Prensa libre bajo ataque

La era de las comunicaciones y las redes sociales ha facilitado el acceso universal, inmediato y amplio a la información. Los medios de comunicación y periodistas se han adaptado a esta realidad y, dentro de su experticia, logran tamizar a través de la imparcialidad y la objetividad que la información que llegue a la comunidad en general sea veraz. Lo anterior, sin perjuicio que aún con estos filtros, la ciudadanía se ve expuesta a caer en redes de desinformación o, pero aún, en las cada vez más frecuentes fake news. No obstante, este fenómeno global no puede validar el descrédito a las informaciones, opiniones y denuncias que se realizan, más aún cuando estos ataques provienen de las esferas más altas del poder público.

Es importante precisar que la Corte Constitucional ha considerado a la libertad de expresión como un pilar del Estado social de derecho y un principio fundamental de los regímenes democráticos, en que se respeta la dignidad humana y se valora la participación de la ciudadanía y de todos los sectores. Lo anterior permite, a su juicio, la consolidación de sociedades pluralistas y deliberativas.

En los últimos días, hemos sido testigos de ataques sistemáticos a la prensa libre en Colombia. Estos han sido personalizados en periodistas y en medios de comunicación. El denominador común de los ataques es quién y por qué los hace. El quién está resuelto en la medida que ha sido público el enfrentamiento del primer mandatario de la nación con periodistas y medios de comunicación, lo que en algún momento era esperable dado que ha sido frecuente la narrativa y la consigna de que el entonces candidato presidencial y hoy presidente siempre se mostró como “víctima” de una estrategia propagandista en su contra por razón de sus ideales y convicciones. Separando el hecho que lo anterior no deja de ser una lamentable y penosa estrategia de victimización, no es lo más llamativo. Lo que concita la atención es precisamente las razones que han motivado el enfrentamiento del gobierno con la prensa.

Desde el inicio del gobierno, se han reportado grandes y vergonzantes escándalos y denuncias en las que fueron justamente los periodistas y la prensa quienes los han divulgado ante la opinión pública. En este punto, cabe indicar que el gobierno ha sido, por mucho, “amplio e igualitario” para dirigir sus ataques, ha bastado que se haga una denuncia en contra de algún funcionario del ejecutivo para que el comunicador o periodista sea atacado inmisericordemente, aún siendo este último afecto a su causa, o peor aún, a quien o quienes en otrora se autodenominaran “petristas”. Frente a este escenario también resulta importante aclarar que, si bien la libertad de prensa, opinión e información son derechos, estos no son absolutos. La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido limitaciones a este derecho a partir de la carga de veracidad que debe tener la información y en los derechos a la intimidad, la honra, el buen nombre y la imagen de aquellas personas que puedan verse afectadas con la divulgación de la información.

Con independencia de lo anterior, los ataques a la prensa de parte del presidente Petro no cesan y dejan entrever que esta garantía constitucional y convencional no es respetada, incluso la misma Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha sido blanco de los ataques del presidente acusándola de tener agenda política propia.

Los señalamientos incluso han trascendido a que el mandatario ha acusado a la prensa como la responsable del cuadro clínico presentado por la directora del Dapre el fin de semana anterior. El escenario se dio en un contexto en que la Flip ha denunciado 105 amenazas a la libertad de prensa en lo que va de 2024; asimismo, ha reportado 24 casos de acosos judiciales, 36 estigmatizaciones y dos asesinatos a periodistas. Incluso la garantía de libertad de prensa ha sido objeto de pronunciamiento de la CIDH, que se mostró preocupada por la posición del presidente frente a la prensa colombiana e indicó que es deber de los estados asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública e instó a prevenir todo tipo de discurso violento contra la prensa.

La prensa libre afronta un ambiente hostil. Informar y denunciar actos de corrupción de los más altos círculos de poder es un riesgo latente, riesgo que se materializa en estigmatización y descrédito por parte de las más altas instancias de poder. La comunidad internacional ya está informada, la institucionalidad judicial debe rodear y garantizar la protección a los periodistas y los medios de comunicación e información. La Presidencia esta llamada a respetar el ejercicio de la prensa libre y permitir el escrutinio de las actividades públicas del gobierno y de las actividades de sus funcionarios que trasciendan a la esfera del interés público.