Premios y castigos

A fines del año sostuve que el principio de equidad tributaria implica, a menos que haya poderosas razones, que todas las actividades empresariales deberían soportar la misma tasa impositiva. Por ese motivo, critiqué las numerosas gabelas que trae la ley de financiamiento, y una que viene de tiempo atrás: las zonas francas.  

No debo estar tan extraviado desde que el Congreso añadió un artículo en esa ley para ordenar que se le presente una evaluación rigurosa de tales entidades a fin de decidir si se conservan, eliminan o reforman. Compleja tarea tendrán sus defensores: demostrar que la riqueza y empleos que generan se esfumarían si se las coloca en condiciones tributarias iguales a las que soportan sus competidores.

Tampoco estoy solo. Un grupo integrado por más de cuarenta de nuestros mejores académicos en materias económicas señaló en un comunicado que “La multiplicidad de exenciones a sectores específicos no solo reduce el recaudo fiscal y encarece la administración tributaria, sino que también dificulta la labor de supervisión de la DIAN, altera de forma poco transparente la neutralidad del sistema tributario y resta capacidad de negociación al Gobierno frente a los grupos ya favorecidos u otros”. Carlos Caballero Argáez, cuya trayectoria como servidor público e intelectual riguroso es reconocida, respalda ese texto pidiendo incorporar en aquella ley “un mandato para que el Gobierno examine y elimine todas las exenciones y los tratamientos diferenciales que hoy tenemos, cuando estas no tengan justificación válida”.

Leopoldo Fergusson, distinguido profesor de la Universidad de Los Andes, escribió en La Silla Vacía: “Las gabelas producen inequidad (…) los que pueden echar mano de los artículos del caso en el estatuto terminan pagando menos impuestos que otros que, con igual mérito pero menos tiempo, recursos, o asesores, pagan una porción más grande de la cuenta (…) no es fácil encontrar ninguna justificación técnica clara de estas diferencias, mientras que se pone en riesgo la supervivencia de quienes pagan altos impuestos.”

Marc Hofstetter, que tampoco es un pintado en la pared, en su columna habitual en El Espectador dijo que: El gobierno escogió a dedo una serie de sectores, varios de ellos con un criterio cromático —deben ser naranjas o parecerlo—, a los que les dará ventajas tributarias y mantuvo otros privilegios a aquellos con acceso al poder como los de las zonas francas, que seguirán pagando menos impuestos que otros. ¿Y para los que no tienen capacidad de lobby? Una promesa (de difícil cumplimiento) de reducciones de a un punto por año en la tarifa de renta empresarial pero solo a partir de 2020 hasta llegar al 30 %. Así que en renta empresarial, los resultados de la reforma son un esperpento de descuentos escogidos a dedo con la esperanza de que mágicamente harán saltar el crecimiento”.

La Comisión de Expertos tributarios que sesionó durante el pasado Gobierno sostuvo que “…los beneficios producen grandes inequidades y distorsiones en la asignación de los recursos en la economía en la medida en que, o bien benefician a un sector o industria específica, como por ejemplo los extendidos a las empresas editoriales, al turismo y a actividades agropecuarias, o, aún peor, a empresas específicas (frente a otras que compiten directamente con ellas) por el hecho de operar en zonas francas o estar amparadas por contratos de estabilidad jurídica”.  Con este fundamento, propuso la creación de un impuesto universal (sin tratamientos discriminatorios) sobre las utilidades empresariales.

Lamentablemente, el criterio generalizado de los más calificados expertos no fue tenido en cuenta y, como era previsible (pues de alguna parte han de salir los recursos para financiar esas onerosas concesiones), se recurrió al fácil y popular expediente de imponer un gravamen adicional a las instituciones financieras.

¿Cómo justificar esta carga suplementaria? Si se dijera que la razón consiste en que sus utilidades son muy altas, habría que tener en cuenta no solo su monto sino su correlación con el patrimonio invertido; en tal caso, puede que lo que parece elevado no lo sea: el sector financiero es, como la siderurgia o la refinación de petróleo, intensivo en capital dado que no es eficiente en pequeña escala. Sin embargo, si esa regla se considera adecuada tendríamos que adoptarla de manera abstracta: las utilidades empresariales, sea cual fuere la fuente que las produce, deberían ser gravadas de manera progresiva. Hacerlo implicaría castigar el éxito empresarial...

Otro argumento en pro de esa sobretasa consiste en que las instituciones financieras destruyen, en vez de crear, valor para la sociedad. Como agentes de contaminación que son deben ser penalizadas al igual que las empresas fabriles que deterioran el agua o la atmósfera. En realidad, la difusión de servicios financieros tiene una alta correlación positiva con el crecimiento del ingreso per cápita; la prosperidad social, en el mundo entero, está acompañada de un sector financiero robusto, competitivo y eficiente.

Este debate se trasladará a la Corte Constitucional, la cual tendrá que decidir, entre otras, estas cuestiones jurídicas: (I) si los premios y castigos que estableció el Congreso garantizan la libre competencia “que es un derecho de todos”; (ii) si esos beneficios son compatibles con el principio de equidad que debe caracterizar al sistema tributario; (iii) si puede haber zonas francas que no estén ubicadas en zonas de frontera.

Parece increíble que una economía abierta, liberal y basada en la competencia, que es el modelo previsto en la Carta del 91, siga siendo un ideal todavía remoto.

Briznas poéticas. Regresa Wislawa Szymborska a esta columna: “Ya nunca sabré / qué pensaba de mi A. / Si B. llegó a perdonarme de verdad / Por qué C aparentaba que no pasaba nada… / Si el hecho de que yo estuviera a su lado / tuvo alguna importancia / para J. para K. y para el resto del alfabeto”.