OPINIÓN
Los retos de la Misión Especial Electoral
La reforma electoral y el tema de tierras serán los dos indicadores que servirán para medir que tanto quieren las élites que Colombia avance.
En la mañana del 17 de Enero, en desarrollo del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC fue instalada en la Casa de Nariño la Misión Especial Electoral (MEE), la cual buscará hacer más transparente el sistema electoral y mejorar la Calidad de la Democracia.
La tarea no es fácil, no es un secreto que uno de los capítulos más oscuros de la democracia reposa en las reglas de juego que configuran el sistema electoral. Los órganos de control son obsoletos y politizados, los partidos políticos funcionan más como empresas de avales que como organizaciones con agendas programáticas comunes, la financiación de las campañas es la ventana perfecta para que organizaciones ilegales y contratistas filtren dineros y generen grandes desequilibrios en la balanza electoral y la persecución y eliminación sistemática de la oposición ha limitado todos los espacios de participación política (en lo corrido del 2016 la Fundación Paz & Reconciliación identificó 93 homicidios a líderes sociales y políticos).
Todos estos elementos han permitido que la democracia más estable de América Latina sea sólo un mal chiste de la realidad política que ha vivido el país.
La MEE será liderada por la Misión de Observación Electoral en cabeza de Alejandra Barrios. Los demás expertos son Elizabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia; Alberto Yepes, consejero de Estado; Jorge Enrique Guzmán, director del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana; Juan Carlos Rodríguez-Raga, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y Salvador Romero, quien ha hecho parte de misiones electorales para la OEA. Todos ellos excelentes representantes de la trasparencia y el profesionalismo que merece una misión de este nivel.
El 15 de diciembre del año pasado, el Centro Democrático consiguió mayorías en alianza con el Partido Conservador y Cambio Radical para que en el Congreso fuera rechazada la licencia que Armando Novoa, solicitó para poder participar de Misión Especial Electoral.
Este primer tropiezo desde el Congreso deja en evidencia muchos de los intereses de los partidos en sabotear las posibles reformas. En su momento, José Obdulio Gaviria, senador uribista, aseguró que “Seguramente los congresista lo conocen bien, su simpatía con las FARC” y que por tal motivo era necesario que fuera excluido de la lista de expertos que previamente habían seleccionado de manera independiente el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Seguramente, lo que conoce muy bien el Senador Gaviria, es la postura crítica que ha mantenido el Magistrado Novoa en el interior del Consejo Nacional Electoral, el cual en repetidas ocasiones ha llamado la atención sobre la necesidad de reformar el órgano electoral, y de la limitación de las funciones de estas instituciones por la intromisión de los partidos políticos.
Y es aquí donde se debe dar el mayor respaldo a la Misión, dentro de los cambios se realizaron al acuerdo una vez se perdió el plebiscito, se acordó que para los temas relacionados con la reforma al régimen y de la organización electoral, la misión se le reduciría de 6 a 4 meses su tiempo de trabajo y que este a su vez se adelantará con “un amplio y efectivo proceso de participación de todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas” confiamos profundamente en la calidad técnica e independencia de la misión, pero a su vez, nos preocupa que la participación de los partidos y movimientos limite el alcance de las reformas que son necesarias para hacer más transparente el sistema electoral y mejorar la Calidad de la Democracia, finalmente han sido los partidos políticos los que se han beneficiado del perversos sistema político que tenemos.
La reforma electoral y el tema de tierras serán los dos indicadores que servirán para medir que tanto quieren las élites que Colombia avance. El proceso de paz con las FARC, no es para las FARC, es para lograr un mejor país. Pero las viejas élites que siempre han gobernado este país se van a oponer a reformar un sistema corrupto que no hace más que beneficiarlos y les permite perpetuarse en el poder. Será la ciudadanía la que decida sí vale la pena apoyar, a fondo, la construcción de un mejor país o quedarnos en medio de este contexto de hampa y corrupción.
Lo que esta subrayado fue lo que se incluyó en el nuevo acuerdo. Cómo se ve, los del No, entre ellos el Uribismo, lo que quería era preservar el viejo sistema político corrupto e impedir que Colombia mejore. Todo ese anhelo de seguir rodeados de bandidos lo camuflan en discursos contra las FARC o en temas de género. Pero las pruebas hablan por sí solas. El uribismo no peleaba contras las FARC peleaba contra la democratización del país. Pero tengo la esperanza que la MEE, por el perfil de la personas que la componen, logren un verdadero milagro.