¿Qué hacemos con la consulta anticorrupción?

Me debato entre dos asuntos: por un lado, me entusiasma el activismo ciudadano cuando se trata de ampliar o ejercer plenamente derechos civiles o impulsar causas justas. Lo promoví invitando en el año 2014 a votar en blanco por el inútil y costoso Parlamento Andino y, en efecto, con más de 3.600.000 sufragios, logramos que nuestros representantes en ese

elefante blanco fueran escogidos entre los actuales senadores, sin que sus sueldos nos resultaran más onerosos a los colombianos ni tuviéramos que invertir un peso más en sucesivas elecciones para semejante bobada.

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En el caso de la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto, saber que más de 4 millones de ciudadanos imprimieron formularios y salieron a recoger firmas por todo el país en un ejercicio de puro voluntariado resulta conmovedor y se convierte en una experiencia inédita de democracia participativa tan usual en otras latitudes y tan escasa en la nuestra, a pesar de que la Constitución de 1991 consagra una importante variedad de mecanismos de participación ciudadana. 

Pero por otro lado me angustia mucho que nos vayamos a gastar más de 300.000 millones de pesos sin provocar las grandes transformaciones que nuestro ordenamiento jurídico necesitaría para combatir con eficacia el flagelo de la corrupción. Me duele pensar que con ese dinero pudiera subsanarse el déficit presupuestal de la Universidad Nacional que ronda los 80.000 millones al año y me inquieta hacer comparaciones y saber que el gasto en el deporte colombiano en un año equivale aproximadamente a lo mismo que se invertirá en un solo domingo en esa consulta. Me da piedra saber que buena parte de esas iniciativas sería fácil implementarlas si hubiera verdadera voluntad política de nuestros dirigentes o que las normas actuales podrían ajustarse por la vía parlamentaria para hacerse exigibles sin que nos costara tanto todo. 

En recientes columnas en El Tiempo el joven abogado Joaquín Vélez recordaba que “ninguno de los puntos de la consulta tiene en cuenta las sugerencias dadas por organismos internacionales”, mientras el exministro Luis Felipe Henao advertía que “no se puede luchar contra este flagelo con propuestas refritas” y María Isabel Rueda concluía tajantemente que “el ahorro que se pretende realizar por concepto de reducir los salarios de los congresistas, enfrentado al costo de la consulta, solo podrá recuperarse después de siete años”. 

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Tampoco me gusta que algunos de los organizadores de esta consulta se adjudiquen con superioridad moral la lucha contra la corrupción como si fuera solo suya y nos pongan la etiqueta de auspiciadores directos del clientelismo a quienes no hacemos parte de sus organizaciones políticas o a quienes, con buenos argumentos, se opusieron a su ejercicio de participación ciudadana. 

Dicho esto, soy consciente de que la democracia cuesta y que si estas herramientas constitucionales están ahí, es para usarlas abiertamente (al menos hasta cuando se planteen reformas para hacerlas más racionales). Por eso votaré la consulta del próximo domingo no porque la crea indispensable y novedosa, sino porque, ante el hecho inevitable de que se invertirán tantos recursos en ella, es mejor aprovecharla para enviar un mensaje desde la ciudadanía profunda que quedarse en la casa viendo cómo se malgastan cientos de miles de millones de pesos sin que nada pase.

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Prefiero pensar que se trata del inicio de un proceso de concientización alrededor de un tema vital en nuestro sistema político y que con nuestro voto los ciudadanos lograremos, por lo menos, poner en el primer punto de la agenda pública este asunto y aumentarles el costo a los políticos de seguir haciéndose los bobos. En conclusión: la consulta pudo haberse evitado, pero como es un hecho que se realizará –por mucho que pataleen con razones válidas algunos– es mejor utilizarla bien y cruzar los dedos para que el umbral se alcance y la presión genere el efecto deseado en nuestros honorables parlamentarios. A lo hecho, pecho.