¿Zonas veredales “permanentes”?

El pasado 29 de mayo, a pocos días que se venciera el plazo originalmente pactado entre el gobierno y las FARC para su desarme definitivo, en un comunicado conjunto se anunció la creación una nueva “categoría territorial” diseñada para reemplazar las “zonas veredales temporales de normalización”, en las cuales se ha estado concentrando la guerrilla. (vea el comunicado completo)
Esta nueva figura es el resultado de la enorme capacidad que tienen las FARC para seguir negociando lo ya negociado, aprovechando la debilidad de un gobierno que sigue basando su gobernabilidad en la implementación de un proceso de paz en el cual su premisa es “ceder, ceder y ceder”.
Según el mencionado comunicado, los nuevos espacios “servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria.”

En un increíble “salto estratégico” la guerrilla pasará de tener unas zonas que mil veces nos dijeron a los colombianos serían “temporales”, a un territorio en el cual podrán perpetuar su control y poder, sin que haya claridad alguna sobre su reglamentación, sobre el papel de las instituciones del Estado y sobre la condición que tendrán los ex guerrilleros.

De acuerdo con el censo socioeconómico de las FARC-EP(Vea el censo completo) publicado el pasado jueves por la Universidad Nacional, se identificaron 10.015 personas pertenecientes a esa organización, de las cuales 5.508 (55%) se identificaron como guerrilleros, 2.904 ( 29% ), como milicianos y finalmente 1.602 (16%) como privados de la libertad en las cárceles del país. Lo anterior significa que en los nuevos espacios de capacitación y reincorporación habrá 8.413 miembros de las FARC, más los que se les sumen por cuenta de la aplicación de la ley de amnistía y de la jurisdicción especial para la paz -JEP-.

Sin embargo, todo parece indicar que esta población crecerá, pues el propio Pastor Alape durante la presentación del mencionado censo, afirmó con toda claridad que las FARC concibe la palabra “reincorporación” no limitada a lo que podríamos llamar “la tropa”, sino que se trata de un proceso de reintegración que incluye a las comunidades que han estado bajo su influencia por años.

Así las cosas, surgen grandes cuestionamientos: ¿Cuántas personas finalmente vivirán en esos espacios?, ¿8.413 guerrilleros más las miles de personas de las “comunidades reintegradas” que nunca sabremos si eran o no parte de las FARC?, ¿tendrán estos espacios límite en el tiempo?, ¿qué funciones tendrán en ellos los alcaldes, gobernadores y la propia fuerza pública?, ¿los futuros “ex guerrilleros” tendrán que permanecer en estas áreas para siempre, o las FARC los dejarán en libertad para que finalmente se reincorporen de verdad a la sociedad y obtengan del Estado lo que nunca recibieron de su propia organización?

Cuando se da una mirada detenida al censo aplicado por la Universidad Nacional como parte de la implementación de los acuerdos, sorprende ver cómo una organización de más de 50 años de existencia, que reivindica su vocación de poder en el marco de una propuesta que muy seguramente seguirá los postulados del socialismo del siglo 21, no logró darle a su propia tropa condiciones mínimas de educación: el 57% de sus miembros tiene básica primaria, el 21% básica secundaria, 8% media vocacional, 11% ninguna educación y solo el 3% educación superior.

Al contrastar estos datos con los billones de pesos que el Fiscal Néstor Humberto Martínez afirma tienen las FARC, tristemente se puede concluir que tanto dinero nunca llegó a la tropa más que en armas, munición y uniformes. Que bueno sería que los comandantes de las FARC además de pedir perdón a sus víctimas, también rindan cuentas a su propia gente y la deje en libertad para tomar su rumbo como ciudadanos libres.

Ex viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo