OPINIÓN ON-LINE
¿Beneficios de la cárcel?
Una objeción taquillera al proceso de paz es que algunos guerrilleros no pagarán cárcel. Pero no podemos olvidar que los beneficios de la cárcel son dudosos.
La ausencia de pena de cárcel para los miembros de las FARC es uno de los principales argumentos de los opositores al proceso de paz. Sin embargo, la ausencia de cárcel no es del todo cierta porque los excombatientes que desde el principio no digan la verdad o no reconozcan responsabilidad pagarán pena de cárcel. Y solo quienes desde el principio digan la verdad y reconozcan responsabilidad no pagarán cárcel, aunque sí sufrirán una restricción efectiva de la libertad.
A pesar de que suena injusto que guerrilleros que han cometido atrocidades no sean eventualmente confinados en cárceles, no podemos olvidar que estamos en una transición hacia la paz con un grupo guerrillero que no ha sido vencido en 50 años de guerra. De allí la especificidad de la justicia transicional que persigue, ante todo, la finalización de una guerra y la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Por eso lo ideal es lograr desde el primer momento conocer toda la verdad y resarcir a las víctimas a cambio de otro tipo de castigo menos severo pero más útil. Pero, insisto, si la verdad y el resarcimiento no llegan a tiempo o nunca llegan, habrá cárcel para los responsables. De esta forma se genera un buen incentivo para que los guerrilleros digan la verdad y reconozcan responsabilidad oportunamente.
En esos casos en los que haya verdad y reconocimiento de responsabilidad desde un principio, el costo de renunciar a la cárcel y sustituirla por penas integradoras y reparadoras -como la obligación de desempeñar tareas productivas para la sociedad, ayudando en la construcción de carreteras o en labores de desminado- se justifica en la medida en que se logran garantizar los derechos de las víctimas y la terminación de una guerra. Asimismo, la renuncia a la pena de cárcel a cambio del logro de estos propósitos no implica un costo social inmenso, pues la pena de cárcel en la actualidad no siempre cumple con una finalidad socialmente relevante y sus beneficios no son evidentes.
A juzgar por los datos que reporta el INPEC sobre tasas de reincidencia, no es muy claro que la cárcel en Colombia resocialice. Si la cárcel verdaderamente sirviera para que las personas que salen de allí se reintegren socialmente, el 18% de quienes hoy están en prisión no serían reincidentes. La tendencia de este dato, que se repite en casi todos los sistemas carcelarios del mundo, parece confirmar la creencia de que la cárcel es la universidad del crimen. Si esto es así, ¿para qué meter en la cárcel a los excombatientes de la guerrilla que digan la verdad y acepten responsabilidad desde un principio?
Aparte de la resocialización, otro fin de la cárcel es demostrarle a la sociedad que el Estado es eficaz en combatir el crimen, lo que generaría un efecto sicológico en las personas que las disuadiría de delinquir. Si fuera cierto que encarcelar gente les enseñara a otros que “el crimen no paga”, entonces la población carcelaria no estuviera aumentando año tras año. A pesar de que pueden existir varias causas que expliquen que la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes haya ascendido de 127 en el 2002 a 242 en junio de 2016, es difícil desechar la falta de disuasión como una causa.
Si a lo anterior se agrega que el costo promedio anual de mantener a una persona encarcelada es de casi 15 millones de pesos, uno se pregunta si la cárcel es realmente tan importante para quienes digan la verdad desde un inicio y realicen tareas útiles para la sociedad. Mejor sería destinar esos recursos a la reparación de víctimas y no incrementar la actual crisis carcelaria producto del hacinamiento.
Finalmente, si en la justicia transicional funcionan las sanciones restaurativas, deberíamos pensar en ampliar su uso en la justicia ordinaria para que la cárcel sea cada vez menos necesaria para algunos delitos, al menos hasta que muestre sus beneficios.
* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)