Prioridad en temas electorales parte 2: inseguridad

La fragilidad en materia de seguridad tiene muchas facetas. Nos enfrentamos a la inseguridad ciudadana, alimentaria, social, vial, laboral y hasta a la misma informática. Solo por mencionar algunas de las más frecuentes tipologías a la que la ciudadanía colombiana se enfrenta casi que todos los días. En sus hogares, en sus lugares de trabajo, en instituciones académicas, en los trayectos de un lado a otro; no hay un lugar exento en el que la inseguridad brille por su ausencia.

No se salva absolutamente nadie. Todas las personas se han sentido abatidas con la cantidad de noticias tan aberrantes que abundan por todos los medios.

Una mujer embarazada cuyo hijo es robado de su vientre, un menor de edad frente a su colegio abatido de repente, masacres en decenas de puntos del país y toda una ola de crímenes violentos. Pero por otro lado, está lo que no se lee, sino lo que se vive: siniestros viales, robos violentos, “raponeos”, diversos acosos en los medios de transporte, apartamenteros, violencia doméstica.

Según la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, realizada por el Dane, las ciudades capitales con mayor percepción de inseguridad vienen siendo Bogotá (77,8 %), Cúcuta (73,5 %), Cartagena (72,2 %), Pasto (71,6 %) y Cali (68,4 %). Pero pasemos a cifras más tangibles que se pueden tomar fácilmente de los reportes de la Policía Nacional de este año.

Según este, el hurto aumentó casi 18 % en comparación al año pasado, lo que podría representar unos 800 hurtos aproximados por día a lo largo y ancho del país (únicamente los reportados); en más o menos dos, de cada diez robos, se utiliza algún arma de intimidación, bien sea de fuego o cortopunzante. Los días en que más se roba suelen ser los viernes y sábados, y el 80 % de estos tienen a una motocicleta como medio de escape.

Pero el problema tiene varias aristas. Si bien la inseguridad ciudadana ha tratado de combatirse con medidas como el aumento de fuerza policial en diferentes puntos estratégicos o algunas muy criticadas como la prohibición del parrillero, todo parece ser insuficiente. Aunque solamente es una parte del problema de la inseguridad.

Por ejemplo, no se sabe mucho de cuáles han sido las medidas tomadas para afrontar el dilema de la muerte de líderes sociales, de líderes de la comunidad, familias rurales y relacionados. La inseguridad que se vive en áreas alejadas de los cascos urbanos es indescriptible, dado que se enfrentan a las más duras y complicadas formas de la violencia, homicidios, desplazamientos y constantes amenazas que ponen en riesgo no solo sus propias vidas, sino a toda una comunidad. Al momento, 2021 ha sido el año más violento de la década en este tema.

Podría casi afirmarse que las áreas rurales nunca se han podido dar un respiro ni de la violencia, ni de la inseguridad. Tanto control que parece haber en las ciudades y ni siquiera en los cascos urbanos más poblados puede hablarse de un ambiente seguro. Plantearles un panorama de bienestar a todos los habitantes del campo será crucial para preservar una calidad de vida a estas personas, estimular el turismo a zonas de difícil acceso, permitir mayor conectividad de índole nacional, en fin.

Propuestas enfocadas a ello también podrán dar vía libre a una seguridad alimentaria sostenida en departamentos en donde, actualmente, la hambruna golpea fuerte. Hace exactamente un año se registraba que casi tres, de cada diez colombianos, consumían menos de tres comidas al día, y únicamente hemos de imaginarnos la indisponibilidad de suficientes alimentos a ciertas regiones como para suponer la mala nutrición a la que se exponen estas personas. Y con aumentarles la falta de agua potable se tiene un panorama verdaderamente desolador y olvidado (o mencionado superficialmente) por varios candidatos.

Por otro lado, aunque ya se trató el tema del desempleo como una de las primeras prioridades, son muchas las personas que se han quejado de que la pandemia ha servido para que muchas compañías se aprovechen del uso de contratos por obra o labor. Por su parte, esta crisis también ha servido para propagar, aún más, la informalidad laboral a la que tienen que exponerse millones de colombianos para tener algún mínimo e inestable sustento diario. Así, la inseguridad laboral también resalta de las preocupaciones latentes de la ciudadanía.

La inseguridad es un mal de muchas caras. El problema es que no se le presta atención por igual desde todos sus frentes. Para nadie es un secreto que los colombianos, en general, han aumentado su pesimismo y se tiene una percepción sumamente baja en cuanto a seguridad.

No sentirse a salvo en ningún lugar y bajo muchos criterios, como los anteriores, es una sensación que debe mermarse bajo propuestas verdaderamente sólidas que impliquen, por ejemplo, mejores funciones judiciales y medidas punitivas que permitan evadir los procesos culminados por vencimientos de términos o un mejor procesamiento en diversos casos de flagrancia delictiva por delitos que van en aumento, afectando directamente a la ciudadanía y que no se tramitan con la debida diligencia.

Hay mucho por hacer, candidatos, y cuándo vamos a mirar qué planes tienen en la materia. Esto también brilla, por temas superficiales y no profundos y que planteen soluciones de raíz, ¿qué hacemos?