Reforma a la salud: a construir sobre lo construido

Mucho se especula, pero poco se conoce en realidad, sobre el articulado de la reforma a la salud que el Gobierno presentará al Congreso. Hoy veo, con gran incertidumbre y preocupación, que los diferentes actores que intervienen en el sistema objeto de reforma no lo conocen.

El Estado social de derecho en una democracia participativa exige a las autoridades el deber de informar a la comunidad sobre los proyectos o propuestas de cambios en la regulación de asuntos trascendentales. Es lo que se conoce como la socialización, justamente lo que en esta coyuntura reclaman los diferentes actores del sistema de salud.

Esa incertidumbre generada por la falta de conocimiento del contenido de la reforma y sus alcances, contrarios a ser positivos, empiezan a generar diferentes reacciones que afectan directa y/o indirectamente la prestación del servicio y, por ende, al usuario y sus derechos fundamentales.

Con lo dicho me refiero a los incrementos en la solicitud del servicio de salud que muchos temen perder, a la zozobra en los prestadores del servicio, angustia en los empleados de las entidades y en los deudores de tales empresas.

La responsabilidad e impacto en los cambios propuestos es de tal magnitud que como procuradora general de la nación siento el deber de hacer un llamado para construir sobre lo construido, sin hacer tabula rasa, teniendo en cuenta no solo la lógica y conveniencia, sino el principio de derecho constitucional, desarrollado por nuestra Corte Constitucional, denominado “mandato de progresividad”. Este impone, en el caso de la salud, la función legislativa y la obligación de respetar los grados de protección alcanzados so pena de inconstitucionalidad.

Se debe reconocer que hemos mejorado a través de 30 años de implementación. Un ejemplo triste es el llamado paseo de la muerte, razón por la cual debemos seguir trabajando para que ni un solo colombiano o colombiana deba pasar por un caso similar. En ese sentido, resultaría inadmisible retroceder frente a los avances logrados, a los grados de protección obtenidos. La Constitución nos lo impone y la experiencia nos lo demanda.

Por supuesto que es imperioso realizar reformas al actual sistema de salud: para nadie es desconocida la posibilidad de adoptar mejoras, de brindar mayor oportunidad y calidad en el servicio, pero ello indiscutiblemente exige construir sobre realidades.

No sobra anotar las graves consecuencias de la desinformación, generadas por cifras de deudas que no coinciden con lo que se ha venido reportando, además de la atribución de responsabilidades que no les corresponden a actores del sector. Con esto se impide conocer a fondo las falencias actuales y se generan especulaciones sobre el estado de un sistema que hoy funciona con una amplia cobertura.

El éxito de esta reforma exige prever etapas de transición coherentes con la realidad social, económica y cultural de la población a la que va dirigida, el análisis milimétrico de cada debilidad encontrada en el sistema, identificación de su origen con su propuesta de mejora, así como validar la capacidad instalada de las entidades que participan.

Se requiere de manera prioritaria proceder a la socialización oficial del proyecto de ley que el Gobierno presentará para reformar el sistema, y que dicha reforma mejore sustancialmente el sistema de salud vigente al presentar soluciones a las problemáticas de salud que se viven hoy, que incremente su cobertura, su tiempo de respuesta, y que todas esas propuestas tengan un análisis de viabilidad y sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.

Mientras ello ocurre, es importante hacer un llamado para que cesen de manera inmediata las declaraciones sueltas e inexactas que generan expectativas fatalistas, que ponen en riesgo, reitero, el funcionamiento integral del sistema de salud vigente.