Acabaron con la 'esperanza'

Confusas y poco claras han sido las explicaciones que han dado el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el fiscal encargado Fabio Espitia en torno a las denuncias hechas por dos exfuncionarios de la Fiscalía, detenidos en La Picota, que revelé esta semana junto con Daniel Coronell.

Estos dos exfuncionarios son Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez. Según su denuncia, ellos habrían llevado a cabo interceptaciones ilegales desde las salas de la plataforma Esperanza con “el pleno respaldo y conocimiento del fiscal general”, en ese momento Martínez Neira.

Él ha negado todo lo dicho por estos dos exfuncionarios y ha afirmado que se trata de una conjura orquestada en su contra por una mano invisible que solo él parece saber quién es. Según NHM, los denunciantes quieren vengarse porque él mismo los metió presos y porque fue implacable contra los corruptos. Ni una palabra sobre la denuncia de que se estuvieran interceptando de manera ilegal a abogados relacionados con casos de corrupción en los que él tenía conflictos de interés como el de Odebrecht-Aval y Mattos-Hyundai.

El fiscal Espitia ha sido aún más difuso. Cuando le preguntaron sobre las revelaciones hechas por los columnistas de SEMANA, respondió que el tema de las chuzadas ilegales estaba “muy claro”. Y para que no hubiera dudas, reveló que solo habían encontrado una interceptación a Álvaro Leyva y otra a Piedad Córdoba.  

Lo que dice el fiscal Espitia es difícil de creer. Tal es la opacidad con que están manejando las salas de la plataforma Esperanza en la Fiscalía que todo está diseñado para que no haya rastros de las interceptaciones ilegales. Por lo que he investigado, el modus operandi es tan clandestino como opaco: los números que se van a interceptar se meten en procesos legales que no tienen ninguna relación con el blanco; las órdenes para interceptar esos teléfonos son dadas por los fiscales de manera verbal para no dejar trazos, y cuando sí las hay, los fiscales las pueden justificar con fuentes anónimas o con informes de policía judicial que no están debidamente fundamentados.

En otras palabras, técnicamente las chuzadas ilegales son muy difíciles de detectar y, por eso, la única forma que hay para probar su existencia es a través de testimonios como el de estos dos exfuncionarios de la Fiscalía que han decidido contar cómo opera el andamiaje a través del cual se han interceptado a miles de blancos.

Sorprende eso sí que el fiscal Espitia haya podido dar nombres de posibles interceptados cuando ni en la Fiscalía de Martínez Neira ni en lo que lleva de la suya han podido prosperar las investigaciones sobre chuzadas ilegales hechas desde mediados de 2000. Me refiero a las de la sala Gris y Andrómeda, denunciadas por SEMANA en su momento.

Desde el escándalo de las chuzadas del DAS, las salas de la plataforma Esperanza, creada a mediados de los noventa para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo, se están usando para interceptar ilegalmente a blancos que no tienen nada que ver ni con lo uno ni con lo otro. En la administración de Néstor Humberto Martínez, esta práctica corrupta se intensificó a tal extremo que los británicos y norteamericanos que financian el mantenimiento de la plataforma Esperanza, preocupados con tantos escándalos, decidieron pedirle una auditoría interna que hoy es presentada por el fiscal encargado como si hubiera sido impulsada por Néstor Humberto. Se les olvida a él y al exfiscal NHM que la auditora que realizó el estudio fue víctima de un atentado, luego de que encontró una serie de irregularidades que fueron denunciadas por la revista SEMANA, entre las cuales estaba la famosa sala Fantasma de la que Néstor Humberto Martínez nos debe todavía una explicación.

Queda clara la opacidad con que se está utilizando la plataforma Esperanza. ¿Qué dirán los norteamericanos y los británicos al saber que sus dineros se están utilizando para interceptar ilegalmente a abogados vinculados a escándalos como el de Odebrecht y Mattos? ¿Qué tiene que ver el presidente del tribunal arbitral que dirimió el pleito entre Odebrecht-Aval y el Estado con la seguridad nacional? ¿Con el narcotráfico? Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, dice que a él lo interceptaron con una orden falsa de la DEA. ¿Habrá alguien que le responda?   

Que sepan los colombianos: tal como estamos, si un periodista crítico, si un magistrado o un político de oposición pregunta en la Fiscalía si su teléfono está interceptado, la respuesta va a ser siempre que no lo está. Y la razón es obvia: las interceptaciones ilegales están hechas para que nunca sean reveladas. Acabaron con la plataforma Esperanza.

Acabaron con la ‘esperanza’.