Quién responde por la tragedia de Medellín?

En Colombia nos hemos acostumbrado a que sólo se exijan responsabilidades penales como mecanismo de castigo a todo aquel que incurra en fallas en el ejercicio de un cargo público. Y se respira tranquilidad cuando el funcionario involucrado en prácticas deshonestas va a la cárcel. Ahí termina todo.

Ese enfoque reduccionista desestima los errores, fatales en algunas ocasiones, que se cometen dentro de la estructura del Estado, en cualquiera de sus niveles, y permite que se olviden las responsabilidades políticas, un aspecto clave de la democracia en cualquier lugar del mundo que debe tener tanto peso como la penal.

La muerte de 28 personas en el barrio El Socorro, de Medellín, tras un deslizamiento de tierra que arrasó 20 viviendas al amanecer del sábado 31 de mayo, es un hecho doloroso que reclama tanto responsables penales como políticos.

La responsabilidad política es, según algunos teóricos, la que tiene todo actor político, incluso de naturaleza no electiva, respecto a lo que ocurre en su área de poder directo, aunque no haya intervenido directamente en ello. Se supone que quien acepta un cargo público está en condiciones de ofrecer una adecuada prestación de un servicio en términos de eficiencia y capacidad; por lo tanto, se le reclama una conducta responsable, confiada en último término a su ciencia y conciencia.

En esa perspectiva, el abuso de autoridad, negligencia o torpeza en la administración pública debe traer consecuencias negativas para los funcionarios, tales como la renuncia al cargo y, si caben, sanciones legales y penales.

El exceso de lluvias y la acumulación de aguas en un deposito de escombros ubicado en la parte superior de la zona de la tragedia, que venía siendo explotado ilegalmente desde hacía cuatro años, habría generado un movimiento de tierra de grandes proporciones que provocó el deslizamiento y arrasó con todo a su paso.

Por ello, desde el sitio del siniestro, el alcalde de la ciudad, Alonso Salazar Jaramillo, anunció que instauraría una acción penal contra el ciudadano que estaba operando la escombrera, pues tal actividad, a su juicio, causó la tragedia. Ya dictarán los jueces sentencia cuando encuentren al hombre, escuchen su versión y contrasten la información.

Pero en este caso no sólo hay responsabilidad penal. Cuando una tragedia ocurre, por efectos del invierno y en sitios urbanos, es posible determinar que alguien, desde la función pública, hizo mal algún trabajo. En el caso del barrio El Socorro, las evidencias indican que alguien no aplicó los correctivos necesarios, pues permitió un trabajo ilegal por varios años, ni atendió a tiempo las recomendaciones que se derivaron de las alertas de la comunidad. De ello ha quedado constancia escrita.

Según registros de la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, un habitante de El Socorro llamó al 123, número único de prevención, emergencia y seguridad, el viernes 28 de marzo a las 9:38 de la mañana, alertando sobre un posible movimiento de tierra: “la banca de la vía se está deslizando y la vía se está agrietando al parecer por el paso de vehículos pesados por el sector” se consigno en la ficha número 13998.

En respuesta a esa alerta, funcionarios del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres (Simpad) visitaron el lugar el martes 2 de abril. Luego de inspeccionar el lugar, se le hicieron varias recomendaciones a la Secretaría de Obras Públicas para proteger el sector afectado.

Una segunda llamada de alerta se hizo el martes 20 de mayo a las 11:35 de la mañana. Se volvió a advertir que había movimiento de tierra. Funcionarios del Simpad volvieron al lugar al día siguiente y tras constatar la situación consignaron en la ficha 14774 lo siguiente: “Este informe REITERA las recomendaciones dadas en informe SIMPAD 13998”. Una tercera llamada de un habitante del sector fue realizada el jueves 29 de mayo. Dos días después ocurrió el desastre fatal.

Maquiavelo recomienda no extender a nadie un derecho de impunidad ante las infracciones al orden legal y al bien público; ni siquiera a aquellos que hubieren reportado antes un beneficio a la comunidad. En ese sentido, hay que resaltar que si no hay temor al castigo, se anulará la eficacia de las leyes y de nada servirá el poder regulatorio de las relaciones que teje la democracia entre ciudadanos y el Estado.

Es claro entonces que la renuncia de un funcionario no devuelve el tiempo y evita lo ocurrido, pero el manejo de una ciudad, cualquier que ella sea, necesita funcionarios eficientes y competentes que tengan la capacidad de prevenir la tragedia y, de no lograrlo, asuman los costos de la responsabilidad política. Medellín, que se describe como solidaria y competitiva, no sólo requiere de buenos maquilladores urbanos.