Reciprocidad en la búsqueda de la paz

El asesinato de los seis militares colombianos el pasado 4 de julio, en la zona rural del municipio de Valdivia, departamento de Antioquia, por parte de la guerrilla del ELN y las denominadas disidencias de las Farc, está mostrando que, a pesar de la buena voluntad de paz del presidente Petro, no existe ningún tipo de reciprocidad de los grupos armados ilegales.

Es apenas natural que si grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc están participando en un proceso de diálogos de paz con voceros del Gobierno nacional, después de varios meses deberían existir, como mínimo, niveles de confianza entre ellos y compromisos públicos de cese unilateral de acciones militares de cada una de las partes.

De otro lado y en lo que respecta a los grupos armados ilegales, debería también existir el cese inmediato de la práctica del secuestro, incluyendo la libertad y sin condiciones de todas las personas que tengan secuestradas, como también una amplia información de zonas infectadas por minas antipersonales, conocidas popularmente como quiebrapatas.

Lo contrario es mantener un clima de falsas apariencias que no les sirve ni al Gobierno nacional ni a los grupos armados ilegales, como tampoco a la población colombiana urbana y rural que sigue siendo la principal víctima de la absurda violencia que, desde hace más de 70 años, vivimos en Colombia.

Mantener dichos diálogos sin ningún tipo de reciprocidad en materia de paz de parte de los grupos armados ilegales será aceptar que la buena voluntad política del presidente Petro en esa materia se vaya debilitando o perdiendo autoridad ante los propios grupos armados ilegales y la población colombiana.

Ese tipo de prácticas de doble moral de los grupos armados ilegales, sencillamente, no la puede aceptar ningún presidente de Colombia, sea de derecha, centro o de izquierda porque va contra su propio mandato democrático y el mandato universal de los derechos humanos que garantiza el derecho de la población a vivir en paz.

Como todas las personas que vivimos en Colombia tenemos derecho a opinar públicamente sobre las iniciativas del presidente en materia de paz, con todo el respeto sugiero que lo mejor, para el presente y futuro democrático del país, sería que tomara la decisión política de suspender los diálogos que actualmente se vienen adelantando con la guerrilla del ELN, en el exterior, y con algunos integrantes de las disidencias de las Farc en el interior del país, manifestando que los mismos se reanudarán cuando dichos grupos armados se comprometan públicamente con la población colombiana a cesar todo tipo de acciones criminales y violentas, como son los asaltos contra nuestros policías y militares, el secuestro en todas sus formas y la colocación de minas antipersona.

Si no lo hacen, sugiero al presidente Petro que promueva un referendo nacional para que el pueblo, como constituyente primario, se pronuncie sobre cuáles deben ser los mínimos que se les debe exigir a los grupos armados ilegales en futuros diálogos de paz.

Mientras tanto, el presidente Petro debería promover diálogos con los gobernadores departamentales y alcaldes municipales de aquellas regiones de Colombia que están siendo más afectadas por la irracionalidad y prepotencia de los grupos armados ilegales, a fin de lograr con ellos las nuevas acciones en terreno de las fuerzas militares y de policía, lo mismo que sobre las posibilidades de adelantar, de manera discreta, diálogos con voceros de las comunidades rurales afectadas por las diversas modalidades de violencia y de negocios como la minería ilegal y el narcotráfico. También, con los voceros de los grupos ilegales que operan en dichas regiones se deben explorar, de manera muy discreta, esos mismos diálogos.

Reitero que la violencia, en todas sus manifestaciones, al igual que la corrupción y el despilfarro, son contrarias a la democracia, tanto en Colombia como en cualquier otro país. De modo que es apenas natural que la búsqueda de la paz en Colombia demande, tanto del Estado como de los diversos grupos armados ilegales, deberes y compromisos públicos recíprocos.