Posdesastre

Todo lo que se justificó para desmovilizar a las Farc y acabar con la criminalidad está resultando una gran estafa. ¡Un desastre! A la firma del acuerdo, 40 individuos estaban en disidencia en la zona del antiguo bloque Oriental. Hace unas semanas trascendió que la Misión de Verificación de la ONU ya registra en esos mismos territorios 1.100 hombres en armas, esto es, cerca del 42 por ciento de los 2.595 integrantes contabilizados por el Ministerio de Defensa en septiembre de 2016.

A los 1.100 se deben sumar los milicianos, además de las disidencias en Nariño, Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo y otras regiones. Algunos grupos se siguen reivindicando como Farc y en total son en número superiores al ELN. A ese ritmo en unos meses habrá 3.000 personas en esas filas, sin contar con los que jamás se desmovilizaron y las armas nunca entregadas. ¡Mucha más gente y con plata del narcotráfico y la minería criminal!
No se puede hablar de pacificación con esas organizaciones delinquiendo, ni es posible implementar los acuerdos donde mantengan el control. El desborde de la coca agrava la situación. Pensar en Estado de derecho donde la ley no existe, sino la coca, es una gigantesca mentira. La calculada extensión de los cultivos ilícitos estimula el fracaso de la reincorporación.

La responsabilidad es tanto de las Farc como del gobierno. La cúpula guerrillera debe asumirla. Prometieron desmantelar el aparato violento y en cambio permiten que gran parte subsista con la excusa de las disidencias. Si Timochenko y compañía mantienen la más mínima relación con esas disidencias narcotraficantes estarán, comprando un tiquete en vuelo de la DEA.

Lo que mal comienza mal termina. Como el capítulo sobre reincorporación del acuerdo no se culminó en La Habana, se inventaron un Consejo de Reincorporación que lo siguiera negociando. Ni el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, ni el entonces alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, pusieron atención al tema. Jaramillo, taimado, escurrió el bulto a sabiendas del desastre que venía.

Recuerdo las propuestas que hicimos desde la Comisión de Voceros del No al gobierno. Se demostraron las graves falencias del acuerdo respecto a la desmovilización, al tiempo que se advirtió que no existía una ruta de reincorporación que condicionara beneficios jurídicos, económicos y sociales a la reintegración efectiva. ¡Aún hoy no la tienen! Al finalizar una de las sesiones, la respuesta de Frank Pearl, responsable del capítulo, fue que no se tocará esa parte porque le habían “hecho un gol a las Farc”. Brillante. ¡Autogol!

Para completar, no existen mecanismos de seguimiento riguroso sobre los desmovilizados. El gobierno no conoce dónde están, ni a qué se dedican. Sabe sobre los que se mantienen en las anteriores zonas veredales, pero no tiene forma de monitorear y evitar que regresen al delito, ni tampoco de velar institucionalmente por sus derechos. ¡Muy grave! La reincorporación cierta es garantía de no repetición.

En los lugares donde permanece una parte de los exguerrilleros predominan el pesimismo y la incredulidad. Cuentan los días que quedan para seguir recibiendo la manutención del gobierno y observan con frustración que los ilusionan con “proyectos productivos”, cuando ni siquiera pueden gestionar un certificado de Cámara de Comercio. El característico conejazo de Santos llegó hasta los campamentos. La idea general es que entregaron las armas y el gobierno les incumplió. El acuerdo es literatura y el crimen organizado aprovecha, tal y como lo señala el fiscal Martínez. La desbandada no se va a detener.
Finalmente, nunca arrancó la estabilización de las regiones, clave en la reincorporación. Le dejaron esos territorios a las disidencias y a las bandas criminales que asesinan a líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras en Bogotá pregonan la “consolidación de la paz”. O pregunten a Naranjo cómo le fue en Tumaco. El próximo gobierno recibirá una situación inmanejable. La combinación de cultivos de coca, narcotráfico, incumplimientos del Estado, movilización social, disidencias, violencia y unas instituciones tremendamente fracturadas y debilitadas será el legado. No obstante, Santos saldrá esta semana a celebrar un año del acuerdo, sin reconocer el posdesastre.

*Exviceministro de Defensa