Ambientalizar el Plan (1ª parte)

Se demostró que la gente está exhausta de dictámenes de la politiquería y que el voto de opinión está en vertiginoso ascenso. Buen presagio para las votaciones del 2019.

Esta fenomenal expresión ciudadana debería reflejarse en la planeación participativa ordenada por la Constitución y la Ley 152 de 1994 para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022. El reto es modernizar los métodos de inclusión social, sobre todo en las regiones más apartadas y más afectadas por conflictos socioambientales y por proyectos extractivos y de infraestructura (fracking, carbón, petróleo, represas hidroeléctricas, entre otros) que amenazan la salud pública, la convivencia y la preservación de ecosistemas.

Circulan en redes innumerables peticiones de organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, las cuales constituyen aportes ciudadanos que el Estado debe tener en consideración para Ambientalizar el Plan. Las comunicaciones entre grupos e individuos son sin duda una fuerza planetaria que expresa la necesidad de cambios en el modelo de desarrollo extractivista y consumidor extremo de combustibles fósiles. Hoy, la gente clama por un modelo más respetuoso con la sostenibilidad y con compromisos internacionales que ratificó Colombia en materia de descarbonización de la economía y transición energética.  

El proceso de elaboración del PND del nuevo gobierno ya tiene un calendario establecido por el Departamento Nacional de Planeación para que cada ministerio haga sus aportes a las Bases del Plan y luego sea revisado y consultado por los sectores representados en el Consejo Nacional de Planeación. En reciente reunión de un grupo de ambientalistas con el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y la viceministra, Maria Claudia García, se adelantaron prioridades ambientales y sectoriales, nacionales y territoriales, iniciando un ejercicio de participación bajo los principios de prevención, precaución y subsidiariedad, como lo estipula la Constitución y la Ley 99 del 93.  

Esta ocasión lanzó un esfuerzo de colaboración para la Ambientalización del Plan, la cual deberá ser transversal y sistémica, implicando una enorme tarea de pedagogía desde Minambiente hacia los ministerios de Defensa, Salud, Comercio e Industria, Minas y Energía, Agricultura/ Pesca, Transporte, Educación, Cultura, para mencionar los más estratégicos, que de una u otra forma impactan ecosistemas y vida de poblaciones rurales y urbanas.

Transversalizar el ambiente en el Plan es un esfuerzo complejo y audaz, exige diálogos y acciones concertadas para la sostenibilidad territorial y sin duda demanda una ambiciosa campaña de pedagogía ambiental, para lo cual Minambiente tiene hoy muy pocos recursos propios. Es ahí donde entramos 

La tarea para movimientos de jóvenes por el cambio climático, defensores de derechos humanos, gremios de pescadores, barequeros y campesinos, animalistas, representantes de pueblos indígenas, de afros, de víctimas del conflicto, de guardianes de territorios con derechos bioculturales como la Amazonia y el río Atrato, es enorme.

La participación, derecho fundamental, permite incorporar prioridades regionales al Plan de Desarrollo. Es cierto que el proceso exige rigor y metodologías que permitan ser escuchados, armonizar insumos, sistematizarlos y confiar en que los ministerios y representantes del Consejo Nacional de Planeación sean dedicados y eficientes para recopilar, organizar, resumir y presentar los aportes, en el calendario estipulado por el DNP. Cada consejero del consejo Nacional de Planeación deberá velar por que las prioridades expresadas en su “sector” sean  incorporadas al texto del Plan, que se convertirá en ley cuando pase por las discusiones en el Congreso. Más vale tener buenos aliados en las comisiones que lo debatirán para asegurar que serán incluidas.

En la primera reunión, una de muchas que se espera realizarán con otros grupos de ciudadanía en el Ministerio de Ambiente, un grupo de ambientalistas expuso prioridades, de distinto orden y de interés público. Algunas sugerencias podrán acometerse sin recursos externos, contando con la voluntad política.

Menciono solo algunas pues la lista es extensa e irá por partes:

• Apoyo al Proyecto de Ley 071 de 2018 que busca prohibir la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales en Colombia, por iniciativa de más de 100 organizaciones sociales que conforman la Alianza Colombia Libre de Fracking. El proyecto está a consideración de la Comisión Quinta del Senado. Muchas organizaciones solicitan, conforme al principio de precaución, como mínimo, una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas pues no existe el “fracking responsable”.

Esto debería permitir avanzar en la transición hacia energías limpias y reducir la dependencia del modelo extractivista. En América Latina hay lugares “donde se han vivenciado experiencias de fracking y se han generado problemas e impactos en el recurso hídrico, aumento de la sismicidad, contaminación de la atmósfera, conflictos sociales e impactos en la salud pública” comentan expertos reunidos en una Jornada internacional “Territorios frente al Fracking” en Bogotá, Boyacá y en el Magdalena Medio. El país no está preparado para enfrentar riesgos con esas tecnologías. 

• En un país con dos mares, urge ser enfáticos en la conservación del territorio marino, ante la existencia de residuos plásticos que están afectando la pesca artesanal, la calidad de vida de pescadores y la fauna dulce acuícola y marina. Es urgente legislar, monitorear y fortalecer sanciones a productores y consumidores de objetos plásticos y vertimientos que se arrojan, desde lugares distantes, a las aguas contaminando manglares, playas, islas y humedales de deltas marinos. La basura plástica afecta islas y bahías del Caribe y Chocó Biogeográfico.
• La isla de Gorgona, joya de biodiversidad, se enfrenta al proyecto de una base militar. Sería muy inconveniente para la protección del paso de ballenas y de la biodiversidad marina y un grupo de científicos recomienda no realizarla con suficiente argumentación biológica.

