¿Qué hacer con el ESMAD?

Caminan con él unos cincuenta metros y junto a otros uniformados lo vuelven a agredir brutalmente. Ante la reacción de la comunidad, lo dejan tirado en medio de la vía. Los vecinos gritan “¡está muerto, está muerto!”, pero cuando llegan a él, lo recogen y afortunadamente reacciona. Su cabeza sangra profusamente.

La golpiza quedó registrada en un video de celular que hoy rueda por las redes sociales. Ocurrió el pasado 19 de julio, cuando las protestas mineras en el Bajo Cauca se hicieron más agresivas. Pero no ha sido la única golpiza. El ESMAD también arremetió contra los periodistas que cubren en esta subregión de Antioquia la manifestación. Entre los lesionados está Eder Narváez Sierra, un comunicador social que registraba los hechos ocurridos en Caucasia. Un piquete de agentes lo golpearon en la cabeza brutalmente. Las acciones quedaron registradas en una cámara de video. 

Las agresiones contra la población civil también se han presentado en la región del Catatumbo, donde transcurre desde hace varias semanas una protesta campesina. Allí también atacaron a una periodista de Prensa Rural, un medio alternativo. Gases lacrimógenos disparados sin control, ataques brutales con sus bastones, golpizas y patadas hacen parte de su repertorio. Parecen máquinas sin control. ¿Qué tipo de formación reciben para que estos seres humanos se conviertan en máquinas violentas irreflexivas? ¿Qué los ha llevado a obedecer ciegamente a sus superiores y actuar sin mínimos criterios de respeto hacia todos aquellos que protestan pacíficamente?

De acuerdo con la Política Estratégica Operacional y del Servicio de la Policía, los “Escuadrones Móviles Antidisturbios – ESMAD, son unidades policiales especializadas para el manejo y control de multitudes, conformadas por personal capacitado y dotado de los equipos y elementos necesarios para el restablecimiento del orden ciudadano”. 

Su misión es “apoyar a las unidades policiales a nivel nacional en la prevención y control de manifestaciones y disturbios, con personal altamente capacitado en el manejo y conciliación, en la protección de los derechos fundamentales, que permitan restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Colombia”.

Esa política advierte sobre las “condiciones mínimas del integrante del ESMAD”. Según lo establecido, “los integrantes del ESMAD, están capacitados en técnicas para el manejo y control de multitudes, derechos humanos, derecho internacional humanitario, primeros auxilios, sociología y problemas colombianos”.

Quienes hemos visto actuar a estos escuadrones, ya sea por videos o directamente en las calles, sabemos que nada de lo establecido en los documentos oficiales se cumple a cabalidad. ¿Alguien ha sido testigo de su “capacidad de conciliación”? ¿Cuándo golpean en grupo, de manera anónima, a un manifestante, se les puede legitimar como protectores de los derechos fundamentales? ¿Ha visto alguien a un agente del ESMAD prodigar primeros auxilios a un ciudadano en medio de una protesta?

Las criminales actuaciones de este escuadrón no pueden respaldarse en la defensa de los derechos de aquellos que se ven perjudicados con un cierre de vías, una pedrea estudiantil o una manifestación sindical. Cada vez que aparecen en escena con sus escudos, sus uniformes negros, sus pasamontañas y sus armas de ataque, tienen licencia para agredir salvajemente a quien retengan sin que la ley los sancione. Actúan bajo total impunidad. 

Las manifestaciones campesinas del Catatumbo y del Bajo Cauca, por reseñar las más recientes, revelan la condición de violadores de derechos humanos del ESMAD. Nadie podrá alegar que sus actuaciones son en legítima defensa porque mediante ese argumento se justificaría su actuar violento, sin medida, sin proporcionalidad, indiscriminado y por fuera de la ley.

La tecnología de los celulares permite hoy que las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos afectados por el ESMAD no queden en la impunidad. A través de ellos se pueden observan actos de tortura, como el ocurrido al joven perseguido en Cáceres, y las agresiones contra los campesinos del Catatumbo. 

Pero también hay otros derechos vulnerados, tales como el decomiso de cámaras de video a los periodistas, sin que medie orden de juez alguno. Por eso insisto: cuando actúan estos escuadrones, la Constitución Política y el Código Penal quedan suspendidos. Cada manifestación es tratada con un régimen de excepción, en el que las libertades civiles quedan supeditadas a la arrogancia de los miembros de los escuadrones.  

¿Alguien sabe cuántas sanciones se han proferido contra los miembros del ESMAD desde su creación, el 24 de febrero de 1999,  por parte de algún juez de la República o de la Procuraduría General de la Nación? ¿Dónde están los procesos penales por las muertes causadas por el ESMAD durante los años de intervención callejera? ¿Hay sanciones a sus miembros por los excesos cometidos y las violaciones a los derechos humanos infringidas en gavilla y en el absoluto anonimato contra campesinos, estudiantes, obreros e indígenas?

Ante la cantidad de hechos acumulados desde febrero de 1999; que conjugan homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, decomisos ilegales, destrucción de bienes de la población civil, ataques indiscriminados con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, así como con elementos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario; es urgente que se intervenga el ESMAD de manera estructural y se revisen su formación académica y sus acciones en terreno. 

Además, es imprescindible abrir un debate en el que participen entidades del Estado, organizaciones defensoras de derechos humanos, las asociaciones de periodistas y la academia, sobre cómo ponerle límites a una actitud y a unas acciones que rayan con lo criminal. Algo hay que hacer con el ESMAD, y pronto.