Punto de resistencia

Los objetivos que persigue Petro fluyen con creciente nitidez. Su modelo de sociedad es socialista, y su paradigma político, la democracia directa, la cual implica una suerte de identidad mística del caudillo con sus seguidores, que mucho se parece a la del pastor con su rebaño. Un modelo que no es democrático: las ovejas son dóciles. Superada la idea de una asamblea constituyente, ha arribado a la propuesta más extrema que quepa imaginar: el ejercicio de un poder constituyente absoluto; el “pueblo” ordenaría la caducidad de las instituciones y, de facto, Petro ostentaría una autoridad omnímoda. De nosotros depende impedirlo.

En estas circunstancias, llegamos a la batalla sobre el proyecto de ley de educación; su votación ocurrirá entre hoy y el jueves. En rigor, esa iniciativa no es necesaria. Las reglas básicas están plasmadas en la Constitución y han sido desarrolladas por la jurisprudencia. Sin embargo, para el Gobierno, que tiene visiones opuestas a las que rigen, intentar la adopción de una ley estatutaria es conveniente. En este momento, el Gobierno maniobra para hundirla con el fin de evitar una derrota estruendosa o el triunfo de la oposición.

El modelo de sociedad que tenemos se fundamenta en la libertad para construir, sin interferencias indebidas, nuestros planes de vida. Para el ejercicio de la libertad, se debe educar en el hogar y el colegio; esos son los ámbitos en que se gestan los valores morales y conocimientos básicos que nos servirán para vivir a plenitud la vida que elijamos.

Otros, por el contrario, consideran que hay un plan de Dios para la humanidad que es menester realizar bajo la guía infalible de los intérpretes de su voluntad. Otros más creen que solo hay un camino para llegar, en algún momento remoto, a una sociedad perfecta en la que, ¡por fin!, la libertad de unos no será la sumisión de otros. Entre tanto, no hay más remedio -se nos dice- que dotar a las autoridades de poderes omnímodos: si está claro cuál es el camino del bien, nadie puede gozar de libertad para elegir el mal.

Este es el quid del asunto: existe una diferencia enorme entre educar para la libertad o hacerlo para la obediencia.

Las reglas que en materia educativa establece la Carta de 1991 son producto de un consenso que tardamos más de un siglo en construir. En 1876, por ejemplo, fuimos a una guerra civil con el fin de resolver si el Estado debería tener el monopolio de la educación y cuál sería el papel de la Iglesia católica. Hoy es incuestionable que tanto el Estado como los particulares pueden fundar establecimientos educativos y que la educación es laica.

En el plano universitario, en la actualidad coexisten en saludable competencia instituciones estatales y privadas. Las primeras son fondeadas en su casi totalidad por el Estado. Las segundas se financian con donaciones, matrículas y el apoyo estatal. Por eso existen los préstamos de Icetex para los estudiantes que prefieran la educación privada, y el financiamiento directo de programas focalizados en estudiantes pobres, en especial si están dotados con habilidades excepcionales.

Con el mismo afán estatizante que inspira su funesta política de salud, Petro pretende ahogar a la educación superior privada. Lo hace de varias maneras: marchitando los créditos de Icetex, aboliendo los apoyos educativos a las universidades, y prometiendo acceso gratuito a las entidades estatales, incluso a los estudiantes que pueden pagar.

Las consecuencias son deplorables. La abolición de un mecanismo valioso de integración social; la paulatina reducción de la oferta educativa terciaria; la presión sobre las universidades estatales que, en su mayoría, están copadas; la adopción de una política fiscal regresiva (no hay razón para subsidiar a “los ricos”), y la reducción promedio de la calidad en ese nivel. Coinciden los expertos en señalar que los 500 mil cupos universitarios que Petro ofreció son una vana promesa, más aún si en ese proyecto no participan las universidades privadas.

No le corresponde al Estado la tarea de orientar lo contenidos de la educación superior, cuestión que deben definir las autoridades académicas de cada institución. Para evitar la interferencia del Gobierno existe la autonomía universitaria. La ostensible violación de ese principio en la Universidad Nacional se validaría con la propuesta gubernamental en curso. Los rectores serían elegidos por el voto directo de los integrantes del estamento educativo, una iniciativa que encaja bien con el modelo que para la sociedad en su conjunto promueve el Gobierno: un pueblo, un caudillo y nada en el medio. Le sobran al petrismo partidos, jueces, gremios, empresarios, autoridades regionales y medios de comunicación. Y, por supuesto, consejos superiores en las universidades.

No sorprende el desdén por la capacitación para el trabajo que se percibe en la iniciativa petrista. Hay razones poderosas para esa actitud. Para los ideólogos del binomio Fecode/Gobierno, las herramientas que pueden conducir al mercado laboral son despreciables por su carácter neoliberal. ¡No les importa si la educación es pertinente para ganarse la vida! Igual que en Cuba y Venezuela nos llenaremos de doctores trabajando de meseros.

Les produce urticaria a los dueños de la educación estatal básica y media la evaluación de los maestros. Por eso proponen que la medición de su desempeño carezca, como hoy sucede, de efectos prácticos: los maestros que pierdan las pruebas las pueden repetir cuantas veces quieran. Justamente por eso la calidad promedio de los colegios estatales no progresa, a pesar del gasto gigantesco que realizamos en maestrías para sus docentes. En realidad, muchos maestros no son profesionales de la educación sino estudiantes profesionales. Para defender sus privilegios, están listos a marchar. Igual les pagan sus salarios. Que los niños y jóvenes no tengan quien les enseñe, en los días que se desarrollan esas actividades lúdico-políticas, es visto como un mal necesario.

El “chu, chu, chu” ya mostró su eficacia en el sector salud. Ahora avanza de maravilla en la educación. ¿Nos quedamos de brazos cruzados?

Briznas poéticas. Escribe Nicolás Gómez Dávila: “El cemento social es el incienso recíproco”.