• #Salvemos Varadero es una red  que reúne ambientalistas y científicos que están clamando por salvar el último arrecife coralino ‘heroico‘ que ha resistido a la contaminación de la bahía de Cartagena. Piden intervención del Estado para enfrentar la sobrepesca, la contaminación marina y evitar el dragado que acabaría con este ecosistema coralino. El éxito comercial del puerto busca darle paso a grandes barcos por el canal, destruyendo el arrecife. Argumentos del Invemar justifican frenar este proyecto ante la ANLA y en Invias. Otras bahías caribeñas, Cispatá y  Bahía Málaga, bajo la lupa de convertirse en puertos comerciales, mantiene a los pescadores en la incertidumbre y son una afrenta a la biodiversidad de estas áreas marinas, con bosques de manglar en buen estado de conservación, gracias a las comunidades, a pesar de la presencia de grupos armados y mafias.

• #AmeLaMacarena es una red de habitantes de la región, académicos y comunicadores del Meta, Caquetá y Guaviare, que viene denunciando  incendios forestales provocados para acaparar tierras y expansión de la frontera agropecuaria, en complicidad con notarios y miembros del Ejército. Allí se facilitan escrituras de predios, silencio para proteger promotores de la deforestación, cultivos de uso ilicito y desplazamiento de comunidades ancestrales. En este frente, Minambiente haría una buena alianza con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional para compartir recursos para la paz y la educación ambiental en territorios amazónicos afectados por grupos armados y narcotraficantes.

• Movimientos ciudadanos promotores de consultas populares y de consultas previas en municipios rurales amenazados por minería y extracción petrolera: jóvenes asumiendo su derecho por un ambiente sano y por el principio de precaución solicitan mantener las consultas. Son miles de ciudadanos que claman por este derecho a la protección del territorio y la autonomía municipal. La lista de municipios con procesos de Consultas Populares es extensa y esperan que el Estado proteja su derecho al agua, a suelos sin contaminación, a mantener una vida digna e independiente de las presiones de empresas extractivas.    

• El fortalecimiento de autoridades ambientales CAR implica el desmonte de un sistema de politiquería regional que carcome a las entidades encargadas de proteger los recursos naturales. Un primer paso significativo sería reglamentar las juntas directivas, tarea de la competencia del Ministerio de Ambiente, y designar representantes idóneos del presidente en las mismas juntas. Intervenir la dinámica de ciertas CAR puede iniciarse en breve y marcará la diferencia. Es un clamor ante la corrupción local.

• La restauración y manejo de las áreas protegidas son otra prioridad manifiesta, que incluye el diálogo con habitantes de los Parques Nacionales. En el posconflicto, se requieren políticas para estimular opciones de ingreso como el ecoturismo y la formación de jóvenes emprendedores del campo, evitando que migren a las ciudades o se incorporen a grupos fuera de la ley.

• La responsabilidad compartida entre distintos sectores es necesaria para asumir la recuperación de ecosistemas estratégicos; Ciénaga Grande de Santa Marta,  el complejo de ciénagas de la Mojana y la vida de pescadores artesanales, oficio en vía de extinción. Pescadores y barequeros del río Cauca, afectados por la represa de Hidroituango, están en un futuro incierto, viviendo en condiciones de “refugiados no oficiales” en Valdivia y en los bordes de las vías, bajo el control de EPM.

• Ante la vulnerabilidad climática, los riesgos asociados a cambios del clima, los efectos del crecimiento expansivo de las ciudades, la pérdida de biodiversidad urbana, la problemática ambiental constituye una prioridad trans-sectorial y de coordinación entre niveles territoriales. La ciudadanía exige mayor acción para la transición energética. Grupos y organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y sectores de negocios, expresan a través de sus gremios, la necesidad de revisar el modelo de urbanización y del ordenamiento territorial a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas del Acuerdo de París sobre el clima. Ambientalizar el Plan implica incorporar reglamentaciones urbanísticas para  limitar el crecimiento urbano, respetar la Estructura Ecológica Principal incentivar el aprovechamiento del agua lluvia, estimular la prevención de riesgos y el diseño de códigos de construcción sostenible, adaptados a los distintos climas de la geografía nacional.  

• Las asociaciones de municipios y departamentos llaman la atención sobre el impacto que las ciudades ejercen sobre las regiones de influencia. Las áreas protegidas de donde se extraen los servicios ambientales que alimentan la ciudad, requieren un manejo equilibrado. Las relaciones urbano-regionales deberán ser parte de las políticas de pagos por servicios ambientales.   El sistema de ciudades y centros urbanos de la Amazonia, la Orinoquia, la región Caribe, la zona Andina y región del Pacífico ameritan análisis desde la región misma. Las consideraciones de poblamiento y migración en las zonas de frontera, impactadas por conflictos de países vecinos, son temas que también deben ser incorporados en la Ambientalización del Plan de Desarrollo.

Estas prioridades ambientales, entre muchas otras, resumen algunas manifestaciones ciudadanas que solicitan ser tenidas en cuenta en las Bases del Plan. Diariamente, pobladores e individuos se expresan en redes sociales y en medios de comunicación para ser escuchados. Comunidades solicitan protección de sus líderes ambientales que están bajo amenazas de muerte. Ambientalizar el Plan implica también proteger vidas para evitar más asesinatos selectivos provocados por defender la sostenibilidad de los territorios.

Grupos de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad desde la salud, la educación, la cultura, las comunicaciones, la pesca artesanal, el sector energético, el urbanismo, los páramos, la ganadería y agricultura con conservación, son sectores solidarios por la integralidad en el ordenamiento ambiental del territorio.  Todos solicitan ser escuchados para mejorar la presencia del Estado, sobre todo en las regiones más vulneradas por actores indiferentes a las metas de sostenibilidad.