Presupuesto irreal

Cuando se obra bajo la errática concepción técnica sobre las finanzas y recursos públicos; cuando se ha demostrado absoluta ineficiencia en la generación de valor y riquezas; cuando contrario a la búsqueda del bienestar general, se promueven iniciativas que buscan atizar las diferencias sociales; cuando se quiere con ánimo revanchista, quitarle a quienes producen para darle a quienes se encuentran cautivos mental y financieramente; las consecuencias a este tipo de fórmulas más temprano que tarde te persiguen con resultados desastrosos. Gobernar con torpeza y fuera de todo marco de experticia y rigor técnico empiezan a sugerir en nuestro contexto económico graves afectaciones a la economía de la Nación.

El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno nacional es el esperado resultado de muchas variables con un elemento común. La política económica y fiscal de nuestro país, a la fecha, no tiene una ruta clara, un camino que transitar y mucho menos un resultado que mostrar.

La ciudadanía en general somos víctimas de una enorme ignominia de parte del Gobierno con el manejo del dinero público. Pasamos de las notables falencias del recaudo, planificación y ejecución presupuestal a una nueva reforma tributaria y una propuesta de presupuesto que no está garantizada, ni acorde a las expectativas fiscales del país. Lo más increíble de este escenario es que existen, a juicio del Gobierno, muchos “culpables” que no son precisamente los que están en la alta esfera gubernamental.

Por un lado, acusan a la Corte Constitucional de declarar inexequibles varias normas de la ley de financiamiento que —valga mencionar— fueron construidas a pulso de demagogia y como resultado de una manifiesta incompatibilidad de nuestro texto constitucional. Otro de los factores a los que apunta el gobierno es que las finanzas se ven afectadas al impedir el proyecto que permitía agilizar los pleitos de la Dian y también se le impidió darle viabilidad a iniciativa que buscaba propiciar los adelantos de la retención en la fuente.

La “excusas” expuestas no son otra cosa que la absoluta incapacidad de gobernar eficientemente. Los niveles de déficit y el hueco fiscal auspiciado por el actual Gobierno solo son comparables con una crisis como la generada por la pandemia. Ahora bien, si a ello le sumamos la reiterativa política del subsidio, torpemente diseñada y desorganizada e inoportunamente ejecutada, estamos en un escenario crítico que avizora para finales del mes de octubre que el Gobierno decrete el presupuesto 2025 por una cifra de 523 billones de pesos.

Lo anterior no será otra cosa que una imaginaria e irrealizable proposición, lo que implicará que el presupuesto deberá ajustarse, bien aplazándolo o recortándolo. Lo anterior sería un récord vergonzoso de este gobierno, donde ha tenido que recurrir a esta excepcionalidad por segundo año consecutivo, producto de una incorrecta planificación del recaudo e inversión del presupuesto público.

No podemos echar en desmérito que dada la coyuntura económica que atraviesa el país y las “apuestas” del gobierno en el decreto presupuestal, esta tenga como finalidad generar las condiciones para una contienda electoral que a costa de subsidios engañosos, ayudas humanitarias insostenibles, discursos separatistas, y un derroche presupuestal desbordado, busquen mantener a como de lugar el poder.

Atrás quedaron las nobles intenciones del presidente Petro de promover la prosperidad general, ayudar al pueblo y generar un cambio positivo. Ya el gobierno sabe que fracasó y conoce que el pueblo así lo entiende, por ello, el Ejecutivo no quiere, ni pretende hacer nada para reversar esta situación. No obstante, pretende conservar los privilegios que la posición gubernamental otorga, para ello se destinan 12 billones que no es otra cosa sino el anticipo para mantener las condiciones de ruina que nos vendieron como cambio desde el 2026 y por cuatro años más.

No lo permitiremos. La sociedad colombiana está presta a dar el debate democrático desde la institucionalidad, con el respeto a la separación de poderes, al Estado de derecho, a la autonomía de la justicia, al respeto al sistema electoral y a la libertad de escoger una opción que permita salir del entuerto en que nos han sumido desde hace 26 meses.

La estrategia está clara, ya se hicieron elegir con desbordantes sumas de dinero en la campaña violando los topes, situación que corrobora el pliego de cargo del CNE, la pregunta es: ¿qué no harán con la “gruesa” chequera estatal por 12 billones de pesos y con un ejército de primeras líneas? Debemos estar atentos y listos para defender nuestra democracia desde las urnas, desde las propuestas y desde la generación de opciones que promuevan el respeto a las libertades democráticas consagradas en nuestro texto superior de cara al 2026.