Opinión
Salarios, inflación y devaluación
Cuando se incrementa el mínimo, se debe evitar que en paralelo se estén promoviendo subidas de precios que afectan la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones.
El reciente incremento del salario mínimo por el Gobierno nacional en Colombia nos lleva a reflexionar de manera tranquila y positiva sobre él, pero también sobre la perspectiva de la inflación y devaluación en el próximo futuro, porque ambas, inflación y devaluación, están estrechamente relacionadas con la capacidad adquisitiva, tanto de los salarios como de las pensiones.
A partir de mi propia experiencia como sindicalista en los años setenta y ochenta, y como ministro del Trabajo de julio del 2000 al 7 de agosto del 2002, considero que en Colombia —como ya sucede en varios países del mundo— se debería estudiar de parte de empresarios, trabajadores y gobiernos, con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la posibilidad de nuevas modalidades de alzas en el salario mínimo, como incrementarlo dos veces en el año, si la inflación y devaluación causada así lo ameritan.
Cuando se incrementan los salarios, entre ellos el mínimo, un tema que se debe evitar es que, paralelo a los incrementos salariales y pensionales, tanto el Gobierno nacional como los empresarios estén autorizando y promoviendo subidas de precios en diferentes productos que afectan la calidad de vida de la población y que, finalmente, como lo estamos viviendo en los actuales momentos con las diversas alzas, en los peajes, multas y gastos notariales, entre muchos otros, terminen afectando la capacidad adquisitiva de los salarios y las pensiones.
Como de lo que se trata no es cambiar incremento de salarios por nuevas alzas en los precios y menos por despido de trabajadores, conviene procurar en esos diálogos y acuerdos tripartitos, a iniciativa del Gobierno nacional, que se tenga en cuenta la figura de salarios urbanos y rurales, además de los conocimientos técnicos y profesionales de los trabajadores, lo mismo que la capacidad económica de pequeños empresarios como tenderos o personas asalariadas, para pagar a sus trabajadores los reajustes salariales que se aprueben, incluidas sus prestaciones sociales.
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Como el desarrollo de una justa y objetiva política en materia salarial y pensional está muy ligado a políticas públicas y empresariales de crecimiento económico, empleo, seguridad social integral y del propio sindicalismo, es conveniente en esos diálogos tripartitos explorar también diversas iniciativas que, desde el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, se pueden implementar en favor de los ingresos reales de los trabajadores y sus familias, y que mucho pueden ayudar al ingreso de las familias trabajadoras y empresariales en nuestro país. Esa es la riqueza del diálogo social y del desarrollo de la figura en el Estado “de que todos ponen para que todos ganemos”.
En ese mismo camino, desde el Gobierno nacional, con la colaboración de otras instituciones del Estado y de los empresarios, se deben estudiar mecanismos reales y poco ortodoxos, a fin de controlar la exagerada devaluación del peso colombiano, cuya consecuencia directa es que los salarios y las pensiones de los colombianos cada día valen menos. Lo mismo pasa con las propiedades, entre ellas la vivienda y las empresas colombianas.
A manera de reflexión, anoto que “si sabemos unirnos en la diferencia”, podemos lograr que, en materia económica, social y cambiaria, Colombia se atreva a romper el esquema de seguir comportándose como “caballo” y, por el contrario, tenga el coraje, por su sabiduría, riqueza humana y material, de actuar como el “jinete” de ese caballo. No olvidemos que, si los países desarrollados lo han logrado, nosotros, con definidos nortes éticos, también lo podemos lograr.
Al retomar la responsabilidad semanal de sostener la presente columna, siempre con la colaboración respetuosa de la revista Semana, deseo a todos los lectores muchos éxitos en el año 2025.