Regulación del cannabis de uso adulto: el primer paso de una nueva política de drogas

La lucha contra las drogas, desde su inicio, ha sido una auténtica colección de fracasos. El prohibicionismo empujó al mundo entero a gastar cantidades exorbitantes de recursos para construir la fantasiosa utopía de un mundo sin drogas. En esa cruzada, la vida de miles de personas fue injustamente arrebatada, las cárceles se llenaron de población vulnerable y racializada, y las mafias en todo el planeta jamás pararon de crecer.

El día que mataron a Pablo Escobar, Colombia celebró el fin del narcotráfico. Todavía se anuncia por televisión con alegría un “fuerte golpe” a la banda organizada de turno por haber incautado 100 kilos de cocaína o 200 kilos de marihuana. Sin embargo, al día siguiente de desmantelar una organización de microtráfico ya han nacido otras dos y así la ruleta sigue girando, dejando en cada vuelta más sangre, más corrupción, más víctimas y más dinero público oprobiosamente despilfarrado.

Ante esta realidad incontrovertible, el presidente Petro hace apenas unos días anunció en la Asamblea General de Naciones Unidas un cambio de política de drogas y su intención de liderar el debate global sobre esta materia -las palabras del presidente, hay que decirlo, llegaron varias décadas tarde-. El cambio en la política de drogas es un enorme reto que deberá ser gradual y todo indica que el primer paso debe ser la regulación del cannabis de uso adulto.

Justo en este momento, cursa por el Congreso una modificación a la Constitución que, junto con la firma de otros compañeros, radiqué el pasado 21 de julio y que busca exceptuar al cannabis de la prohibición constitucional de las drogas realizada por el Gobierno de Uribe en 2009. Esta reforma a la Constitución, junto con la ley que la reglamente, creará un mercado legal y regulado del cannabis de uso adulto en nuestro país. Será la cuarta vez que esta iniciativa llega al Congreso, sin embargo, dada la nueva configuración política del legislativo, esta vez tenemos la posibilidad real de sacarla adelante.

Por supuesto que este es un debate muy álgido y hay sectores políticos que se van a oponer con fuerza, yendo en contravía incluso de la jurisprudencia constitucional que reiteradamente ha reconocido que el consumo adulto es una materia en la que el Estado no debe interferir de forma prohibitiva, pues es parte del ejercicio de derechos fundamentales y de decisiones personalísimas de los ciudadanos.

Sin embargo, en esta ocasión, los Ministerios de Justicia y del Interior han manifestado su compromiso con esta iniciativa, así como con los proyectos que proponen una regulación, particularmente aquel presentado por el senador Bolívar. Ambas propuestas son complementarias y necesarias para garantizar un marco regulatorio específico y coherente.

Apoyo que llegó después de que un número importante de congresistas y varios representantes de las empresas del gremio del cannabis medicinal solicitaran al Gobierno avalar estas iniciativas.

En definitiva, esta semana, cuando el proyecto de acto legislativo se debata en la plenaria de la Cámara, el Gobierno tendrá que estrenar sus mayorías para aprobarlo, mayorías que aún no parecieran estar muy consolidadas y que serán fundamentales no solo para sacar adelante esta iniciativa, sino para tramitar los proyectos de iniciativa gubernamental.

La modificación constitucional planteada busca sentar las bases para crear un mercado legal que genere empleo, pague impuestos, brinde garantías de calidad de las sustancias y que pueda en el mediano plazo sustituir al mercado ilegal.

Esta es, además, una oportunidad de oro para empezar a quitarle de verdad la gasolina al conflicto. No es secreto que nuestro país vio correr ríos de sangre por cuenta de la guerra contra las drogas, y que fue justo esa prohibición la que entregó recursos casi ilimitados a quienes hicieron de la muerte y el despojo su empresa. La creación de mercados legales golpea realmente a los que se llenan manos y bolsillos con el tráfico ilegal. Un ejemplo, en Canadá, un año después de la regulación del cannabis, el mercado legal logró quitarle casi la mitad de las ventas a la ilegalidad. Me parece que ya el Gobierno entendió bastante bien que, sin un cambio en la política de drogas, la ‘paz total’ es poco más que un simple relato.

Con el mercado legal van a nacer oportunidades y alternativas económicas para muchos y particularmente para las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. Según el DNP, un eventual mercado legal de Cannabis en Colombia puede estar entre los dos y cuatro bbillones de pesos al año, mercado que además puede ser una fuente de ingresos fiscales muy importante que pueden ayudar a fortalecer el sistema de salud.

Justamente en lo relativo al sistema de salud, hay que decir que somos conscientes de que, aunque el cannabis es una sustancia bastante menos dañina que sustancias legales como el alcohol y el tabaco, no es una sustancia inocua y que su consumo no está libre de riesgos para la salud. Justo por eso no se habla de legalización sino de regulación, lo que supone unas medidas de parte del Estado para desincentivar su consumo, prohibir su venta y expendio a menores de edad y generar protocolos efectivos de atención de los casos de consumo problemático. En definitiva, se propone dejar de afrontar el tema como un asunto de seguridad y empezar a tratarlo como un asunto de salud pública y de allí que con los recursos que se puedan percibir se pretende fortalecer el sistema.

La prohibición de las drogas fue torpe e ingenua; la regulación debe ser prudente y audaz. Este es un debate que requiere mucha honestidad intelectual, la regulación no va a ser una varita mágica que solucione de la noche a la mañana todos los problemas, eso es una fantasía. Lo que sí es claro es que es una mejor alternativa, una mucho más razonable y consciente de la naturaleza compleja de los problemas públicos. Estamos listos para dar el primer paso.