Referendo constitucional

La Constitución de 1991 estableció distintas formas de participación democrática: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Se trató de fortalecer la democracia. De un lado, la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes, en los órganos colegiados y unipersonales. De otra parte, la democracia participativa, en la cual los ciudadanos adoptan directamente las decisiones en asuntos de transcendencia nacional, relativos a normas constitucionales o legislativas, a actos administrativos, a presentación de proyectos y a revocatorias de mandato.

El referendo consiste en la aprobación o rechazo de un proyecto de norma jurídica o derogatoria de una vigente, puede ser nacional, regional, departamental o municipal.

A iniciativa del Gobierno, de un grupo de ciudadanos (el 5 por ciento o más del censo electoral, hoy equivaldría a algo menos de 2 millones) o del Congreso, mediante ley aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras, podrá someter a referendo una reforma constitucional, de manera que elector pueda votar a favor o en contra. Para su aprobación requerirá la mitad más uno de los votos y que hayan participado más de la cuarta parte de censo electoral (algo más de 9,5 millones de votantes). Los procedimientos de participación democrática han sido de difícil ejecución, se les exigen muchos requisitos y votaciones muy altas, que han impedido su fácil aplicación.

El primer gobierno de Álvaro Uribe, en 2002, propuso un referendo de 19 preguntas, sobre inhabilidades para cargos públicos; voto nominal y suplencias en cuerpos colegiados; control de la Hacienda Pública; funciones administrativas y reducción del Congreso; perdida de investidura; limitación a pensiones y salarios; supresión de contralorías y personerías territoriales; prohibición de auxilios; el ahorro de las supresiones se destinaría a educación y saneamiento básico; racionalización del gasto público; umbral del 2 por ciento para el reconocimiento de partidos políticos; castigo al narcotráfico y prevención de la drogadicción; y, periodos institucionales para autoridades territoriales. A pesar de haber sido un gobierno elegido por mayoría absoluta, en el referendo solo se logró la aprobación de un artículo, la muerte política para personas condenadas por delitos de corrupción.

Nuevamente, Álvaro Uribe, 18 años después, propone discutir un referendo constitucional de 13 preguntas, de las cuales 5 son sobre aspectos similares a la vez anterior: muerte política a condenados por delitos de lesa humanidad; decomiso de sustancias ilegales; austeridad en el gasto público; reducción del Congreso; y, limitación de salarios. Temas nuevos, relativos a la justicia: número de corporaciones judiciales; tribunal de aforados; derogatoria de la JEP, garantías judiciales para integrantes de la fuerza pública. Otros más se refieren a protección de líderes sociales, ingreso solidario, gratuidad de la educación y protección a ecosistemas.

Coincide, el senador Roy Barreras, en proponer un referendo constitucional, pero con un tema diferente: revocar el mandato del presidente; y en otros similares, salario básico y pensión universal; y, educación gratuita.

Se trata de miembros de la democracia representativa intentando poner en marcha procedimientos de participación ciudadana de probada dificultad. En el caso de Uribe, la propuesta viene después de la renuncia a su curul en el Senado; en el caso de Barreras, se hace después de la renuncia a pertenecer al Partido de la U. El primero, insiste en antigüos temas de su agenda política, en la reforma a la justicia, en la revisión de la JEP y en asuntos sociales; el segundo, concreta su oposición al gobierno con la extraña mezcla de referendo y revocatoria del mandato presidencial, hoy inexistente en el ordenamiento.

En fin, la debilidad de los partidos políticos y la polarización causada por la desaprobación popular del acuerdo con las Farc, ha llevado a que la democracia representativa se sirva de los procedimientos de participación ciudadana, para centrar la agenda política o para sobresalir en la oposición.