Reforma para los míos

La ministra de trabajo Ramírez no ha dudado en reconocer que su reforma laboral no está destinada ni pensada para crear empleo. Tampoco busca luchar con el otro mega problema laboral en Colombia: la informalidad.

Dice que la reforma es para recuperar derechos. Supongamos que es cierto. Entonces, la pregunta es: ¿Recuperar los derechos de quién?

No el derecho al trabajo de ese 11, 3 % de la población económicamente activa que no lo consigue. No el derecho al trabajo de los jóvenes entre 17 y 24 años, cuyo índice de desempleo se mantiene hace más de una década encima o bordeando el 20 %.

Tampoco los derechos de cerca del 60 % del promedio de la población que sigue en la informalidad y se mantiene fuera de la seguridad social, generando un fuerte impacto en el financiamiento de la salud y sin aportar o ahorrar un peso para su pensión.

Entonces debemos creer que esta reforma recupera derechos para esa privilegiada minoría de colombianos que si tienen contrato de trabajo con todas las prestaciones y que, además, en promedio ganan hasta el doble del salario mínimo.

Nos dicen que ellos son la prioridad de este gobierno por encima de todos los demás trabajadores y que, a pesar de que les va mejor que al resto, requieren urgente y amplificada protección.

Supongamos que sí. Que aquí también hubo despojo y que por ello es prioritario que se recuperen los derechos de la minoría privilegiada del país. ¿Pero a qué costo es eso razonable?

Porque así la ministra y Petro miren para otro lado, habrá un alto costo por pagar en su reforma laboral y es, increíblemente, la destrucción de mucho empleo formal, de esa misma minoría de empleados que quieren proteger.

Pérdida de empleo por la reducción de la flexibilidad del contrato de trabajo, la imposibilidad de terminar el contrato, al someter la terminación al arbitrio judicial, el encarecimiento de los costos y los recargos, el aumento de la prescripción de la acción laboral, el aumento de licencias y gabelas entre otras modificaciones de la reforma.

Solo 6 % de los trabajadores formales que, recordemos son apenas el 40 % de los trabajadores, sino menos, están sindicalizados. Hacen parte de las grandes empresas del país. Allí, en las grandes empresas, aspira Petro a que sus correlegionarios se multipliquen y sigan proveyendo huestes de nuevos trabajadores sindicalizados que le aseguren capacidad de movilización a perpetuidad para imponerle al pueblo colombiano la dictadura del proletariado.

¿Por qué seguir adelante con esta reforma? Para satisfacer al activismo sindical determinante en la elección de Petro e instrumental en la implementación de la democracia popular y directa con la que Petro espera brincarse la constitución y afianzarse en el poder desde su balcón.

Solo 6 % de los trabajadores formales que, recordemos son apenas el 40 % de los trabajadores, sino menos, están sindicalizados. Hacen parte de las grandes empresas del país. Allí, en las grandes empresas, aspira Petro a que sus correlegionarios se multipliquen y sigan proveyendo huestes de nuevos trabajadores sindicalizados que le aseguren capacidad de movilización a perpetuidad para imponerle al pueblo colombiano la dictadura del proletariado.

Solo estas grandes empresas podrán encajar el aumento de los costos de la reforma y, además, al tener más carne en el asador, Petro sabe que puede negociarlas, someterlas y alinearlas con más facilidad que a la pequeña y mediana empresa colombiana, rebelde y que no cree ni transa con veleidades marxistas. Ese pequeño y mediano empresariado que construye el empleo y la riqueza nacional, sin “acceso” al poder ni a los medios. Que no puede costear lobby en el congreso y que es capitalista, desconfía del estado, desea crecer y conquistar mercados y no necesita que le regalen rentas atadas los dueños del poder.

¡Si las PyMES se friegan con la laboral, no interesa! Si reducen su empleo formal ¡de malas! Ellas y sus trabajadores no son objetivo de este gobierno proletario.

El proletariado que le sirve a Petro tiene que ganar bien y salir a marchar, sea que su sindicato sea privado o público.

Y estos quedarán satisfechos materialmente con la nueva reforma. Y también ideológicamente obtendrán un triunfo valioso. El triunfo del privilegio de unos sobre el derecho al trabajo de la mayoría.

Además, deriva de la reforma, en el ámbito del derecho laboral colectivo, la dictadura del sindicalismo y la creación de un entorno de caos en la empresa. Por una parte, se impone el derecho de asociación a quienes no desean o quieren asociarse, un esperpento constitucional que justifica, por sí mismo, el trámite como ley estatutaria de la reforma.

Por otra parte, y ya se padece de manera grave en grandes agroindustrias, empieza la toma de plantaciones y fábricas con huelgas ilegales que se mantienen, ante la indiferencia de la policía nacional.

Como Mussolini y el socialismo radical, Petro promoverá la toma de empresas como una ruta de caos y debilitamiento económico e institucional, pavimentando su permanencia en el poder. ¿Los partidos de la coalición del gobierno se prestarán también para este despropósito?