¿Quién frena a los magistrados?

Que la nuestra sea la séptima justicia más lenta del mundo, ya lo sabemos. Si algún día pronto se levanta el paro y el Gobierno y los jueces logran ponerse definitivamente de acuerdo, seguirá siendo la séptima peor justicia, sólo que mejor pagada. De la modificación a fondo de los temas estructurales nadie se ocupa porque a nadie importa.

Luego de la pantomima de reforma a la justicia que este año se convirtió en la peor vergüenza de nuestros poderes públicos, nos hallamos más lejos que nunca de pensar que el Legislativo se ocupe de un proyecto serio para cambiar lo que anda mal –¡que es mucho!– en la administración judicial.

Sin embargo, peor que la ineficiencia de los jueces de base y los altos niveles de congestión en sus despachos es el ejemplo que sus máximos jefes ofrecen todos los días. Me refiero a los altos magistrados que andan en plan de perpetuarse a punta de impúdicos brinquitos de corte en corte. La verdad es que la práctica no es nueva.
 
Primero fueron Jorge Castillo y Francisco Escobar. Ahora Pedro Munar y Francisco Javier Ricaurte; todos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia a quienes luego de cumplírseles los períodos, sus ‘compadrotes’ dentro de la corporación y algunos otros a quienes ellos ayudaron a elegir, los premian reciclándolos para el Consejo Superior de la Judicatura sin que medien criterios de selección objetiva.

Así, como venían alertándolo varios columnistas aunque esas opiniones importaran un pepino a los honorables magistrados, Munar y Ricaurte lograron hace unos días el mismo cometido que en el pasado sus otros dos colegas habían alcanzado: prolongar por la más antiética de las vías su cómoda estancia en la cúpula del poder judicial.

Lo grave es que la desvergüenza tiene un ropaje de legalidad que permite a los magistrados hacer lo que quieran sin que nada los frene. No existen controles reales o contrapesos constitucionales libres que vuelvan a los altos dignatarios de la justicia sujetos de responsabilidad alguna. ¿Quién en el Congreso se atreve a juzgarlos cuando son los magistrados de la Corte Suprema los que meten a la cárcel a los parlamentarios? ¡Hagámonos pasito!, parece ser la consigna.

Pero aquellas no son las únicas mañas censurables del alto poder judicial. Nadie se ha atrevido a imponer límites a quienes profieren sentencias constitucionales y luego se lanzan a la política con sus populistas decisiones como estandarte electoral. ¿No debería existir un tiempo prudente de inhabilidad para evitar suspicacias entre la actividad judicial y la política activa?

Ni hablar de los exmagistrados que litigan frente a sus compañeros o, peor aún, frente a aquellos que ayudaron a elegir. Existen varios casos de sospechoso e impune tráfico de influencias entre colegas para producir un fallo en uno u otro sentido y, de nuevo, de estas cosas nadie habla.

No existen pues en Colombia frenos reales para los altos magistrados. Son intocables hasta a la hora de discutir su jugoso régimen pensional.

Twitter @josemacevedom