¿Esta vez se dejarán cambiar?

Si el próximo martes no se aprueba en primer debate la reforma a la justicia, no habrá tiempo suficiente para que se surta todas las etapas que se requieren y el país habrá perdido –¡otra vez!– la oportunidad de modernizar la estructura y el funcionamiento de nuestra anquilosada rama judicial.

Por algo hay que empezar y sería mejor que en vez de tener una inacabable colcha de retazos, nuestros congresistas fueran pragmáticos y se concentraran en cinco puntos específicos y los sacaran adelante de verdad.

El primero y más crítico de todos tiene que ver con la gerencia de los recursos de la rama judicial. Para nadie es un misterio que al inoperante Consejo Superior de la Judicatura desde 1992 lo hemos intentado sepultar, con tan mala suerte que aquel engendro no se ha dejado eliminar. Por eso la propuesta de fortalecer y darle facultades administrativas a la Comisión Interinstitucional, en la que tienen asiento las cabezas de las Cortes, pero también los empleados de la rama, parece una alternativa tan participativa como eficiente. Sus directrices servirán para que un organismo de gerencia técnica pueda funcionar con más desenvolvimiento y la aparición de una verdadera comisión judicial fortalecerá la calidad de nuestros jueces.

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Lo segundo que hay que hacer es trabajar por la seguridad jurídica tan maltrecha en nuestro país. Hechos iguales deben resolverse de igual manera siempre y esta reforma contiene principios importantes que alientan la coherencia jurisprudencial, mediante sentencias de unificación en todas las Cortes. Lo tercero es elevar los requisitos para ser magistrado, y esto también está contenido en la reforma. Que la magistratura sea el punto de llegada y no el de partida. Lo cuarto es tan simple como revolucionario: si un procesado se allana a cargos, es agarrado con las manos en la masa y confiesa su responsabilidad en hechos delictivos, será el juez de garantías quien proceda de inmediato a condenar al culpable sin desplazar esa competencia a otro juez de conocimiento, como ocurre en la actualidad. Hecho confesado, hecho juzgado. Sin dilaciones ni garantismo desbordado.

Hay un quinto punto que también vale la pena mencionar: el proyecto le da al gobierno un año para “desjudicializar conflictos” que no merecen pasar por los juzgados y que hoy están congestionando soberanamente el sistema judicial.

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Como sea, el acto legislativo debería ser el que apruebe el Congreso y no el que dicten a su acomodo las Cortes, que, por cierto, parecen tener tan poco interés en que las cosas cambien que alguno de los magistrados que participó en las primeras reuniones para tratar los contenidos de la reforma, en lugar de hablar de los asuntos de fondo, terminó preguntándole a la ministra de Justicia si el gobierno insistiría en el proyecto que busca congelar los salarios de los altos funcionarios del Estado. Por eso es que una reforma a la justicia consensuada con las Cortes es difícil, precisamente, porque algunos de sus magistrados parecen estar más interesados en que no les bajen el sueldo que en mejorar la rama judicial.

Finalmente, es una lástima que en Colombia se volviera prohibido hablar de las deficiencias de la tutela y que sea casi un sacrilegio intentar regularla. Uno de los miembros de la Sala Laboral de la Corte Suprema dio un dato que demuestra que se está abusando de esta figura: de 6.000 tutelas analizadas por esa Sala alegando violación al debido proceso, ninguna cumplía con los supuestos de vulneración a ese derecho fundamental. Otro dato: solo en los juzgados de Bogotá hay 32.000 tutelas contra multas de tránsito. ¿Qué derecho fundamental se está vulnerando? ¿No debería recurrirse a un procedimiento administrativo distinto para controvertir legítimamente un comparendo?

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Ya veremos el martes, y en los debates que sigan, si esta vez los congresistas se le miden a cambiar las malas costumbres de la justicia y si los magistrados no bombardean por debajo de la mesa esta reforma, como ya lo han hecho otras veces.