Una paz eficaz e incluyente

Sea cual fuere la posición que se adopte sobre las muchas facetas del acuerdo firmado con la guerrilla, el hecho es que, en cumplimiento de sus disposiciones, no todos, pero sí un número apreciable de sus integrantes se concentró, entregó sus armas y se desmovilizó, para quedar, ya inerme, a merced de un Estado al que combatieron por décadas. Velar por sus vidas y su seguridad, y cumplirles los compromisos asumidos para facilitar su compleja inserción en la sociedad civil, son obligaciones que tienen una dimensión ética insoslayable, sea quien fuere el presidente que elijamos.

Respecto a lo primero, no hay más remedio que admitir que no estamos en el posconflicto, sino en el posacuerdo. Según cifras oficiales, desde el momento de la dejación de armas en junio de 2017, han sido asesinados 40 excombatientes. Así mismo, entre comienzos del año pasado y lo corrido de este, la violencia homicida ha recaído sobre 260 “líderes sociales”. Podrían abrigarse dudas sobre los criterios para clasificar, con tanta certeza y celeridad, las víctimas en esta categoría; y es factible que haya algún grado de manipulación para inflar la tragedia. En cualquier caso, el problema de inseguridad en los territorios que antaño fueron de las FARC es enorme. En esta materia el nuevo gobierno tendrá que redoblar esfuerzos.

Es normal que en la contienda electoral los adversarios de Duque, entre ellos el presidente Santos, digan que el Acuerdo con las FARC “está blindado jurídicamente”. Esta es una verdad a medias. Lo es en dos casos; (I) en aquellas materias en las que se hubieren consolidado situaciones jurídicas individuales; y (II) en aquellas otras generadoras de expectativas que gocen de protección legal. En lo demás, cuenta con amplias facultades para definir su curso de acción. Me explico:

Personas precisamente identificadas como integrantes de la ex guerrilla acudieron ante las autoridades solicitando amnistías e indultos bajo las condiciones establecidas por una ley dictada para facilitar su reincorporación, siempre que no se les imputen delitos distintos a la rebelión. Normas semejantes fueron adoptadas para beneficiar a integrantes de la Fuerza Pública.  A nadie se le ocurriría revertir unas normas que han permitido que muchos guerrilleros, policías y militares abandonen las cárceles. A ellas no volverán mientras cumplan las obligaciones que, caso por caso, asumieron.

Una situación parecida en favor de los guerrilleros desmovilizados deriva de la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. La Corte Constitucional ya definió, con salvedades que ahora no importan, que ella puede operar para todos los actores directos del conflicto: subversivos, funcionarios civiles del Estado y miembros de la Fuerza Pública. Por consiguiente, para los integrantes de estas tres categorías, la JEP se ha convertido en su juez natural. No se le pueden sustituir por otro.

Lo anterior no impide que se introduzcan reformas a esa institución, tales como el acotamiento de su duración, el establecimiento de controles externos a su presupuesto, o la ampliación de su competencia para reunir, en un único sistema de justicia transicional, los casos que ya le corresponden, los que tramita el sistema de “Justicia y Paz”, y los crímenes cometidos por la guerrilla del ELN en el evento, que hoy se considera infactible, de que firmare un acuerdo de paz.

Sin embargo, no es la reforma de la JEP la tarea más urgente. Lo es ponerla a funcionar, para lo cual al futuro gobierno ayudaría que culmine, antes del fin de la legislatura, el trámite de su ley procesal. Allí se resolverá el conflicto que en una decisión errada se creó respecto de la extradición de un exguerrillero de alta jerarquía. Esa urgencia deriva de mitigar el riesgo, que es alto y creciente, de que la Corte Penal Internacional decida intervenir en nuestro país para hacer cesar la impunidad que la Fiscal Bensouda ha denunciado en numerosas ocasiones. En esto tenemos “el agua pierna arriba”.

Quien aquí escribe fue adversario de la creación de la Comisión de la Verdad, no porque esta no sea importante -que lo es- sino porque para buscar la verdad judicial fue creada la JEP, la verdad histórica ya ha sido explorada con suficiencia, y porque, finalmente, es cada una de las víctimas quien debería decidir si prefiere, para sanar su alma, perseguir la verdad o buscar el olvido. Esta discusión ya es anacrónica: la Comisión goza, a estas alturas, de un estatus jurídico cierto que deriva de decisiones adoptadas por el Congreso, primero, y por la Corte, luego. De lo que se trata, de ahora en adelante, es que sea un instrumento eficaz de reconciliación. A eso hay que apostarle.

Por considerar que celebrarlos implicaba una inadmisible abdicación frente a los violentos, y mandaba el mensaje de que la violencia es mecanismo idóneo para conquistar cambios políticos, me opuse a los convenios estipulados por el gobierno con las FARC en cuanto al desarrollo rural y la superación de los cultivos ilícitos. Ya no vale la pena insistir en ese debate. Esos textos no generan compromisos concretos, no tienen que cumplirse de una determinada manera ni en plazos preestablecidos. El margen de libertad de que gozarán los próximos gobiernos es sustancial. Lo que debería ocurrir -creo- es que el Plan Nacional de Desarrollo recoja elementos tomados de distintas fuentes en cuanto a la política rural, incluido el Acuerdo Final.  Y en materia de cultivos ilícitos, la gravedad de la situación y la nula colaboración de la FARC, determinan que el Estado cuente con amplia discrecionalidad. Si ellas, en este frente, no cumplieron, no es obligatorio cumplir. “La mora purga la mora”, decimos los abogados.

Briznas poéticas. En su bello libro reciente, Alejandro Gaviria cita al poeta venezolano Eugenio Montejo: “Déjame que te ame mientras la tierra siga/ gravitando al compás de sus astros/ y en cada minuto nos asombre/ este frágil milagro de estar vivo”.