¿Se resolvió el enigma del “poder constituyente”?

Hace ya varias semanas el presidente Gustavo Petro comenzó a repetir un término: poder constituyente. En entrevistas, en su cuenta de X, en sus correrías por el territorio nacional, el presidente Petro empezó a hablar de un poder constituyente que estaba por encima de todo. Una voluntad superior que está por encima del querer del presidente y que determina el rumbo de una nación.

Un concepto tan determinante generó de inmediato la especulación de a qué se refería el presidente cuando invocaba a ese “poder constituyente”. ¿Se refería Petro a convocar una asamblea nacional constituyente?

Varias veces, en distintos espacios, se le preguntó al presidente si su constante llamado al “poder constituyente” era una referencia a cambiar la Constitución. En entrevista con el portal Cambio, Petro negó que tuviera intenciones de convocar una constituyente y respondió que a lo que se refería era al poder constituyente: “Lo que he dicho es qué significa que el pueblo se declare en poder constituyente. Esa es una actitud de la población, no un medio. La Constitución dice que el poder emana del pueblo. Hoy se extrañan de que un presidente convoque el poder constituyente, de que le diga al pueblo que decida, que adquiera las formas organizativas, la decisión y la voluntad para expresarse. Eso es democracia. Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia”. Nadie entendió.

Mientras Petro insistía en que él no quería ni convocar una constituyente ni reelegirse y recomendaba libros de teoría constitucional para que todos entendieran a qué se refería con su poder constituyente, el excanciller Álvaro Leyva sorprendió con una teoría traída de los cabellos.

Según Leyva, en el acuerdo de paz que se firmó con las extintas Farc hay un compromiso del país de citar a una asamblea nacional constituyente. Y como Colombia no lo ha hecho, ha incumplido el acuerdo de paz con la Farc.

El excanciller llega a esta conclusión interpretando uno de los párrafos de la introducción del acuerdo de paz, en el que se habla de la necesidad de un “acuerdo político nacional”. Entonces, Leyva concluye que esto solo se consigue mediante una asamblea nacional constituyente. Y así, es obligación convocarla.

Pero ni el expresidente Juan Manuel Santos, ni el jefe del equipo negociador con las Farc, Humberto de la Calle, ni ninguna de las personas que formaron parte de este proceso de negociación dicen que una interpretación así tiene cabida. A pesar de la absurda teoría de Leyva, apareció quien la apoye. El exfiscal Eduardo Montealegre aseguró en rueda de prensa que la Convención de Viena obliga a ajustar la normativa de Colombia para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz y eso solo se consigue mediante una constituyente. Con fundamento en esta idea de Leyva y Montealegre, se dijo que ahora el Gobierno iba a llevar al Consejo de Seguridad de la ONU su propuesta.

De nuevo, el presidente respondió a los rumores con otro enigmático trino. “Dejen de decir mentiras. Yo no voy a pedirle al Consejo de Seguridad que avale una constituyente colombiana. El poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano, de nadie más. Vuelvan a sus estudios de colegio: la soberanía popular es la base de la soberanía de la nación”.

Pero la respuesta de a qué se refería el presidente Petro con su mentado poder constituyente parece haber sido dada el pasado jueves, cuando el Gobierno finalmente hizo efectiva su voluntad de nombrar como rector de la Universidad Nacional a Leopoldo Múnera. A pesar de que los miembros del Consejo Superior Universitario eligieron a Ismael Peña como rector de la Nacional, el presidente desconoció esta elección, pues quería que las riendas del claustro académico estuvieran en manos de Múnera, muy cercano a sus afectos. Tras varias maniobras jurídicas, el Gobierno logró que el Consejo Superior citara a una reunión extraordinaria, en la que salió elegido Leopoldo Múnera. Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero, consejeros de la universidad, abandonaron la sesión por considerar que era abiertamente ilegal y el presidente estaba violando la autonomía universitaria.

Ya ungido como nuevo rector de la Nacional, Leopoldo Múnera, rodeado de los estudiantes, anunció que tenían que buscar cómo iniciar un proceso de normalización académica, “pero también cómo echamos a andar el proceso constituyente propio de la Universidad Nacional”. Y concluyó: “El proceso constituyente no para”.

¿Y si ese proceso constituyente resulta en un movimiento estudiantil que quiera replicar lo ocurrido con la séptima papeleta, que dio origen a la Constitución de 1991?

“Lo que se quiere hacer con la nueva designación del rector es una instrumentalización de la Universidad Nacional”, afirma el consejero Torres, quien dice que no tiene duda de que el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector tiene la clara intención de gestar un movimiento constituyente en la Universidad Nacional. “A mí no me cabe la menor duda de que la universidad se va a convertir en la punta de lanza para nombrar estos intereses políticos”. Y cuenta que durante el proceso de entrevistas, los representantes del Gobierno le preguntaron a Múnera si apoyaría una constituyente.

Y si son los estudiantes los que piden entonces a gritos que se cambie la Constitución, ¿sería, según el presidente Petro, el “poder constituyente” el que lo está pidiendo? Y ahí el presidente, de acuerdo con su visión, sumiso ante el mandato de este poder constituyente, que es la voz de su nación, no tendría más remedio que obedecer y hacer realidad el deseo “del pueblo”.

¿Será que toda esta bulla, este lío con el nombramiento del rector de la Nacional, no tiene más objetivo que llevar a que se geste un movimiento estudiantil que pida un cambio de Constitución?

Parece que por fin entendimos por dónde va a hacer estallar este Gobierno su obsesiva idea de que el país se ponga en modo “poder constituyente”.