Presidente en funciones o candidato incipiente

No transcurre aún la mitad del cuestionado gobierno del “cambio” cuando ya se gesta, y además anuncia en un tono por demás desafiante, la reelección del proyecto político que llevó al presidente Gustavo Petro al sillón presidencial. Además de preocupante, resulta sumamente confuso para la opinión pública en general que desde la posición de primer mandatario se cuestione y coloque en tela de juicio el sistema democrático que, paradójicamente, lo llevó al poder.

Ante la inminente y abierta promesa de postulación a una reelección presidencial o de la postulación para una reelección de su visión y proyecto político, resulta a todas luces cuestionable y evidente cómo se utiliza la ordenación del gasto, la disposición y apropiación presupuestal, la adopción de decisiones transcendentes de este país, tales como las concesiones en el uso de la fuerza frente a grupos ilegales, conversaciones de ‘paz’, reformas a los sistemas de salud, pensión y régimen laboral, entre otras, con el fin de negociar o, más bien, presionar a la opinión pública hacia una inexistente necesidad de continuar con un proyecto político que –a la fecha– no solo ha sido infructuoso, sino torpe e inoperante. No es aceptable que se quiera destruir la democracia y las instituciones democráticas desde la participación indebida en política del presidente.

Como si lo anterior no fuera de por sí cuestionable, se suman ingredientes peligrosos de un coctel que promete llevar al país a sus máximos niveles de violencia política, intolerancia, segregación, polarización y debacle económica y social. La estrategia es clara y se ha venido construyendo sistemáticamente. En principio corresponde atacar la institucionalidad de las ramas del poder público en tanto no sirvan a sus intereses; principia estos ejemplos con el Congreso de la República, que todo acto de independencia que proclame inmediatamente es visto y catalogado como “enemigo del cambio” por el presidente de la República, a quien pareciera no importarle la opinión y discusión del máximo órgano de representación democrática de nuestro país.

Continuando su embestida, el presidente enfila baterías contra la organización y sistema electoral colombiano, acusando a priori de no ser garante de unas elecciones democráticas y justas. Recordemos que este mismo sistema permitió y garantizó la elección de Gustavo Petro como presidente, por lo que resulta por lo menos incomprensible que hoy, por alguna desconocida y no muy bien intencionada razón y a su criterio, la Registraduría, el CNE y el sistema electoral no ofrecen garantías de cara a los comicios presidenciales de 2026.

Ahora bien, si cuestionar al sistema electoral no es suficiente, a la Rama Judicial también se le reserva su porción de cuestionamientos y presiones indebidas. Especialmente la Corte Suprema de Justicia, que ha sido blanco de todo tipo y fuente de presiones y ataques a su gestión como elector del jefe/a de la Fiscalía General de la Nación; por lo menos en ese rubro ya puede descansar el alto tribunal al elegir desde el pasado martes a la Dra. Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación. Misma sistematicidad es evidente cuando se cuestionan de parte del Gobierno las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que le realizan control constitucional al mismo Gobierno.

Los órganos de control tampoco están exentos de la estrategia, por el lado de la Procuraduría General de la Nación la confrontación es permanente y busca acabar con dicha institución y sus atribuciones disciplinarias casi como un “punto de honor” en la agenda de desarticulación institucional, lo anterior en medio de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno y que comprometen los fines esenciales del Estado en la atención de la población vulnerable, como el caso de los carrotanques en La Guajira colombiana.

Sin ser el último de los eventos, fuimos testigos del desmedido ataque del presidente el pasado lunes a los medios de comunicación Caracol y RCN, y en general a todo medio de difusión que no sea dependiente o adepto a la causa del Gobierno nacional. Lo mostrado es una prueba más del talante dictatorial del presidente, quien responsabilizó a los medios de “embrutecer” a Colombia.

La gravedad de la acusación y de las actuaciones del mandatario estriba precisamente en la narrativa que se pretende construir en torno a la ficción del enemigo interno, en este caso poderes públicos, órganos de control e independientes, la prensa y la oposición; lo anterior, en un esfuerzo inane para esconder su propia negligencia e ineptitud.

Los anteriores son el abecé de un régimen dictatorial, en que el discurso de odio hacia las instituciones del Estado y la prensa anuncian la necesidad que sí, y solo sí, el presidente Petro pueda ser quien guíe los destinos y tome las decisiones de una forma unilateral y antidemocrática en este país. La amenaza contra el Estado social y democrático de derecho no puede estar más advertida con esta estrategia develada y ratificada desde ya, por el mismo mandatario.

Como sociedad civil y como responsables del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos, debemos rescatar la consigna del artículo 95 numeral 5 de nuestra Constitución Política, en el sentido de ´Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país´. La ciudadanía no puede seguir a espaldas de una realidad tan peligrosa e inminente contra nuestra democracia. Es momento de dotar al ciudadano de verdad, de aquella verdad que emana directamente de nuestra Constitución; hacernos responsables por el viraje necesario que este sistema debe emprender y hacerles frente a tan inmisericordes ataques que se ciernen sobre nuestro país y su institucionalidad.

El presidente de la República tratará con todo el poder que reviste su investidura de aferrarse al puesto presidencial; directa o indirectamente, sabe y conoce que el 63 % del país desaprueba su gestión. Para el 25,8 % de las personas encuestadas, la gestión del gobierno de Petro ha sido ‘Mala’, mientras que un 34,5 % la calificó como ‘Pésima’. Respecto al factor seguridad, el mandatario colombiano recibió una desaprobación de 71,2 %, mientras que en educación, materia en la que mejor le fue, tuvo un 51,5 % de aprobación. Estos datos le atormentan, el temor le inunda y la sombra de la ilegitimidad democrática cada vez se acrecienta más y le persigue a donde va.

Señor presidente, Colombia exige respeto. Los colombianos exigimos y merecemos respeto. Reclamamos idoneidad de nuestros gobernantes, pedimos que se cumpla el mandato constitucional a cargo de usted, de representar la unidad nacional, que se proteja la autonomía e independencia de los poderes públicos y los órganos del Estado y la prensa libre. No más injerencias, participación y presiones políticas indebidas de parte del Gobierno nacional. Los colombianos merecemos vivir en libertad.