Twitter, me topé con una columna de Isaac Katz, en el diario El Economista de México, titulada ‘500.000 millones’, tratando precisamente el mismo tema, en clave mexicana. Me sorprendió la coincidencia de la coyuntura (México elige el presidente el 1 de julio) y hasta de las cifras.
El título de Katz se refiere al valor en pesos mexicanos que, según Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato que lidera las encuestas, se ahorraría cada año ese país si erradicara la corrupción en el gobierno federal. Como soporte a su cifra, AMLO cita un estudio (inexistente, dice Katz) del Banco Mundial. Katz hace un análisis de los diversos tipos de corrupción que operan en México, señalando que en muchos casos esta, aún en el ámbito público, se da por fuera de las cuentas del Estado y no afecta sus presupuestos. Como ejemplo cita las “mordidas” para evitar una multa o para acceder a un servicio público o los pagos de un empresario a un funcionario para obtener alguna licencia.
AMLO no diferencia entre los costos más amplios de la corrupción pública para la sociedad y lo que efectivamente se sustrae del presupuesto nacional, que es lo que promete recuperar “para financiar sus diferentes políticas de gasto sin necesidad de aumentar impuestos o incurrir en endeudamiento”. En opinión de Katz, las cuentas de AMLO no cierran: “Para este año se estima que el sector público federal ejercerá un gasto neto total de aproximadamente 5,3 billones de pesos, de los cuales 3 billones son sueldos y pensiones, 800.000 millones de participaciones federales, 700.000 de servicio de la deuda y 720.000 inversión pública y adquisiciones. ¿En serio 10 % del presupuesto involucra corrupción?”.
Pero los 500.000 millones de pesos mexicanos que según AMLO se “roban los políticos” cada año en México, son una bicoca, en términos relativos, frente a la cifra que repetimos en Colombia. En dólares representan 25.000 millones, un 9 % del presupuesto federal mexicano y un 2 % del PIB de ese país. En cambio, nuestros $50 billones son 16.750 millones de dólares, que en una economía que es algo más de la cuarta parte de la mexicana representan 5 % del PIB y 21 % del presupuesto nacional. ¿En serio?
En 2018, los $236 billones del Presupuesto General de la Nación incorporan $39 para gastos de personal ($31; un 50 % para pagar a soldados y policías) y generales, $108 en transferencias ($41 para pensiones, $37 de participaciones a las entidades territoriales para educación y salud, $14 al sistema de salud y $5,4 a universidades públicas), $48 para servicio de la deuda y $40 para inversión. Los presupuestos propios de departamentos y municipios (que excluyen las participaciones) son escasamente el 5 % del nacional. En el contexto de estas cifras, no resiste ningún análisis hablar de que se ‘extraen’ $50 billones de estos presupuestos al año (más que todo el servicio de la deuda nacional, 25 % más que toda la inversión del gobierno central y de su gasto en pensiones, 50 % más que las participaciones a gobernaciones y alcaldías—que son la gran mayoría de sus presupuestos, 60 % más de lo que vale toda la nómina del Estado central, etc.)
Lo preocupante es que en México las cifras alegres las profiere, en campaña, el candidato de la oposición, mientras que aquí emanan de los entes de control, dando pie para que varios candidatos las usaran en las elecciones pasadas y para que los medios las repliquen como si fueran “palabra de Dios”. Pensaría que, ni siquiera en un sentido amplio e incluyendo corrupción privada, esta le cueste a Colombia $50 billones al año, pero es evidente que esta cifra rebasa por mucho a la que “se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, regionales y municipales”. Exagerar de tal manera este flagelo solo puede ser contraproducente, minando aún más la confianza en las instituciones y atizando la desesperanza. Para atacar eficazmente la corrupción es necesario conocerla, clasificarla y medirla debidamente; valorarla en sus justas proporciones, diría Turbay.
