¿Qué ha pasado con el arroyo Bruno en La Guajira?

El arroyo Bruno, ubicado en La Guajira, hace parte de uno de los casos que tiene en vilo a las comunidades y autoridades locales debido al avance de la extracción minera del Cerrejón. Bruno nace en la serranía del Perijá y, actualmente, es uno de los 51 afluentes que nutren el río Ranchería. Pese a que en los últimos años La Guajira se ha enfrentado a duros periodos de sequía, Bruno sigue siendo una fuente hídrica importante para la región y las comunidades que se ven afectadas por su desvío.

Desde comienzos del 2016 se iniciaron las obras que desplazarán 3,6 kilómetros de su cauce 700 metros al norte. Corpoguajira, máxima autoridad ambiental de La Guajira, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han dado el respaldo al Cerrejón y han asegurado que el proyecto no tendrá impacto significativo en el caudal de Bruno, en los ecosistemas que dependen de él y las comunidades que viven alrededor del arroyo.

Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad de La Guajira, alerta que la desviación del Arroyo Bruno tendría nefastas consecuencias para las comunidades y ecosistemas que tienen afectación del arroyo. En mayo del 2016 las obras de desvió se detuvieron debido a la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira que le solicitó al Ministerio del Interior revisar la consulta previa que hizo Cerrejón a la comunidad Campo Herrera, además de suspender los actos administrativos de Corpoguajira para seguir avalando este proyecto. La demanda a la consulta fue hecha por  la comunidad La Horqueta, debido a que a ellos también se les debía realizar la consulta por estar en la zona de influencia del proyecto. Un proyecto que aspira aumentar la producción de 40 millones de toneladas de carbón al año y explorar posibles pozos de petróleo y gas metano.

Cabe resaltar que, desde el 2015, Luis Manuel Medina Toro repite en el cargo como director de Corpoguajira, Medina, quien le ha dado la bendición al desvío de Bruno, cuenta con el apoyo del representante a la Cámara Alfredo Deluque, quien presuntamente tiene interés y margen de maniobra al interior del Cerrejón.

Las cuotas de los Deluque en el Cerrejon estarían en cabeza de Raúl Roys, quien coordina las comunidades del Área de Influencia del Arroyo Bruno.  Raúl es además hermano de Nemesio Roys Garzon Subdirector del DPS, cuota también de Alfredo Deluque. Juan Loreto Gómez Soto Secretario de Planeación Departamental, se estrenó en el nuevo gabinete de Wilmer González, este también sería cuota de Deluque y es hermano del Coordinador del manejo sistema de Aguas internas y de la desviación del Proyecto del Arroyo Bruno  y del reciclaje de Aceite de Cerrejón, Miliciades Gómez Soto, otra de las cuotas del ex presidente de la cámara de representantes Alfredo Deluque.

El fallo que detuvo el proyecto fue firmado por los magistrados María del Pilar Veloza Parra, César Augusto Torres Ormaza y Nidia Patricia Benítez Vega, con el objetivo de reivindicar los derechos fundamentales, mediante la acción de tutela, invocados por la accionante Lorenza Marcela  Pérez Pushaina, una autoridad tradicional del asentamiento indígena La Horqueta. Según el abogado Pablo Ojeda Gutiérrez, apoderado de Pérez Pushana y representante legal de la Fundación ONG FUNAPROH, el área de influencia del proyecto involucra otras 29 comunidades Wayuu que no han sido consultadas y también se encuentran en la zona de afectación del proyecto. El apoderado resalta el hecho que los magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira que fallaron a favor de la comunidad, días después fueron trasladados y cambiados por otros magistrados.

Así como el caso de Bruno, sucede los mismo con cerca de 500 familias pertenecientes al corregimiento de Afrodescendientes de Roche, municipio de Barrancas, en La Guajira. Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío Roche, instauró una acción de tutela debido a que el Cerrejón, junto con la fuerza pública, desplazó a la comunidad de forma violenta y, además, no cumplió con los compromisos de reasentamiento e indemnización por los daños causados. Al respecto, el mismo Tribunal Administrativo de La Guajira falló a favor la tutela y ordenó que se diera la respectiva indemnización por parte del Cerrejón a la comunidad; sin embargo, a este momento, no se ha dado una respuesta satisfactoria por parte de la multinacional.

Con base en lo anterior, Pablo Ojeda Gutiérrez, actuando como apoderado de ambos casos, impugnó los fallos de ambas tutelas, a pesar de haber salido a favor de las comunidades. Esto  debido a que, según Ojeda, en el caso de Bruno la afectación de los derechos fundamentales debe ser revisada no sólo a la comunidad Campo Herrera, sino también a la Horqueta y otras 29 más, las cuales están a la espera que se efectúe el proceso de consulta previa.

El 9 de mayo de 2016, fue radicada la acción de tutela de la comunidad de Roche, ante la sección primera del Consejo de Estado para ser impugnada; y el 4 de octubre de 2016, fue radicada la acción de tutela del caso de Bruno, ante la sección cuarta para ser impugnada en segunda instancia. Sin embargo, tanto el magistrado Roberto Augusto Serrato Valdes como la magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia, asignados como ponentes respectivamente en cada proceso, a pesar de haberse cumplido el término obligatorio de 20 días para proferir fallo, de acuerdo al artículo 32 del decreto 2592 de 1991, al día de hoy no han dado respuesta alguna. Para el primer caso han pasado más de 120 días y para el segundo van más de 40 días. 

Surge el cuestionamiento por parte de las comunidades respecto al por qué no se ha dado ninguna respuesta por parte de los magistrados. Adicionalmente, cabría preguntarse de los posibles vínculos que estos puedan tener con el Cerrejón. Es decir, ¿Habrán presiones?