Referendo Derogatorio

Desde que el anterior gobierno se propuso adelantar negociaciones con las Farc la sociedad se encuentra profundamente dividida y radicalizada, pues eligió la muy criticable estrategia de comunicación consistente en dividir entre amigos y enemigos de la paz, y obtuvo mayoría negativa en el plebiscito de refrendación del acuerdo.

 En este contexto, el presidente fue elegido con una posición moderada de centro derecha, específicamente con la propuesta de implementar el acuerdo con las Farc, pero con modificaciones, lo que implica la realización de consensos y la superación de la división, algo que debe entender la nueva oposición.

 No obstante lo anterior, las diferencias se han profundizado, por las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz donde la Corte Constitucional reconoció una discutible mayoría; por la decisión de no permitir la extradición de Jesús Santrich por parte de la JEP; por la negativa de pérdida de investidura de éste por el Consejo de Estado; por la concesión del fuero congresional por la Corte Suprema de Justicia y por su posesión como Representante a la Cámara. Se trata de decisiones judiciales expedidas por los altos tribunales, varias de estas con posibilidad de apelación.

 Así las cosas, un grupo de ciudadanos está promoviendo un referendo para derogar la Jurisdicción Especial de Paz, para crear salas especiales en la Corte Suprema de Justicia y para remover a los actuales magistrados. Es una reacción más dentro de un ambiente profundamente polarizado.

 Lo cierto es que para adelantar tal referendo, se requeriría recolectar firmas equivalentes al 5% del censo electoral, 1,9 millones aproximadamente; tramitar una ley de convocatoria a elecciones con la mayoría de los miembros de una y otra cámara; revisar la ley por la Corte Constitucional; y obtener el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos excediera la cuarta parte del censo electoral, 9,5 millones aproximadamente. Todo lo cual implicaría el transcurso de cerca de dos años.

 Se trata de un procedimiento de participación ciudadana de muy difícil éxito. El referendo contra la corrupción, un asunto prácticamente sin oposición, no alcanzó el umbral. El referendo propuesto por Álvaro Uribe, en su primer gobierno, tan solo logró aprobar una pregunta, a pesar de tratarse de un presidente elegido por mayoría absoluta. Estos antecedentes y las complejidades del trámite no auguran feliz término.

 Ahora bien, se debe anotar que resulta desproporcionado atacar fallos judiciales mediante la supresión de una jurisdicción y la remoción de magistrados, cuando se pueden ejercer los recursos de apelación respectivos y los magistrados están sujetos al control político del Congreso.

 Este tipo de propuestas solo se explican por la exacerbación de los ánimos en la diferencia y por la torpeza política de corto plazo de obtener figuración en el escándalo y la confrontación, cuando el camino acertado es la construcción de políticas de Estado, de consensos de los partidos en los asuntos fundamentales, por encima de las posturas ideológicas.

 En fin, parecería que grandes sectores de opinión están atrapados entre las posturas radicalizadas, sin encontrar el vocero y la formula de conciliación entre los extremos.