Para nadie es un secreto que, con excepciones puntuales, ser congresista es un negocio en Colombia. Dada la costumbre de vender el voto de nuestros connacionales, lograr la financiación para volverse a elegir es la manera de perpetuarse en una profesión en la que el que se descuida se quema.
Es cierto también que existe un voto de opinión y que, por lo tanto, los congresistas que se dejan tentar por las mieles de la corrupción no pueden permitir que sus votos a las reformas y los proyectos de ley sean transparentes. Muchos de ellos, de cara a la opinión y los medios de comunicación, toman posturas radicales y se manifiestan en contra de las iniciativas nocivas propuestas por el gobierno, para después —a hurtadillas— votar a favor de ellas, lógicamente mediando contratos, puestos o simplemente dinero.
Tres eventos son muy ilustrativos de cómo se materializa la corrupción. El expresidente conservador del Senado, Iván Name, en la votación de la reforma pensional a la cual se opuso ante la opinión pública, cedió la presidencia de la cámara alta en el debate crucial a una supuesta opositora y promotora de la reforma, María Isabel Pizarro. Más tarde se sabría que, presunta y casi que seguramente, recibió por el favor una coima de 3.000 millones de pesos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual más que una unidad de gestión parece solo la protagonista de riesgos y desastres.
El segundo evento ilustrativo, que dice mucho del rol del ministro de Hacienda saliente, Ricardo Bonilla, en este entramado, fue la moción de censura propuesta por el senador Jota Pe Hernández a este último. Apoyado por más de 15 senadores de la oposición para la presentación de la moción, vio cómo al iniciar sus compañeros se retiraron del recinto dejándolo solo. La explicación más plausible a este extraño proceder de la oposición sólo se puede explicar por la capacidad que tiene el Ejecutivo en nombre del ministro de Hacienda de castigar a sus opositores, no asignándoles presupuesto para ellos y, si queda, para sus regiones.
El tercer evento, muy diciente, fue el de las coimas pagadas a múltiples congresistas para la aprobación de los cupos de endeudamiento que necesitaba el Gobierno. La exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, denunció que se habrían asignado contratos por 92.000 millones de pesos a congresistas de todos los partidos con el fin de darle un paso rápido y sin problemas a la aprobación.
En realidad, si existiese la voluntad política, acabar con la corrupción ejecutivo-parlamentaria no debería ser tan complicado. Sólo se deben adaptar los procesos que se siguen en el sector privado para evitar estos robos. Primero se debe hacer obligatorio que toda la contratación estatal, a nivel central y local, se haga pública con antelación a la divulgación de los pliegos para que cualquiera que quiera participar en una licitación lo pueda hacer. Con transparencia, hasta en la contratación urgente como la de la UNGRD, el primer veedor de la idoneidad del gasto público serían los competidores.
Segundo, como en la empresa privada, los requisitos de las invitaciones a cotizar y las licitaciones deberían ser aprobados por entes independientes que den fe de la neutralidad de estos. Esta institución podría ser afiliada a Colombia Compra Eficiente o a la Rama Judicial, y los pliegos que no se encuentren conformes a los principios de Ley 80 deben generar una sanción ejemplar a los responsables de su elaboración. Habría que diseñar los procesos para que esta entidad sea eficiente y no politizada, pero sobre todo que no esté expuesta a conflictos de agencia, es decir, que no responda al Ejecutivo ni al Legislativo.
Tercero y último, la justicia debe actuar eficientemente. No hay derecho que siga en pie la aprobación del cupo de endeudamiento del Estado o reformas untadas por las coimas de la UNGRD como la pensional, a pesar de las atribuciones que tiene la Corte Constitucional de retrasar la entrada en vigor de las leyes mientras realiza su control de constitucionalidad. Los magistrados deberían manifestarse con celeridad en los casos en los que haya serios indicios de que hubo compra de votos de congresistas y la Corte Suprema debería ser también debe ser expedita en tomar medidas contra aquellos que incurren en clientelismo.
Venciendo estos obstáculos, que equivalen a impedir que la clase política siga apropiándose de los recursos de los colombianos, la confrontación entre los diferentes partidos políticos saldría del marco financiero para volver al imperio de las ideas.
