Que tiemblen los ladrones

El artículo 4° de nuestra Carta, consagra la aplicación preferente de las disposiciones constitucionales sobre cualquiera otra norma jurídica. Y el art. 93 C.P., que los tratados que reconocen derechos humanos “prevalecen en el orden interno”. Todo ello en plena concordancia con el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual prescribe:

“El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Son las razones por las cuales el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevalece en el orden interno, sobre cualesquiera otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. Y como consecuencia de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte IDH, prevalece sobre cualquiera otra de derecho interno.

La Procuraduría ha quedado, pues, sin la posibilidad jurídica de sancionar a senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes. Es decir, a quienes han ejercido el derecho que es de la esencia de la democracia a “ser elegidos en elecciones periódicas auténticas”, los cuales sólo pueden ser suspendidos o destituidos “por juez competente, en proceso penal”.

¿Y qué sucede con las otras funciones de la Procuraduría? En cuanto a la defensa de los Derechos Humanos, para eso está la Defensoría del Pueblo, según el artículo 282 C.P.

En cuanto a disciplinar a los otros servidores públicos, excepción hecha de los jueces que lo son por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para eso está el control interno en las distintas entidades, según los artículos 209 y 269 C.P.

Otra de sus funciones importantes es opinar en procesos de diverso orden. Pero estos conceptos no son obligatorios. Y su intervención en los juicios de carácter civil, penal, administrativo, etc., es superflua.

La Procuraduría General de la Nación, pues, se ha quedado sin oficio. Pero puede tener en el futuro uno bien importante: perseguir delitos. Delitos contra la Administración Pública.

Es la propuesta del candidato Gustavo Petro, quien el 10 de abril de 2022 dijo:

“Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran Fiscalía anticorrupción”.

Ya elegido Presidente, y ante ciertas tergiversaciones, precisó en su cuenta de Twitter el 7 de julio de 2022:

“Transformar la Procuraduría en la gran Fiscalía anticorrupción dentro del poder judicial no es eliminarla, es empoderarla como toca. La corrupción no es una irregularidad administrativa, es un delito. Nada deben temer los empleados de la Procuraduría”.

La Procuraduría pasaría así a perseguir delitos muy graves como los siguientes: peculado doloso y culposo, peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente; concusión; cohecho; interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, empleo ilegal de la fuerza pública; usurpación de funciones públicas, entre otros.

La Fiscalía General de la Nación ha demostrado que no es capaz con la enorme carga de trabajo que actualmente tiene. De ahí que la impunidad reine en el país:

“De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95 %, y 12 están entre el 90 % y el 94.9 % de impunidad”. (Secretaría de Transparencia, 17 de julio de 2023)

Más allá de las cifras, la ausencia de justicia la percibimos todos los días todos, hasta el punto de que en muchas encuestas aparece como el primer problema del país. Si no es posible sancionar al delincuente estimulamos el delito. Verdad de Perogrullo.

Que la Procuraduría se transforme en una Fiscalía Especial es una buena idea que no perjudica a nadie distinto de los delincuentes. Sean ellos servidores públicos o agentes privados. Podría actuar en el escenario nacional como una fuerza de choque especializada para la defensa de la pulcritud administrativa, de los dineros públicos y también de la honestidad de los particulares que contratan con el Estado.

Ha dicho el Contralor Edgardo Maya Villazón que en su tiempo “la corrupción le ha quitado a Colombia entre $40 y $50 billones”, anuales (25 octubre de 2017) . Y quizá esta cifra no incluye el despilfarro que se expresa en las obras inconclusas, llamadas todos los lunes por algún noticiero “elefantes blancos”, que prueban que el desempeño de los interventores en la ejecución de los contratos de obra no funciona adecuadamente. La Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de hacer “control de resultado” según el artículo 119 de la Carta. Reemplazaría a los interventores. Es un precepto constitucional que reclama desarrollo legal.

Señor ministro de Justicia: ¿Cuándo va a presentar el acto legislativo referente a la conversión de la Procuraduría en una Fiscalía Especial?

Con la Procuraduría en su nuevo rol, adquiriría sentido la frase centenaria: que tiemblen los ladrones.