Santa Marta tiene tren, ¿pero tiene alcaldesa?

A Virna Lizi Johnson Salcedo posiblemente la llamaron así por la actriz italiana Virna Lisi, pero eso no viene al caso. Ella es la alcaldesa, no de Santa Marta, sino del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Yo diría del Distrito Ilegal, Abusivo y Vergonzoso de Santa Marta. Paso a exponer la situación aberrante, inaudita y escandalosa ocurrida en su mandato. El joven Edson Aldair Andrades Cantillo, que hoy tiene 24 años, sufrió un gravísimo accidente de tránsito el domingo 7 de febrero de 2021, al chocarse con un andén, tan grave que hoy, después de 18 meses, solo puede andar con caminador y siempre y cuando alguien esté a su lado. No puede salir a la calle solo.

En el momento del accidente le diagnosticaron edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea, fractura al parecer de T8 en canal medular, neumotórax derecho grado II, contusiones pulmonares bilaterales, hemotórax izquierdo grado II, neumotórax izquierdo grado I, fracturas costales izquierdas múltiples posteriores, hematoma pélvico, fractura de techo de órbita lado derecho y fractura conminuta desplazada de columna torácica nivel T12. Andrades iba en una moto Suzuki propiedad de la Secretaría de Tránsito Municipal, que obviamente no se llama así, sino Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, baladronada típica del tropicalismo latinoamericano. Desde diciembre de 2019 le asignaron esa moto a Andrades, que además vestía el uniforme de la SDMMYSDDTCEH de Santa Marta.

Como otros jóvenes, Andrades ejercía como auxiliar de tránsito bajo las órdenes del agente Jesús Curiel, pero no tenía ninguna vinculación formal con la SDMMYSDDTCEH. Nunca fue nombrado, ni se le hizo un contrato de prestación de servicios. Curiel le pagaba el almuerzo y le daba 20.000 o 50.000 pesos semanales. Andrades hizo un curso de practicante durante 2019 en la SDMMYSDDTCEH. Esas prácticas fueron supervisadas por el agente de tránsito Aldemar Martínez, director del IEESIDTTSYPV o Instituto Educativo en Servicios Integrales de Tránsito, Transporte, Seguridad y Prevención Vial. En diciembre de 2019, el entonces secretario de Tránsito Juan Carlos de León les ofreció a Andrades y a otros compañeros de prácticas que se quedaran trabajando en la SDMMYSDDTCEH y les prometió que la vinculación se haría pronto. Trabajarían como reguladores de tránsito.

Por lo visto, en Santa Marta se le cambia el nombre a todo; pero eso sí, se viola la ley de manera flagrante. Pasó más de un año y Andrades trabajó todo el tiempo, pero no hubo contrato. Él hacía croquis y comparendos, pero no los firmaba. Andrades paraba conductores para pedirles la licencia de conducción, pero EMNTLDC, ¡él mismo no tenía licencia de conducción! Andrades se había afiliado a la EPS Sanitas, porque le habían dicho en la secretaría que debía hacerlo, pero no había pagado. Su papá, cuando ocurrió el accidente, pagó las cuotas y ha seguido haciéndolo con sus ingresos de operario de redes de una empresa de televisión por cable. Gracias a ese apoyo, Andrades ha tenido atención médica, pero su capacidad laboral en el futuro se sabe ya que está muy limitada. Virna Johnson, como alcaldesa, es responsable por acción o por omisión de este abuso múltiple en las dependencias de tránsito.

Los secretarios del despacho son nombrados por ella. Es inconcebible que particulares ejerzan funciones públicas sin nombramiento o sin contrato. Es particularmente irritante que la alcaldesa haya tolerado, sin saberlo o sabiéndolo, que una entidad oficial se aproveche de la necesidad de trabajar de un joven de familia muy pobre para cometer contra él y contra sus compañeros un atropello. Es inexcusable que la Alcaldía de Santa Marta, que debería dar ejemplo de acatamiento a las normas legales en materia laboral, incumpla esas disposiciones y se burle de personas que quieren trabajar.

En este momento, la señora Virna Johnson debería, sin que sea necesario presentar una reclamación o interponer una demanda, pagar a Edson Andrades lo que no se le pagó a tiempo, hacerse cargo de la indemnización y de la pensión de invalidez, y cumplir todas las normas legales que no se cumplieron en su oportunidad. Los funcionarios públicos deben salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la lealtad, la igualdad, la imparcialidad, la celeridad, la publicidad, la economía, la neutralidad, la eficacia y la eficiencia. Lo dispone así el Código General Disciplinario. Además, la señora Johnson debería explicar, si no estaba enterada de estos abusos, por qué no estaba enterada.