Quien vote la ley tributaria, lo pagará en las urnas

Una reforma implica cambiar o innovar algo para mejorarlo, pero cuando es para pagar tributos causa intranquilidad y angustia, sobre todo en el contexto de una pandemia que un año después sumió a la mayoría de las familias colombianas en la más feroz crisis económica de los últimos 30 años y la pobreza se pasó de la raya. Reducidos sus ingresos drásticamente, los proyectos familiares quedaron truncos y aplazados por varias generaciones.

Nos clavan una reforma tributaria tras un año de la pandemia cuando las pequeñas y medianas empresas, que soportan sobre sus hombros el 80 por ciento del empleo del país, tuvieron que abortar los procesos productivos tras el fulminante confinamiento que implicó protegerse del virus. Los debilitados empresarios que insistieron para mantenerse en pie fracasaron rotundamente porque los llamados auxilios del gobierno nunca llegaron, al contrario, se fueron a engrosar la caja de los poderosos grupos económicos.

En un 17,5 por ciento aumentó el desempleo; sin embargo, insisten en clavarnos una reforma tributaria. Tras la pandemia cientos de miles de trabajos fueron eliminados, la mano de obra quedó desprotegida y como consecuencia se avivó y agravó un mal endémico de nuestra sociedad: el trabajo informal. El 70 por ciento de los colombianos terminó en el rebusque.

La pregunta que aflora es si es moral y éticamente necesaria una reforma tributaria en este contexto. “Sí”, dicen los tecnócratas a grito herido. “El país -aseguran- necesita de ingresos o de lo contrario la crisis va a ser más profunda”. Pero a esa afirmación se une otro interrogante: ¿es el bolsillo de la gente (clases medias y bajas) la única fuente para alcanzar esos ingresos? ¿Es eso ético? Porque si se tira de la manta de las exenciones, de los que están libres de cargas y obligaciones tributarias, comprobamos que quienes no pagan impuestos son los ricos, los grandes capitales, las multinacionales y obviamente los corruptos.

Un ejemplo, que viene como anillo al dedo: el Grupo Aval acaba de informar que repartirá dividendos superiores a un billón 200 mil millones de pesos entre sus accionistas. Esos dividendos, hoy no están gravados, es decir, esas ganancias parásitas e improductivas, no pagan impuestos. Y, sin embargo, en el proyecto de ley del gobierno no se contempla ese gravamen. Eso tiene un nombre, según el articulista del periódico inglés Financial Times: “pluto-populismo: un matrimonio perfecto entre plutocracia y el populismo de derecha”.

Está probado que se puede hacer política de otra forma sin necesidad de clavarle más impuestos a la gente. Así lo han demostrado países que decidieron apostarle a una Renta Básica o ingreso mínimo vital como España. Crearon un ingreso mensual que se concibió como una estrategia para reactivar la economía dándole más poder adquisitivo a las familias. Fueron recursos que fortalecieron el consumo y por ende la producción de la industria nacional.

Pero no, aquí el negacionismo ha sido el denominador común y se trasladó esa ayuda a un subsidio miserable que no supera los 160.000 pesos mensuales. Prevalece la falsa política con la que nos han gobernado por décadas de que fortaleciendo el gran capital financiero y empresarial se garantizará empleo y reactivación económica. Absolutamente falso, está probado que esos incentivos al gran capital solo producen desigualdad, desempleo y concentración de la riqueza.

Tras la pandemia en los foros económicos se viene planteando con insistencia la necesidad de acabar con “la cultura del privilegio arraigada” en los países de América Latina. No se trata de expropiar el patrimonio y las ganancias representadas en dividendos como lo dice un posible candidato presidencial, es simplemente un mínimo de decencia y de ética entender que quienes más ganan aporten más al sistema fiscal, es la única manera de cerrar la brecha de la desigualdad y generar una justicia social sólida y redistributiva.

Mentir a sus electores es dañino, desprestigia y debilita la democracia. Duque en campaña lo dijo en todos los tonos que no iba a crear más impuestos y ya lleva tres reformas tributarias en menos de tres años de gobierno. Ahora nos vende este abuso fiscal como el de la “sostenibilidad social”. Mentiroso.

¿Se arriesgará el Congreso a votar una ley que busca quitarle la platica a los colombianos poniendo en riesgo el futuro de su núcleo familiar, es decir, el de sus hijos? Porque sería muy cínico el político que votó la reforma tributaria y sale, después, a buscar un apoyo electoral luego de joderse en los pensionados, en los millones de hogares que hoy padecen la crisis de la pandemia, mientras los ricos nadan en sus fortunas y los corruptos no sacan las manos de ese gigantesco tarro de mermelada en que se convirtió el gobierno de Duque.