De ineptos y de ladrones

Es un caso patético. Todo paralizado por falta de una ducha y un lavamanos. Ni siquiera eso tenía, en condiciones adecuadas, el Laboratorio de Salud Pública de Leticia. Un mes completo demoraron en terminarlos, junto a otras obras menores como dividir las áreas con separadores. No pareció preocuparle a la gobernación la urgencia de acabarlo pese a ser la capital del Amazonas uno de los focos más activos de covid-19.

También carecían de un termociclador, aparato básico en ese tipo de centros de investigación para el diagnóstico molecular. Ahora se lo ha donado, en comodato, el Instituto Sinchi de estudios amazónicos. Por no tener, faltaban hasta hisopos y etanol.

Así de mugrienta se encuentra la salud pública en buena parte de este país, devorada por una corrupción y desidia insaciables. El ejemplo de Leticia se replica en más de la mitad de los departamentos. No hay derecho a que la mayoría de los 4,35 billones de pesos de las regalías que el Gobierno anterior supuestamente destinó a ciencia y tecnología, no lograran fortalecer la red de laboratorios, que son una vergüenza, salvo contadas excepciones.

¿Para qué molestarse en gastar la plata en algo que sirviera a la ciudadanía si ese no era el objetivo de Santos? Primero tenía que reelegirse y ya sabemos que amasar voluntades nunca sale gratis. Luego quiso sacar el proceso de paz como fuera. Y dejar la calderilla para la ciencia.

En Córdoba, Magdalena y Sucre, por ejemplo, gastaron 131.000 millones en proyectos tipo: “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la investigación como estrategia pedagógica, apoyada en las TIC”. O el que perseguía mejorar “el espíritu científico, crítico y emprendedor en los niños, niñas y jóvenes en la escuela y en las diferentes instancias de socialización”.

A los desmemoriados santistas les enerva que les recuerden que no fueron millones, sino billones los que emplearon, sin pudor alguno, en engrasar las maquinarias electoreras. “La manera como se están manejando esos recursos realmente no da pie para que haya grandes avances en ciencia y tecnología”, decía en su momento, al diario Nuevo Siglo, una reconocida investigadora.  

Pese a todo, el gigantesco derroche y saqueo no penalizó al Gobierno de la burbuja palaciega en aquellos años en que todo valía.

Lógico, por tanto, que en cuanto irrumpió con fuerza la pandemia y hubo que analizar miles de pruebas, el Instituto Nacional de Salud tuvo que emprender una admirable carrera para rescatar la desastrosa red pública nacional y avalar laboratorios para esa misma tarea. Al menos ya cuentan con nueve de ellos, además de los centros privados y las universidades, que han jugado un papel extraordinario en la presente crisis sanitaria. Entre todos, suman 64.

Lo que no hizo el Gobierno Santos en ocho años, lo realizó el INS, bajo la presidencia de Duque, en apenas dos meses. Y no eran solo departamentos apartados los que funcionaban pésimo. Caldas, Santander y Magdalena no tenían capacidad para caminar solos y debieron acordar con sus universidades acuerdos para trabajar el covid-19.

Pero ahí no acaba todo. Varias regiones que deben mandar las pruebas para el análisis a Bogotá no se molestan siquiera en organizar y contratar los vuelos que las transporten. Ni siempre garantizan que vayan bien refrigeradas o las envían mal embaladas, sin fichas de identificación o etiquetadas de manera ilegible. Y qué decir cuando quienes reciben los resultados en las provincias, en lugar de estar pendientes, pueden tardar un día o dos en revisar el programa a donde se los mandan.

Es comprensible que Amazonas o Chocó, por citar solo dos, protesten por el ancestral abandono de los gobiernos centrales, y muchos los apoyamos. Pero también deben poner de su parte. Si Sinchi prescindió de su termociclador y la Fuerza Aérea lo transportó hasta Leticia, lo mínimo sería concluir las reparaciones del laboratorio en una semana. Y deberían elegir bien a sus mandatarios para que no roben los recursos año tras año.

Tampoco todas las gobernaciones se están movilizando para comprar reactivos y son los secretarios de Salud quienes deben asegurar la respuesta diagnóstica en cada una de sus regiones.

El coronavirus ha desnudado la cruda realidad del sistema de salud y no vale la eterna cantaleta de que es un país pobre. Plata es lo que Santos y los gobernadores han tenido. Otra cosa es el destino que dieron a los recursos.

NOTA DE RECTIFICACIÓN: Mis sinceras disculpas a la fiscal Claudia Carrasquilla y a los lectores. Fue la fiscal Ana María Mesa la encargada del caso del secuestrado en Medellín, una vez ascendieron a Carrasquilla y se radicó en Bogotá. Perdón por el error en la columna ‘Otro montaje y una infamia más’ (22/2/2020).