¿Qué estará pasando con la autoridad?

Para las pasadas elecciones presidenciales, algunos colombianos se dejaron arrastrar por el discurso populista y demagógico de la izquierda con el cual los engañaron ofreciéndoles el cielo y la tierra, pero en especial por el mensaje de la lucha de clases y el odio sembrado desde las tarimas y balcones, cuando el candidato que por más de 20 años había criticado y colocado el ‘palo en la rueda’ frente a las ejecutorias de los diferentes gobiernos prometió repartir entre sus adeptos los bienes de quienes trabajando durante muchos años habían logrado generar empresa y ofrecer miles de empleos a los colombianos.

Esa misma tendencia ideológica trató de generar el caos y de iniciar una guerra civil durante el pasado período presidencial, patrocinando a los vándalos de la primera línea y adelantando una campaña mediática de desinformación y acondicionamiento ideológico con las famosas cyberbodegas, posiblemente patrocinadas con dineros del comunismo internacional. Pero el interés del jefe de Estado de lograr la impunidad entre quienes han cometido crímenes contra los colombianos llama mucho la atención de propios y extraños; se debe recordar que proteger el delito es una amenaza al Estado de Derecho.

El secuestro de los 78 miembros de la Policía Nacional en el Caquetá y el salvaje asesinato del subintendente Arley Monroy Prieto (q. e. p. d.) no pueden quedar en la impunidad que caracteriza algunas decisiones de este gobierno; los responsables de estos crímenes deben ser llevados ante la justicia, bien sean actores directos o instigadores. Estas acciones delictivas acompañadas por la incertidumbre que genera las palabras del ministro del Interior con el cuento de “retención” y “cerco humanitario” en lugar de reconocer el secuestro, sumado a las declaraciones desmentidas del director de la Policía y la decisión del jefe de Estado al manifestar: “Soy el único responsable de las acciones en Los Pozos, Caquetá”, hacen que la herida e indignación causadas en el pueblo colombiano y particularmente en la fuerza pública tarden muchísimos años en sanar.

Lo que sucedió en Los Pozos es el resultado de la pésima gestión y mal ejemplo del actual gobierno, en que la cabeza del Poder Ejecutivo en lugar de tratar de proteger a los bandidos debe exigir que haya un respeto total hacia la autoridad, y entre ella está la fuerza pública que es la única fuerza constitucional con que cuenta el país, no las famosas guardia indígena, guardia cimarrona, guardia campesina que tanto alaba el ministro Prada; es inconstitucional tratar de suplantar la autoridad legítima del Estado y cuando se sobrepasan los límites, se llega al autoritarismo y a la dictadura.

Colombia demanda que el presidente haga respetar la autoridad para evitar la anarquía y el caos. Los asesinatos y secuestros en Los Pozos se hubieran podido evitar si la autoridad legítima de la Policía Nacional se hubiera aplicado desde el inicio de las concentraciones, reconociendo que el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente es totalmente válido. ¿Será que el presidente va a responder ante la justicia por estos asesinatos y secuestros? Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

El mundo también se está preguntando qué busca el actual gobierno con la apertura de una investigación por la muerte de un personaje vinculado a actividades criminales y prófugo de la justicia; ¿será una venganza contra el gobierno anterior, contra los mandos militares que dieron resultados contra el narcoterrorismo, contra el anterior presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Será otra forma de frenar el accionar operativo de las fuerzas legítimas ante el temor de la apertura de un proceso en su contra por los resultados contra el hampa? ¿Estarán tratando de desmoralizar a los integrantes de la fuerza pública? ¿Buscan llevar a todos los militares y policías ante la JEP? ¿O lo que es peor, estarán tratando de elevar a nivel de héroes y prohombres a los cabecillas de las organizaciones criminales?

Esto es una afrenta contra la sociedad y se convertirá en la bola de nieve para darle el puntillazo final a la democracia, sin dejar de mencionar que está tomando fuerza el comentario de una constituyente para atornillar a la izquierda en el poder.