¿Qué viene para el Perú de Castillo?

La historia reciente del Perú parece marcada por la ingobernabilidad. Luego de los diez años del gobierno autoritario de Alberto Fujimori el país no parece haber encontrado un equilibrio para trasladar al plano interno político, una serie de logros económicos que lo han hecho paradójicamente uno de los más atractivos para la inversión extranjera en la región. Sin embargo, el tan admirado modelo económico peruano parece condicionado cada vez más, por las constantes crisis políticas que dan cuenta de al menos tres tendencias recientes que, hoy tienen contra las cuerdas al recién posesionado Pedro Castillo.

En primer lugar, Perú asiste como otras regiones de América Latina al desmonte de los partidos políticos. Las últimas elecciones generales dan cuenta de un Congreso cada vez más dividido y donde es imposible identificar fuerzas hegemónicas que llevan a cabo proyectos políticos de largo aliento. Esta fragmentación se acentuó en la elección de 2021 donde asomó una tímida mayoría de Perú Libre, partido del actual primer mandatario. Aun así, se trata de una ventaja tímida e insuficiente para gobernar por encima de fuerzas políticas que ven en Castillo, un presidente sin brújula. En segundo lugar, ha prevalecido el voto castigo contra el conjunto de la clase política. La última elección dejó en claro aquello que los peruanos repudian y censuran, pero arrojó muy pocas pistas respecto a lo que desea la mayoría del electorado. Si bien se pretende un cambio profundo, las propuestas de trasformación de Castillo no convencen del todo. Sus propuestas emblemáticas como la reforma agraria, un cambio en el modelo para las inversiones extranjeras, una estructura fiscal para una redistribución más progresiva y, eventualmente la redacción de una constitución, evocan una refundación que trae a la memoria el proceso venezolano temido por obvias razones. Por eso para Castillo es tan complejo interpretar el mandato con el que fue elegido, con una ventaja corta sobre Keiko Fujimori, y cargando a cuestas aquello que han experimentado los últimos jefes de Estado, Alan García (segundo mandato) Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK): haber sido elegidos no tanto por sus propuestas, como por evitar a toda costa el retorno del fujimorisimo al poder. Esa atípica condición ha hecho que los márgenes de maniobra en el último tiempo se hayan estrechado. Por eso no sorprende la salida abrupta de PPK y su reemplazante Martín Vizcarra. Y, en tercer lugar, si bien Perú ha sido inestable políticamente y se repudia el legado Fujimori, se reconoce que se ha preservado un orden macroeconómico que ha convertido al Perú en unos de los países latinoamericanos con mejor reputación para la inversión extranjera junto a Chile. En buena medida esto se gestó en la década de Alberto Fujimori cuando Perú superó el desastroso experimento del primer mandato de Alan García (1985-1990) que dejó el país en la ruina y con los espacios cerrados para la financiación internacional. Con “el chino” Perú se recuperó económicamente, pero con un costo altísimo en materia de derechos humanos y para la democracia.

La crisis reciente de Odebretch derivó en la salida abrupta de PPK, antecesor de Castillo. A comienzos de su mandato, se había salvado de la destitución pactando con el fujimorismo recibiendo el apoyo de Fuerza Popular, partido de Keiko, a cambio de un indulto en favor de Alberto Fujimori. Sin embargo, el fujimorismo terminaría optando por deshacerse de PPK en medio de las pruebas contundentes por corrupción y sobornos que hicieron su mandato inviable. Martín Vizcarra, su reemplazo, corrió igual suerte por enfrentarse a la poderosa clase política a propósito de la elección de magistrados en las cortes, y no contar con apoyo significativo en el legislativo.

Pedro Castillo quien llegó contra todo pronóstico se enfrenta a un escenario similar al de sus antecesores, pero con una ventaja fundamental: no se presume o se la acusa de ningún delito ligado a la corrupción. Esto es vital pues se debe recordar que todos los expresidentes peruanos vivos están acusados de tal delito y bajo arresto y un dato histórico que no es menor: Alberto Fujimori no cayó por las violaciones a los derechos humanos, sino cuando se filtraron videos de la red de sobornos en el Congreso. Por eso, no parece haber antivalor más afianzado en la política peruana que la corrupción. Eso sí, sobre Castillo llueven críticas por la posibilidad de un giro autoritario, el miedo a una salida masiva de capitales por el nacionalismo económico e incluso por sus declaraciones explosivas de campaña sobre los migrantes a quienes amenazó con la expulsión y su postura abiertamente en contra del aborto, la eutanasia y derechos de parejas del mismo sexo. Por eso, Castillo deberá recomponer su gabinete ante la renuncia de Guido Bellido, primer ministro quien nunca generó consensos, y convocar cuanto antes un equipo de unidad nacional con sectores del progresismo peruano (único aliado de Castillo) y del centro que garanticen unos mínimos de gobernabilidad a partir de los cuales pueda avanzar en reformas que cuenten con amplios apoyos. Aquello implica descartar cambios radicales en el modelo, al menos en el corto plazo, cuando los temores por un giro autoritario lo pueden llevar al mismo escenario de sus antecesores.