¿Qué pasa en Uribia?

Son más de 8.200 kilómetros los que tiene Uribia en la llamada Alta Guajira. Su belleza imponente contrasta con la miseria en la que viven sus habitantes, la mayoría de ellos wayuú. Según el Dane, es el municipio más pobre de Colombia, con un 92,2 por ciento de su población en la pobreza multidimensional.

El principal drama es la falta de agua. En Uribia no hay ríos, solo arroyos que corren cuando llegan las lluvias. Por eso llevar agua siempre ha sido la promesa que hacen los políticos cuando quieren ganar elecciones.

Pero el país no dimensiona los miles de millones de pesos que se han desembolsado en este municipio en nombre del agua. No es que La Guajira no haya recibido recursos, es que terminan en los bolsillos de unos pocos que han hecho de la pobreza y la sed su mejor negocio.

La lista de obras inconclusas en Uribia es interminable, pero me referiré solo a la planta de tratamiento de agua potable del Corregimiento de Buenos Aires.

El 10 de agosto de 2021, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia firmó con el Consorcio Buenos Aires 2021 el contrato para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable que beneficiaría a más de cinco mil personas. Como representante legal del consorcio aparece Álvaro Adolfo Bustamante Castillo.

Por su régimen especial, el acueducto no está obligado a licitar, solo a hacer invitación privada. A esta invitación llegó como único interesado el Consorcio Buenos Aires, conformado por Construarquing Ltda (60 por ciento), representada por Álvaro Adolfo Bustamante Castillo, y Constructora Jusán SAS (40 por ciento), representada por John Jairo Eljadue López. La representante legal suplente de Construarquing es Magda Sugey Eljadue López, hermana del representante de Contructora Jusán, lo que evidencia la relación de ambas empresas. Por el Acueducto de Uribia firmó su gerente Ana María Medero.

El contrato tuvo un valor de 7.598.653.040 pesos, para ser ejecutado en 10 meses, durante la administración del alcalde Bonifacio Henríquez Palmar. Tres años y medio después, donde debía funcionar la planta solo hay unas columnas de cemento, dos tanques oxidados y algunos muros. Todo cubierto por la maleza, que da cuenta del abandono de la obra. Este elefante blanco es otro más de los construidos con recursos de regalías, a través de los Ocad.

De acuerdo con un informe de la Contraloría, esta obra se construyó en un lugar donde sencillamente no hay agua, por lo cual era imposible que funcionara una planta de tratamiento.

En este fallido, o más bien corrupto, acuerdo, el contratista recibió el 50 por ciento como anticipo, 3.799.326.520 pesos, que fueron consignados a la cuenta de un particular. ¿Quiénes son los dueños de estos negocios que se hacen a sabiendas de que no serán posibles?

El nombre de John Jairo Eljadue López, parte de este consorcio, no es ajeno a la opinión pública. Esta persona fue relacionada en la red de corrupción del exrepresentante a la Cámara por Magdalena Roberto Herrera, condenado a ocho años de cárcel por liderar una organización criminal que acordaba con contratistas obras financiadas con recursos de entidades descentralizadas y que se ejecutaban en municipios de la Costa. El exrepresentante Herrera aceptó cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de servidor público.

A pesar de que la Corte ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar a John Jairo Eljadue López, no tiene ninguna indagación en su contra. Por eso, no tuvo impedimento en contratar con el acueducto de Uribia.

El que sí tiene investigaciones es su socio en el consorcio, Álvaro Adolfo Bustamante Castillo, a quien lo indagan por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, evasión de impuestos y concierto para delinquir.

Eljadue y Bustamante son grandes contratistas del Estado. El primero ha firmado 71 contratos por 51.591 millones de pesos, entre esos 3.949 millones en Uribia. Álvaro Adolfo Bustamante tiene el doble de contratación pública: 101.000 millones de pesos, en 86 contratos, 65.148 millones de ellos de obras en Uribia.

Pero ni los cuestionamientos ni las investigaciones fueron impedimento para que los invitaran a quedarse con la planta de tratamiento.

No hay que olvidar que a Uribia era donde debían llegar la mayoría de los carrotanques que contrató por más de 46.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Riesgo (UNGR), en cabeza de Olmedo López. Y también para allá iban 231.000 millones de pesos para un sistema de acueducto y tratamiento de aguas que firmó López antes de irse.

Pero para el actual alcalde Jaime Luis Buitrago, de la cuerda de su antecesor Bonifacio, nada pasa. El 1 de marzo condecoró a la directora de gestión de riesgo de La Guajira, María Alejandra Mejía, y a la exrepresentante a la Cámara María Cristina Soto, mamá del representante José Loreto Gómez, ambos del Partido Conservador; el mismo partido del senador Carlos Trujillo, el paisa que sin tener nada que ver con La Guajira obtuvo una votación histórica en Uribia: 10.032 votos. El mismo senador que llevó a Olmedo López a la UNGR.

“Uribia es, en carta blanca, más poderosa que la gobernación, tiene un presupuesto de casi 300.000 millones de pesos por educación, recibe recursos por regalías de carbón, gas y sal, tiene zona de régimen especial aduanero y maneja el resguardo más grande de Colombia”, me dice una persona de allí. “Posee un capital electoral apetecido y el 98 por ciento de su territorio no tiene control alguno. En ese territorio confluye todo y convive todo, el matrimonio política e ilegalidad está a la orden del día. A Uribia se la han robado al derecho y al revés. Ahora llegó esta tenaza y la convirtió no solo en su fortín electoral, sino en su despensa de negocios”.

Sigan jalando la pita electoral.