Quién los mata

Inventó este gobierno una cosa pomposamente llamada Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas, PAO. Nombró a su cabeza a un general retirado, el excomandante de las Fuerzas Militares Leonardo Barrero. Pero en los meses transcurridos desde que esa cosa PAO y este Gobierno Duque existen no se ha visto ninguna acción, ni mucho menos oportuna, ni prevención alguna ni protección de nadie. Por el contrario: el defensor del Pueblo acaba de informar que en el curso del último año han sido asesinados 162 hombres y mujeres de una lista de 740 líderes sociales amenazados elaborada por la Defensoría.

¿Quién los mata? El PAO no se ha enterado. Y su director, el general Barrero, no duró mucho en el cargo, en el cual la ministra del Interior que lo nombró, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que no había estado nunca. Solo servía, explicó la ministra, y sigue sirviendo, de oficial de enlace entre el Plan mismo y las Fuerzas Militares y de Policía.

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Sea cual sea exactamente el nombre del cargo, el general Barrero es el menos indicado para desempeñarlo. Tal como lo denuncian unas cuantas organizaciones de derechos humanos está “impedido ética y moralmente” por su pasado militar, el mismo que le valió para ser despedido bruscamente de la comandancia de las FF. MM. a los pocos meses de ocuparla: sus consejos a los oficiales acusados de “falsos positivos” de que hicieran “una mafia para denunciar a los fiscales y toda esa güevonada”, y su participación directa en esos vergonzosos y criminales casos cuando mandaba la Brigada XVI del Ejército en Casanare en el año 2005, la época fina de la “seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe.

Esa “seguridad democrática”, ese mismo huevito puesto por Uribe, es la que hoy el presidente Iván Duque quiere volver a empollar sin saber si será huevo de torcaz o de víbora, como se preguntaba en Anarkos el poeta Guillermo Valencia:

“En nidos de dolor será serpiente,

en nidos de piedad será paloma”.

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Será serpiente. Así lo anuncia el presidente Duque al lanzar en la base militar de Tolemaida una nueva política de seguridad y defensa que es un calco de la seguridad democrática del Gobierno de Uribe. Llama a la “participacion cívica” de un millón de ciudadanos en una red de informantes, porque “la seguridad es un asunto de todos, no exclusivamente de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia”. Y en ese mismo sentido van los proyectos de autorizar las armas a los ciudadanos, como dijo Uribe en Valledupar. De nuevo las Convivir, de nuevo el paramilitarismo. Del mismo huevo saldrá lo mismo: no una paloma, sino una serpiente.

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Porque aquí todo se repite, aunque haya historiadores que se empeñen en negarlo, y sucede siempre como farsa y tragedia a la vez, ambas veces, o cuantas sea necesarias. Por eso el caso del general protector de sus amenazados me recuerda otro sucedido hace más de veinte años, bajo el Gobierno autista del presidente Virgilio Barco, que tampoco se daba cuenta de que mataban a la gente. Circulaban unas listas de amenazados de muerte, y ya habían matado a algunos, entre ellos Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, y Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos en Antioquia. Fuimos algunos de los listados, encabezados por Alfredo Vázquez Carrizosa, presidente del Comité de Derechos Humanos, a hablar con el entonces presidente encargado coronel Julio Londoño (pues Barco estaba en una de sus frecuentes ausencias), quien nos recibió en compañía del jefe del DAS, el general Miguel Maza Márquez. El cual, oídas nuestras preocupaciones, se ofreció amablemente a brindarnos en persona la protección debida. Y le dijo Vázquez Carrizosa, sin levantar la voz:

–Pero, general: si es usted el que nos está matando.

Y el general Maza, que hoy paga cárcel por no sé cuál de los muchos asesinatos del DAS, se puso colorado.