Reforma Policial: empecemos con un laboratorio en Bogotá

Aníbal Fernández de Soto

Son dolorosos y preocupantes los hechos ocurridos en Bogotá. Es totalmente repudiable la actuación de los policías que se excedieron en su proceder causando la muerte de un ciudadano. Igualmente hay que rechazar de manera categórica el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía en el marco de las protestas ciudadanas. En total son trece muertos y decenas de heridos, todos victimas que merecen solidaridad, apoyo, verdad, reparación y actos en donde se les pida perdón. Toda la sociedad necesita garantías de que situaciones de esta gravedad no se volverán a repetir.

La Policía necesita una revisión de fondo, que reafirme su carácter civil y el enfoque de derechos humanos en el que debe centrarse su actuación. Sin embargo, no creo que en medio de una crisis de estas proporciones, en un ambiente político tan polarizado, aun en medio de la pandemia, con los ánimos caldeados por el encierro y las angustias propias de las dificultades económicas y sociales, vayamos a lograr los consensos que se requieren para adelantar una reforma estructural que implique enmiendas constitucionales y legales, así como ajustes administrativos muy profundos.

El llamado es a actuar con serenidad, trabajar en equipo en todos los niveles, procurando evitar que un debate tan complejo para el país termine orientado por los extremos y politizando o debilitando una institución fundamental para enfrentar los desafíos que tiene el Estado hoy y a futuro. Lo que más preocupa en este momento es que se genere una ruptura que impida un trabajo fluido entre las autoridades.

La prioridad en este momento es retomar el control del orden público y para eso se debe asegurar que la línea de mando se respete y se cumplan las ordenes impartidas a la Policía. Es fundamental que se logre una mínima alineación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor. Seria deseable que se realizara un consejo de seguridad en la ciudad, presidido conjuntamente por el Ministro de Defensa y la Alcaldesa, para definir acciones que prevengan nuevos hechos de violencia, que aceleren las investigaciones sobre los actos criminales de la semana anterior, que profundicen la labor de inteligencia para identificar y evitar infiltraciones de grupos ilegales en las manifestaciones públicas y que prioricen labores pedagógicas alrededor de la convivencia ciudadana.

Es urgente que el diálogo entre el Gobierno y la alcaldía se traduzca en decisiones prácticas, inmediatas, que orienten la labor de la Policía para recuperar la confianza perdida. Es en este ámbito en donde hay espacio para innovar, hacer ajustes y probar nuevas aproximaciones. Las competencias de los alcaldes, en su calidad de primera autoridad de policía, son más amplias de lo que a veces se entiende. Existen ejemplos de enfoques diferenciales que se han probado con éxito en otras ciudades y que dan pie para estructurar un nuevo esquema de la labor policial. Mientras que la discusión sobre una reforma estructural a la Policía puede llevar a interminables e insuperables debates políticos, una conversación técnica para desarrollar una especie de laboratorio de prueba en Bogotá permitiría acercar a las autoridades para explorar nuevas fórmulas en el servicio de vigilancia y seguridad.

Rodrigo Guerrero, médico y dos veces alcalde de Cali, apeló a la ciencia y sus conocimientos en epidemiologia que le permitieron a su administración establecer que la ciudad estaba en medio de una “enfermedad social crónica”. Se evidenció que era necesario un compromiso de largo plazo para abordar una problemática compleja afectada por situaciones de pobreza y falta de oportunidades. Se ordenaron intervenciones múltiples para atacar los factores de riesgo: fortalecimiento de la Policía, fortalecimiento de la justicia, generación de desarrollo económico y despliegue de un amplio programa para contrarrestar los factores de riesgo en el aspecto cultural. Al principio pocos entendieron su concepto, pero a punta de determinación, ejercicio de liderazgo y resultados, demostró que su aproximación fue acertada.

Otro ejemplo puede verse en la Alcaldía de Aníbal Gaviria en Medellín con la estrategia de “puntos calientes”. Un ejercicio estadístico y de georreferenciación permitió identificar los lugares críticos de la ciudad donde ocurrían la mayoría de delitos. Esto llevó a concentrar en esos puntos los esfuerzos de patrullaje, la orientación de recursos tecnológicos y la verificación de un sinnúmero de variables técnicas que lograron reducir considerablemente la criminalidad. El modelo luego fue replicado a mayor escala en la última alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá con su secretario de seguridad, Daniel Mejía.

Un ejercicio diferencial en Bogotá podría incluir elementos sobre los que hay amplio margen de acción bajo el liderazgo de la alcaldesa. Un tema concreto a desarrollar es el de los protocolos de actuación de la fuerza pública ante protestas ciudadanas en donde aún es confuso el rol de los gestores de convivencia, el Esmad y el resto de unidades de policía. En este tema es importante precisar el acompañamiento de otros actores como el Ministerio Público, entre otros. La figura del traslado por protección es otro tema que amerita reglamentarse para su adecuada aplicación. El código de policía ordena a las alcaldías adecuar lugares para llevar a una persona ante algún riesgo o peligro o mientras se adelantan determinados procedimientos. Si hubiera un desarrollo claro sobre este tema quizás Javier Ordóñez no habría terminado en un CAI sino en un lugar donde pudiera tener el acompañamiento psicosocial o legal necesario.

Una buena política de servicio de policía también implica pensar en la capacitación y proyección de la carrera de quien lo presta. Bogotá podría pensar en vincular a la Universidad Distrital, por ejemplo, para brindarle oportunidades de estudio y formación a los miembros de la Policía que tengan un buen desempeño en la ciudad.

La Policía ha demostrado repetidamente su capacidad de adaptación para enfrentar nuevos y difíciles desafíos. Para la implementación del Acuerdo de Paz se creó la Unidad Policial para la Edificación de la Paz – UNIPEP, cuya misión fue brindar seguridad a los excombatientes en el proceso de dejación de armas y reincorporación. Policías de distintas especialidades fueron entrenados, se desarrollaron manuales operacionales especiales y procedimientos de diálogo con la comunidad para brindar entornos de seguridad, proteger a los excombatientes y generar espacios de convivencia en las zonas rurales donde se llevó a cabo esta etapa. Este ejemplo es referente internacional y es una de las capacidades que la Policía colombiana aporta en operaciones de mantenimiento de paz con la ONU en Haití y Guinea Bissau. Sin duda se trata de una experiencia de la cual se podrían extraer elementos y probarlos en ámbitos urbanos.

La Policía es una de las instituciones más queridas y valoradas por los colombianos. Ha sido fundamental para superar cualquier cantidad de situaciones adversas para el país. Está integrada por seres humanos que también cometen errores. Ellos también han sido víctimas del conflicto y de las nuevas formas de violencia y estigmatización. En momentos de crisis, es importante rodear a las instituciones, incluso para repensarlas y fortalecerlas.