Reforma política de fondo

Durante el paro agrario de 2013 se evidenció el surgimiento de colectivos rurales que levantaron su voz pidiendo atención del Estado y auxilio del Gobierno ante la crisis que afectaba al sector por cuenta del incremento en los costos de los insumos, el aumento del contrabando, la caída en los precios de los productos de clima frío, la falta de inversión en bienes públicos y una larga lista de necesidades apremiantes en la ruralidad.

“Dignidad agropecuaria” era como se hacían llamar estos grupos que, en Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Meta, entre otras regiones, demostraron una gran capacidad de movilización que paralizó al país durante varias semanas. En el fondo lo que buscaban con la movilización, además de plantear sus reclamos y exigir soluciones, era demostrar la existencia de un sector de la sociedad rural cansado de la invisibilidad y la falta de acción eficaz del Estado.

Por esa época empezaron también a conocerse otros grupos que desde el Catatumbo, Putumayo, Arauca o Guaviare planteaban una “Mesa de Interlocución y Acuerdo” con el Gobierno. La MIA, por sus siglas, representaba a comunidades campesinas y grupos étnicos con origen distinto al de las “Dignidades” y sus propuestas apuntaban a la sustitución de cultivos ilícitos en modelos de agricultura familiar o de subsistencia en zonas afectadas por el conflicto.

En 2013 fueron las “Dignidades” las que acapararon la atención de la opinión pública, logrando acuerdos importantes con el Gobierno como la compra de la cosecha de papa, la estructuración de un Conpes Agropecuario para Nariño e importantes alivios crediticios para los pequeños productores del sector, entre otros. No fue sino hasta 2014 cuando lo que se conocía como la MIA logró consolidarse como un gran movimiento de convergencia de sectores indígenas, afro y campesinos de las zonas golpeadas por la violencia. La ¨Cumbre Agraria, Étnica, Popular y Campesina" logró establecer una instancia de interlocución formal con el Gobierno (decreto 870 de 2014), plantear una agenda de trabajo a largo plazo y, en últimas, un acuerdo político en defensa de la negociación que se adelantaba entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

Uno de los aprendizajes que dejan estos dos procesos, vigente hoy ante las manifestaciones públicas que estamos viviendo por estos días, es que existen cada vez más sectores de la sociedad que recurren a la movilización y a la protesta, entre otras razones, porque no se sienten representados en las instituciones, partidos o instancias que el sistema político en Colombia ofrece. Claramente se trata de una crisis de la democracia representativa y evidencia la necesidad de revisar nuestro modelo.

Por esa razón preocupa tanto el atraso que señalan las distintas entidades que verifican el cumplimiento del acuerdo de paz con relación a la implementación del componente de participación política. El Congreso no ha aprovechado la oportunidad de avanzar en reformas esenciales para mejorar la democracia como las que propuso una misión de expertos en 2017. Entre otros temas, es urgente retomar el proyecto de las circunscripciones especiales de paz así como avanzar en instrumentos que den garantías de participación política a nuevos movimientos sociales, acceso a medios de comunicación y a información de manera más equitativa y plural.

Son indispensables los cambios en la forma de elección y financiación en corporaciones públicas y cargos ejecutivos. Acierta Juan Fernando Cristo, quien esta semana señaló que uno de los elementos de una verdadera reforma política son las listas cerradas con mecanismo de democracia interna, y ojalá con la creación de los distritos uninominales para la Cámara, que desde hace años impulsa John Sudarsky. Por un lado, la competencia y rivalidad entre candidatos que integran una misma lista con voto preferente, en lugar de cohesionar a la colectividad la divide, incentivando disputas y conflictos al interior de los partidos. De otra parte, los distritos uninominales permitirían una mejor rendición de cuentas del congresista con su circunscripción, pues los ciudadanos sabrán con mayor claridad, independientemente de su voto, quien los representa en la corporación.

Cristo también resalta la financiación estatal de las campañas, lo cual permitiría reducir y equilibrar los gastos de las mismas y facilitar el ejercicio de los controles pertinentes. Esto, además, ayudaría a que el proceso electoral se oriente más al debate de las ideas y propuestas y no pese tanto la chequera de los candidatos.

Este fin de semana Sergio Fajardo acertadamente afirmó que el problema no es el número de congresistas sino la calidad de la política que se hace en Colombia y, además, que tengan representatividad todos los territorios del país.

En relación con lo primero, uno de los factores que aleja al buen talento humano del servicio público es la baja remuneración comparada con el sector privado. Un régimen tan estricto de inhabilidades e incompatibilidades como el que actualmente rige para los servidores públicos debe ir acompañado de un salario que compense de alguna manera el costo de oportunidad que significa para un buen profesional entrar al sector público. Por eso no creo que reducir los salarios de los congresistas sea una medida efectiva contra la corrupción, sino todo lo contrario.

Otro cambio que podría mejorar la calidad de la política sería permitir que los congresistas puedan ejercer posiciones de liderazgo en el Gobierno, cediendo su curul, entretanto, a nuevas figuras en ascenso dentro de su partido. Esto no solo permitiría que las listas al Congreso estén integradas por candidatos de alto perfil, “ministeriables”, sino que también ofrecería mejores posibilidades para un relacionamiento programático y más transparente entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas en el Legislativo.

Tiene razón Fajardo en la importancia de que todos los territorios del país estén representados en el Congreso. Resulta difícil explicarle a la población de la Amazonia o del Chocó que en las discusiones sobre regalías, deforestación u orden público no hay voces que los representen en el Senado de la República, cuando son sus regiones las directamente impactadas por estos asuntos. Vale la pena discutir la circunscripción regional para la cámara alta.

Finalmente, una reforma de fondo también debe reconocer que “la política es dinámica”. Si bien es cierto que es deseable tener partidos fuertes, que representen sectores definidos, también es verdad que se requiere cierta flexibilidad en el sistema que permita el ejercicio de posiciones políticas disidentes y crear nuevas colectividades que reflejen los cambiantes momentos del debate público. Para el grueso de la opinión no es clara la orientación ideológica de los partidos. Mientras tanto vemos parlamentarios de diferentes colectividades conformando una bancada que denominan claramente con una ideología política. Y congresistas que renuncian a su partido por diferencias ideológicas se enfrentan a interminables debates legales sobre tecnicismos de la mecánica electoral.

Las reglas de juego también deben responder a la realpolitik.