Presidente, no solo las EPS, es el aseguramiento

Corría el año de 1989, recién egresado de la escuela de salud pública, asumí mi primer trabajo como coordinador de la regional 3 del servicio de salud de Bogotá. Tuve la fortuna tener como compañero de trabajo y de gestión a Jaime Garzón, a la sazón alcalde de Sumapaz. Plenos de entusiasmo, montamos un programa de atención primaria, llevamos equipos de médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos a una zona donde las cicatrices aún abiertas de nuestra absurda guerra, no nos había dejado más que una estela de viudas, niños desnutridos, viejos hipertensos y abandonados.

Invertí mis siguientes cinco años dirigiendo un programa de atención primaria en la cada vez más populosa localidad de Bosa. Con equipos de trabajadores de la salud e ingenieros apoyamos miles de familias desplazadas, llegadas a la ciudad huyendo de la guerra y buscando alguna oportunidad en la vida. Bosa resumía el mundo de la injusticia social. Familias engañadas por los urbanizadores piratas, condiciones deplorables de saneamiento. Aún recuerdo ese hediondo sopor que en las noches combinaba los olores del contaminado río, con los insoportables efluvios de los mataderos de caballos.

También Sumapaz y Bosa viví mi mayor frustración profesional. Todos los días el dolor ajeno tocaba mi humanidad. Atendíamos personas con diagnóstico de cáncer, señoras úlceras crónicas por pie diabético. Niños con enfermedades congénitas que consumidos por su enfermedad palidecían por esperando una remisión para una cirugía de corazón. Para los casos urgentes contábamos con una consola de radio que nos comunicaba con el precario hospital de Bosa. Para los casos no urgentes la espera era insoportable. Los pacientes tenían que esperar hasta que se les autorizara una remisión que duraba semanas, meses, o más frecuentemente nunca llegaba o llegaba tarde.

Ese escenario lo cambió una única estrategia: El aseguramiento en salud de la población colombiana. Gracias al aseguramiento hemos podido incluir en tratamiento continuo monitoreado más de tres millones de diabéticos, un número mayor de hipertensos, más de ciento veinte mil colombianos con VIH, un número incontable de pacientes con enfermedades huérfanas, más de 130,000 personas que son diagnosticados con cáncer cada año; cerca de 300,000 colombianos a lo largo de un año se encuentran en alguna etapa de tratamiento. Tenemos en Colombia 880,000 personas con enfermedad renal crónica, 25,000 en hemodiálisis. Cada año 5,000 nuevos pacientes entran a terapia de reemplazo renal. Son millones los colombianos cuya vida depende del aseguramiento.

La función principal de un asegurador en salud no es la intermediación financiera, de hecho en Colombia el giro directo desde ADRES les ha quitado mucho de esa función. El asegurador –llámese EPS en Colombia, aseguradores estatutarios en Holanda o Alemania- tiene como función principal gestionar el riesgo de las personas. Las EPS reciben en promedio $100,000 al mes -1.2 millones de pesos al año- para responder por la salud de cada colombiano.

En Colombia el costo del tratamiento de un paciente con cáncer puede costar entre $30 y $300 millones, el tratamiento ambulatorio anual de un paciente con VIH cuesta en promedio $9,6 millones, el costo del paquete de hemodiálisis es $30 millones al año por paciente, un trasplante de hígado más de $60 millones. En Colombia hay pacientes con enfermedades huérfanas cuyo costo puede superar los $1,000 millones al año.

¿Cómo logra la EPS cubrir el costo de esos tratamientos?: 1. Utilizando en los casos costosos el dinero de aquellos que no consumen servicios, 2. Definiendo y contratando actividades que previenen la incidencia de enfermedades, 3. Montando programas que mantengan las condiciones de salud de los pacientes crónicos, 4. Haciendo negociaciones de precios y mecanismos de pago con los hospitales y la industria farmacéutica que permitan controlar los costos de los servicios y medicamentos.

Dirán que la función de las EPS de gestionar el riesgo y la enfermedad la podrían realizar la ADRES o los entes territoriales. Eso en Colombia no es posible, simplemente porque no tienen capacidad técnica, ni cuentan con los sistemas de información para hacerlo, sin la mínima curva de aprendizaje. Más de 20 años y muchos millones de pesos invertimos en el actual sistema de salud para llegar a estas capacidades. El escenario de suprimir el aseguramiento individual es simplemente el de conducir el sistema de salud al colapso y condenar a la discapacidad y la muerte a millones de colombianos.

El presidente, de una manera muy pragmática, en este accidentado proceso, ha aceptado mantener a las EPS. No solo necesitamos que las EPS sobrevivan, es que sobreviva el aseguramiento individual. Presidente, el aseguramiento es compatible con la atención primaria. También es compatible con la gestión territorial del sistema, siempre que no se generen monopolios dentro de los territorios. El monopolio en salud –público o privado- es comprobadamente ineficiente y conduce al racionamiento de servicios. Es la razón por la cual la tasa de mortalidad por COVID en Perú fue más del doble de la que tuvimos en Colombia.

En Colombia ningún proyecto político podría sobrevivir un colapso del sistema de salud. Los colombianos hemos recorrido dos décadas para configurar el derecho a la salud. Nos hemos acostumbrado a un sistema garantista con uno de los más bajos gasto de bolsillo en el mundo. Mantener el aseguramiento individual es la única forma de mantener un gasto fiscalmente tolerable en salud.

Presidente, tiene esa responsabilidad histórica.